De hecho, de un tiempo a esta parte, el Gobierno, de modo implícito, sin mencionarlo, pero delatándose ostensiblemente en una serie de actitudes, realiza clara campaña electoral…
Editorial La Prensa
El Gobierno nos desconcierta con sus recurrentes contradicciones. Algunos de sus miembros dicen una cosa y otros, lo contrario. Son igualmente habituales las colisiones retóricas entre gente del Palacio Quemado de La Paz y la dirigencia masista a cargo de los denominados “movimientos sociales”.
No podía ser más llamativa la última de tales colisiones retóricas: en un reciente ampliado de aquellos grupos de choque se dio a conocer la decisión de que los miembros del gabinete del jefe del “Estado Plurinacional”, Evo Morales, dirijan las campañas electorales en capitales de departamento, zonas provinciales y rurales de todo el país. Al día siguiente, consciente del negativo impacto que puede tener en el pueblo la difusión pública de algo que por totalmente ilegal debía mantenerse en la más absoluta reserva, el vocero oficial del Presidente desmintió el asunto, asegurando que a ningún ministro de Estado se le permitiría abandonar sus funciones para hacer proselitismo político-electoral.
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Ocurre, sin embargo, que se dan muchos hechos que corren en contra del desmentido oficial. Tenemos, en primer lugar, la relación de dependencia política y económica entre esos “movimientos sociales” y los más altos niveles gubernamentales. Hasta existe un viceministerio que planifica sus actividades, señalándoles el rumbo que deben seguir en materia de decisiones. Es difícil suponer, en consecuencia, que cuanto hagan o digan los dirigentes de esos “movimientos sociales” sean consecuencia de extravíos propios y no de instrucciones que les llega “desde arriba”.
Que todo el aparato estatal controlado por el MAS servirá de apoyo a su campaña electoral es cosa que develan otras circunstancias, como el hecho de los descuentos “voluntarios” que se hace en los haberes mensuales de los “servidores públicos” con destino al financiamiento de las acciones de proselitismo.
De hecho, de un tiempo a esta parte, el Gobierno, de modo implícito, sin mencionarlo siquiera, pero delatándose ostensiblemente en una serie de actitudes, realiza una clara campaña electoral, de cara a las elecciones del próximo diciembre, en casi todos los distritos del país. Se inauguran obras de diferente tipo, se otorgan ayudas a distritos, se establecen bonos para granjearse la simpatía del votante, etcétera, etcétera.
Ante situación tan claramente violatoria de normas constitucionales y legales que prohíben a la gente del Gobierno involucrarse en campañas electorales utilizando recursos del Estado, infracciones que ensombrecen a una consulta popular que debe efectuarse en un marco de total legalidad y transparencia, corresponde al Órgano Electoral Plurinacional poner las cosas en su lugar. Éste es un reto que esa institución debe asumir en el más breve plazo.