La Corte Superior de Santa Cruz mantiene la facultad de decidir si se queda o se va a La Paz. El problema de jurisdicción no está cerrado. Soza quiere que declaren Rubén Costas, Eduardo Paz, Branko Marinkovic y Germán Antelo. Consideran que se trata de una acción política.
Magistrada Canedo dice que la Corte de Distrito de Santa Cruz es la única instancia capaz de resolver el tema de conflicto de jurisdicción.
Fiscal. Soza ahora cree que puede citar a los dirigentes de Santa Cruz, pero sus abogados esperarán un nuevo fallo
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El Deber
Pablo Ortiz/Marco Chuquimia
Proceso. El problema de jurisdicción no está cerrado. El fiscal Marcelo Soza quiere que declaren Rubén Costas, Eduardo Paz, Branko Marinkovic y Germán Antelo. Consideran que se trata de una acción política.
El problema de jurisdicción del caso Rózsa tiene un nuevo capítulo. Ayer, el presidente de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, Oswaldo Céspedes, anunció que una vez conocido el fallo de la Sala Penal Tercera de la ciudad de La Paz, que restituye el derecho de investigar el caso al fiscal Marcelo Soza, ahora la Sala Penal Primera de Santa Cruz deberá pronunciarse sobre el conflicto de jurisdicción entre Santa Cruz y La Paz.
Según el magistrado, no hubo negligencia de parte de la Corte Superior de Distrito, como lo indicó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, sino que se respetaron los pasos procedimentales. Explicó que el lunes 17 de agosto, su despacho recibió el auto supremo de la Corte Suprema de Justicia que le da la potestad a la Corte de Distrito de dirimir el conflicto de competencias. El martes, citó a una reunión de sala plena para 24 horas después, en medio de una amenaza de bomba, sortear que la jurisdicción sea dirimida en la Sala Penal Primera. Al día siguiente, llegaron dos recusaciones contra esta sala (una de Soza y otra de Saúl Ávalos), por lo que se detuvo la toma de decisiones. Sin embargo, ahora deberán proceder a dirimir la competencia de los hechos de supuesto terrorismo en Santa Cruz.
En su opinión, ya sea que la investigación abarque los atentados contra las casas de Saúl Ávalos y el cardenal Julio Terrazas, o sólo el operativo en el que se abatió a Eduardo Rózsa y dos de sus acompañantes, el caso debe radicar en Santa Cruz, ya que así lo indica el Código de Procedimiento Penal.
Pese a ello, Soza ya comenzó a anunciar citaciones. Branko Marinkovic, Rubén Costas, Germán Antelo y Mauricio Paz son los cuatro nombres mencionados por el fiscal. También aseguró que tiene listas otras órdenes de detención. Soza se negó a identificar a los que intenta aprehender, pero manifestó que todos los que no asistan cuando sean convocados, serán detenidos.
La dirigencia citada tendrá que venir en calidad de imputada porque “hay suficientes elementos” que los vinculan al grupo del presunto terrorista supuestamente liderado por Eduardo Rózsa.
Dijo que en el caso del ex presidente del Comité Cívico y ahora candidato del MNR, Germán Antelo, existen no sólo anotaciones en húngaro en los apuntes de Rózsa, sino documentos que fueron encontrados en las computadoras de los presuntos subversivos. Dejó abierta la posibilidad de tomarles las declaraciones en Santa Cruz.
Consultados al respecto, el prefecto Costas anunció que no irá a declarar frente a Soza porque considera que todo se trata de un juego político. Por su parte, voceros de la Cámara de Industria y Comercio, de la que Eduardo Paz es presidente, anunciaron que no se referirán al tema hasta que haya algo oficial. La misma línea sigue Antelo, que consideró como una declaración política la formulada por Soza, ya que viene anunciando su citación desde hace varias semanas. Recordó que ante la comisión de diputados que investiga el caso pidió declarar ante la prensa y de manera abierta porque no tiene nada que ocultar.
Por su parte, el abogado de Marinkovic, Jorge Asbún, señaló que una cosa es lo que el fiscal Soza se imagina y otra lo que dice la ley. Consideró que no existe ninguna resolución que elimine el auto supremo que da a Santa Cruz la potestad de dirimir el problema de competencias.
Soza anunció, también, que la siguiente semana se conocerá la ampliación de las acusaciones y el tipo de delito. Al margen de terrorismo, el fiscal adelantó que existen figuras jurídicas como el alzamiento armado, que ya no puede ser investigado en una sola región o un determinado punto, sino que se amplía a todo el territorio nacional “porque el delito es más grave que terrorismo”.
Existe un recurso de incompetencia
El abogado de Elöd Tóásó, Rigoberto Paredes, presentó un recurso de incompetencia mucho antes que lo hicieran dos dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista y que el fiscal Soza y menos la juez Betty Yañíquez le dieron el curso correspondiente. Recordó que luego de la aprehensión de su cliente, ellos plantearon una excepción de incompetencia, la cual nunca fue tramitada, y, por tanto, al ser ellos los primeros en presentar el recurso, eran terceros interesados en la audiencia que finalmente devolvió el caso a La Paz.
Para el abogado, el caso debe ser ventilado en el distrito judicial de Santa Cruz, porque todos los hechos corresponden a esa ciudad.
Por su parte, la jueza Betty Yañíquez, que también estaba incluida en el recurso de amparo constitucional, afirmó que ella aplicó el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, que en su última parte señala que en caso de conflicto de competencia, el caso debe ser solucionado por la Corte Suprema de Justicia, y que por esa razón, ella derivó el cuaderno de control jurisdiccional al ente judicial.
