Analistas y políticos de la oposición cuestionan el plan oficialista porque perjudicará la gestión gubernamental y denuncian que se estaría estafando al Estado.
El presidente Evo Morales, anticipando la campaña electoral, ha intensificado sus visitas a diferentes regiones del país. Ayer con el prefecto de La Paz Pablo Ramos, participaron del aniversario de la provincia Gualberto Villarroel.
La Prensa
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La campaña oficialista se iniciará a principios de agosto, cuatro meses antes de las elecciones. Los aportes se hacen mediante descuentos a los haberes o a través de la “cuota en horas”.
Los ministros serán los jefes de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la reelección presidencial de Evo Morales. Dos analistas opinan que el plan oficialista perjudicará la gestión gubernamental, mientras que parlamentarios de la oposición critican la medida e incluso denuncian que se estaría estafando al Estado.
Dos parlamentarios oficialistas dieron a conocer detalles de esa estrategia, que fue confirmada por el vicepresidente del MAS, Sergio Loaiza.
El plan definido por el oficialismo consiste en distribuir a los titulares de las carteras de Estado en los nueve departamentos del país, como ya se hizo en los anteriores actos proselitistas, como la elección de constituyentes y los referendos revocatorio y constituyente.
La modalidad de la campaña fue definida en el ampliado más reciente dirigido por Evo Morales, el viernes 12 de junio en Cochabamba, que contó con participación de delegados de los movimientos sociales.
Los coordinadores en La Paz son los titulares de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, y de Gobierno, Alfredo Rada. Carlos Romero, de Autonomías, y Ramiro Tapia, de Salud, actuarán en Santa Cruz.
Juan Ramón Quintana, de la Presidencia, tiene a su cargo las actividades proselitistas en Pando, como sucedió desde el inicio mismo de la gestión.
La captación de acólitos y votos en Beni está a cargo de Nardi Suxo, de Transparencia Institucional, y de Patricia Ballivián, de Desarrollo Productivo.
Óscar Coca, de Hidrocarburos y Energía, es el operador político en Cochabamba.
Luis Alberto Echazú, de Minería, y Noel Aguirre, de Planificación del Desarrollo, harán esas labores en Oruro.
Calixto Chipana, de Trabajo, tiene a su cargo la campaña en el departamento de Potosí, tarea que hasta enero de este año la desempeñaba Santos Ramírez, actualmente recluido en el panóptico de San Pedro, acusado de corrupción.
Luis Alberto Arce, de Economía y Finanzas Públicas, y Julia Ramos, de Desarrollo Rural, efectuarán las labores preelectorales en Tarija. Ambas autoridades contarán con el apoyo del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.
La campaña en Chuquisaca estará bajo la responsabilidad del ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo.
El titular de Culturas, Pablo Groux, no será responsable de la campaña en ningún departamento, pero deberá prestar su colaboración en el país.
Los movimientos sociales ya diseñaron un cronograma de actividades para promover la figura de Morales y al Gobierno. Se prevé que las autoridades del Ejecutivo inicien sus labores a principios de agosto, cuatro meses antes de las elecciones generales del 6 de diciembre.
Un ampliado nacional programado para finales de este mes marcará el punto de partida de estas tareas.
Sin embargo, Loaiza informó que los movimientos sociales manejan su propio cronograma de actividades. “La socialización de los logros del Gobierno es nuestra campaña, a través de concentraciones y ampliados”.
Los ministros, en cambio, coordinan tareas con las direcciones departamentales del MAS para organizar marchas y concentraciones, pegar afiches y distribuir panfletos.
Las críticas
El analista económico Bernard Inch cuestionó la participación de los ministros y dijo que ocasionará que la gestión administrativa del Estado se descuide. Indicó que es un error que traerá graves consecuencias.
“El Estado va a cumplir el rol de un partido político. Vamos a tener problemas a todo nivel. Las obras, la ejecución y rendición de cuentas se van a retrasar. Programas, incluso internacionales, van a ser descuidados”.
El sociólogo José Mirtenbaum advirtió que en la actualidad ya existen asuntos que son descuidados por el Ejecutivo, como la política del gas y los mercados internacionales. “Esto va a ocasionar que se descuiden más esos temas urgentes”.
El diputado de Unidad Nacional Arturo Murillo indicó que la participación de autoridades en la campaña es un delito de defraudación fiscal, pues se trata de autoridades pagadas por el Estado. La diputada Lourdes Millares (Podemos) señaló que el MAS pone en práctica las estrategias de los partidos tradicionales y utiliza el aparato estatal con fines electorales.
Funcionarios públicos
Los funcionarios públicos también están obligados a participar en las concentraciones y en actos públicos del Gobierno, según consultas de La Prensa, aunque en reiteradas ocasiones el Ejecutivo y parlamentarios negaron ese extremo. Sin embargo, empleados de entidades del Estado denunciaron que son obligados a acudir a esas convocatorias. Un funcionario del Ministerio de Gobierno refirió que los cierres de campaña y las tomas de plazas en las semanas previas a los referendos fueron planificados y ejecutados por empleados públicos y la Dirección Departamental del MAS.
“Coordinamos los cierres de campaña de El Alto con la Dirección Departamental del partido y ese día todos subimos allá”.
Al respecto, el presidente del MAS en La Paz, Samuel Guarayo, indicó que varias organizaciones colaboran en las actividades, así como los ministros Rada y Choquehuanca. Admitió que personal de esos ministerios acompaña las marchas y otras actividades de orden político. Una consultora del Ministerio de Planificación del Desarrollo reveló que para el más reciente referéndum no hubo necesidad de aportes económicos, aunque sí se entregan cuotas.
La funcionaria explicó que en las oficinas de Planificación se pintaron carteles y se redactó el contenido de la panfletería destinada a la pasada consulta constituyente y dirimente.
Entretanto, una de las operadoras de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) indicó que la inasistencia a las marchas se puede sancionar con hasta un día de haber y que los aportes comenzarán en agosto. El día en que pagaron el bono al funcionario público, la inasistencia costó tres días de haber.
“Cada ministerio y repartición tiene formas distintas de cobro. En la UDAPE es por listas y hay menos control, pero sabemos que en Economía y Finanzas Públicas, por ejemplo, los descuentos se hicieron por planilla a todo el personal”.
Movimientos sociales serán “custodios” del voto
Los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) han iniciado sus actividades con vistas a los comicios del 6 de diciembre. Las organizaciones diseñaron un cronograma de actividades que empezó en junio para “no perder votos”.
En el ampliado más reciente del MAS, dirigido por el presidente Evo Morales, se determinó que las entidades afiliadas al partido en función de Gobierno deberán iniciar de inmediato las acciones para conservar y acrecentar la votación rural.
La decisión se tomó después de que uno de los dirigentes históricos del MAS, Román Loayza, abandonara las filas del oficialismo y ante la probable participación de candidatos con influencia rural, como Víctor Hugo Cárdenas o René Joaquino.
El presidente del MAS en La Paz, Samuel Guarayo, explicó que la medida busca evitar el éxodo de votos en las próximas elecciones. Para este fin se ha programado una agenda de encuentros, ampliados y cabildos en los que se hará énfasis en los logros del Gobierno.
“No podemos perder votos en esta elección, hemos determinado en el último ampliado nacional retomar acciones y actividades para conservar la votación que tiene el hermano Presidente”.
Consultado sobre eventuales nuevas “deserciones”, Guarayo afirmó que desde abril se estableció un procedimiento entre las organizaciones sociales para ejercer control social sobre los dirigentes que pretendan abandonar el partido.
El vicepresidente nacional del MAS, Sergio Loaiza, precisó que se tratará de acompañar todos los procesos proselitistas que se lleven a efecto hasta las elecciones del 6 de diciembre.
“Nosotros tenemos que participar en todas las actividades para garantizar la victoria del partido. También estaremos en los referendos autonómicos e incluso en el empadronamiento”.
Funcionarios preocupados
En los pasillos de las instituciones del Estado se escuchan voces de preocupación por la época electoral. Funcionarios relatan que, para ellos, la campaña significará horas extra y aportes económicos “voluntarios”.
Un dependiente del Ministerio de Hacienda refirió que en esa entidad hay diferentes versiones sobre cuánto dinero se deberá aportar con este motivo. El entrevistado indicó que en los dos anteriores referendos cada empleado desembolsó cifras superiores a los 200 bolivianos mensuales y que incluso llegaron a descontarles directamente por planillas.
Una consultora de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) explicó que deben asistir a las concentraciones del partido en función de Gobierno so pena de sufrir, como sanción, el descuento de un día de haber.
Incluso los empleados con contrato temporal participan en actos proselitistas, Una consultora del Ministerio de Desarrollo indicó que su trabajo es colaborar en la panfletería, carteles y elaboración de otros materiales para la campaña. Indicó que pagan una “cuota en horas”.
Un funcionario del Ministerio de Gobierno reveló que se coordina con el dirigente masista Samuel Guarayo los cierres de campaña en la ciudad de El Alto y que, ese día, la mayoría de los empleados asiste obligatoriamente.
Responsables de campaña por departamento
LA PAZ: ministros de Gobierno, Alfredo Rada, y de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca.
SANTA CRUZ: Carlos Romero, de Autonomías y Descentralización, y Ramiro Tapia, de Salud.
PANDO: Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia.
BENI: ministras de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, y de Transparencia, Nardi Suxo.
COCHABAMBA: Óscar Coca, de Hidrocarburos.
ORURO: Luis Alberto Echazú, de Minería y Metalurgia, y Planificación del Desarrollo, Noel Aguirre.
POTOSÍ: ministro de Trabajo, Calixto Chipana.
TARIJA: ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora; Desarrollo Rural, Julia Ramos, y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.
CHUQUISACA: Wálter Delgadillo, de Obras Públicas, Servicios Básicos y Vivienda.
Críticas
“Va a tener consecuencias muy graves porque el Estado va a cumplir el rol de un partido político. Vamos a tener problemas a todo nivel. Las obras, la ejecución y rendición de cuentas se van a retrasar. Programas, incluso internacionales, van a ser descuidados. Varias obras van a ser refuncionalizadas pensando más en las campañas políticas. Es un grave error que está cometiendo el Gobierno”
Bernard Inch
Analista económico
“Este Gobierno busca imponer un régimen hegemónico y para eso el Presidente pondrá a trabajar a todos sus cuadros ejecutivos. Eso va a empeorar la gestión gubernamental. Existen temas delicados que están abandonados por este Gobierno, como los mercados internacionales o las políticas gasíferas. La campaña va a ocasionar que se descuiden aún más estos asuntos y el Estado se debilite”
José Mirtenbaum
Analista político
“Lo importante no sólo es que los ministros van a estar pensando más en la campaña que en la administración del Estado. Esto se llama defraudación fiscal porque usan plata del Estado para pagar operadores políticos. Es un delito que merece cárcel. El Presidente perdió a sus operadores como Román Loayza y Santos Ramírez y ahora pone a trabajar a sus ministros en una malversación al Estado”
Arturo Murillo
Diputado de Unidad Nacional
“El Gobierno de Evo Morales es el mejor alumno de la política tradicional. Tenemos un Presidente que, desde que inició su gestión, sólo ha hecho campaña y política. No hay administración, programa económico ni agenda de relaciones internacionales. El MAS nos devuelve, al viejo estilo, a los años del clientelismo político y lo más grave es que esos ministros reciben sueldos pagados por nosotros”
Lourdes Millares
Diputada de Podemos
Apuntes
La campaña iniciará oficialmente tres meses antes de los comicios, en septiembre.
Durante agosto, el partido oficialista ultimará los detalles del operativo de reelección.
Los ministros serán los encargados de coordinar el proselitismo por departamentos.
Las candidaturas se definirán a través de ampliados y congresos regionales.
Las bases masistas reclaman que la mayoría de los postulantes salga de filas partidarias.
El Presidente se quejó públicamente por los pedidos de su militancia por candidaturas.
El fundador del MAS Román Loayza renunció “porque no hay espacio para las bases”.
Otros sectores sociales critican el hecho de tener pocos representantes en el gabinete.
Bloques de masistas se encuentran enfrentados en varias ciudades y municipios.