Sin embargo, en el auto supremo se señala que Yañíquez cometió un error al enviar el caso a la Suprema, ya que existe jurisprudencia y una circular de 2007 que le indica a los jueces que cuando hay problemas de jurisdicción, estos casos deben ser resueltos por las cortes de distrito del magistrado que presenta primero la denuncia.
Memoriales
– Indagaciones. El fiscal Soza espera el segundo informe de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ex Superintendencia de Bancos), sobre el movimiento financiero de la dirigencia de Santa Cruz en la gestión 2008-2009.
– Llamadas. También debe conocer el informe complementario de las empresas telefónicas sobre los números de teléfonos que fueron encontrados en las computadoras de Eduardo Rózsa; existen números correlativos que llamaron la atención del fiscal.
– Sin temor. Soza confirmó que la amenaza de bomba fue en su domicilio y que le hicieron llegar un sobre que fue a manos del cuerpo de Bomberos; ayer se esperaba el informe, no obstante, la entidad no informó sobre el resultado de ese sobre.
– Artículo 311. Si dos o más jueces y tribunales se declaran simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Corte Superior del juez o tribunal que haya prevenido. El conflicto entre cortes superiores de justicia será definido por la Corte Suprema de Justicia.
– Recibidas las actuaciones, el tribunal competente resolverá el problema de jurisdicción en los siguientes tres días. Si se requiere producción de pruebas, se convocará una audiencia oral en los siguientes cinco días y el tribunal resolverá el conflicto en el acto.
Falta resolver la jurisdicción del caso Rózsa
La Corte Superior de Santa Cruz mantiene la facultad de decidir si se queda o se va a La Paz. El fallo paceño sólo autoriza a Soza reabrir la investigación.
EL DÍA, Sábado, 29 de Agosto, 2009
El presidente de la Corte Superior de Distrito cruceña, Oswaldo Céspedes, reivindicó ayer el derecho de resolver el conflicto de competencias para determinar si la investigación del caso de presunto terrorismo se ventila en La Paz, como se estaba haciendo, o se traslada a Santa Cruz
“Sea el caso terrorismo o del Cardenal, de manera individual u otro, la competencia del caso corresponde a Santa Cruz”, dijo al precisar que el fallo de la Sala Penal Tercera de la Corte de Distrito de La Paz no afecta el mandato que ellos recibieron de la Corte Suprema de Justicia para resolver el conflicto.
La puntualización fue formulada luego que el fiscal Marcelo Soza fuera favorecido con un amparo constitucional resuelto el jueves en La Paz que según él, le faculta continuar las investigaciones desde La Paz y citar a los involucrados hasta la sede de Gobierno.
‘Es como si un capitán, que es la Corte de La Paz, emitiera una orden a otro capitán, que es la Corte de Santa Cruz, por encima de la orden de un general, que es la Corte Suprema”, graficó el ex presidente del Tribunal Constitucional, Wilman Durán, al señalar que ahora todo se ha vuelto “un laberinto jurídico”.
El tema está relacionado con la supuesta desarticulación de una banda terrorista tras el asalto policial al hotel Las Américas, donde murió el presunto cabecilla Eduardo Rózsa y dos cómplices.
Durán explicó que la audiencia realizada en La Paz no afecta la resolución de la Corte Suprema que como tribunal máximo delegó a la Corte Superior de Santa Cruz la potestad de resolver el conflicto planteado entre el juez cruceño Luis Tapia y la paceña, Betty Yañíquez.
Céspedes explicó que en consecuencia la Sala Penal Primera de la Corte de Distrito de Santa Cruz se pronunciará sobre el conflicto en el transcurso de los próximos tres días y aclaró que esta sala no fue demandada porque no fue notificada para asumir defensa en la audiencia realizada en La Paz.
Durán explicó que se debe restablecer el orden legal porque no es posible que cortes de un distrito investiguen a las de otro distrito.
Sobre el tema el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, señaló que el fallo de la Sala Penal Tercera de La Paz debe respetarse porque el juez cruceño Luis Hernán Tapia Pachi cometió irregularidades y anunció que continuará el proceso por prevaricato contra tres ministros y cuatro conjueces de la Corte Suprema que delegaron a la corte cruceña resolver el conflicto de competencias /ED/Agencias
El conflicto y la pugna entre Santa Cruz y La paz
Conflicto de competencias • Si dos o más jueces o tribunales se declaran simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes, el conflicto será resuelto por la Corte Superior del Distrito del juez o tribunal que haya prevenido o conocido primero el caso en cuestión.
Quién tiene preferencia •
1) El juez del lugar de la comisión del delito o el lugar donde se manifieste la conducta o se produzca el resultado.
2) El juez de la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido;
3) El juez del lugar donde hallen las pruebas materiales del hecho.
4) Cuando el delito cometido en el extranjero haya producido sus efectos en territorio boliviano, conocerá el juez donde ocurran los efectos. (311 y 49 del CPP)
Los argumentos • El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, afirmó ayer que el caso debe continuar en La Paz porque los efectos del separatismo se iban a dar allá, donde está radicado el Gobierno. El constitucionalista Jorge Asbún dice que ese argumento contraviene la Ley y como la denuncia la hicieron el 14 de abril al parecer sabían que se iba a perpetrar el atentado al Cardenal el 15.
Ex unionistas se refugian en el Comité Cívico
Los ex unionistas Alfredo Saucedo y David Sejas están refugiados desde la noche del jueves en el Comité pro Santa Cruz ante la amenaza de ser detenidos por orden del fiscal de La Paz, Marcelo Soza.
Ambos anunciaron ayer que este lunes plantearán un amparo constitucional contra la resolución de la Sala Penal Tercera de La Paz porque el Gobierno señala de boca que eran los demandados pero sin embargo no fueron notificados para estar en la audiencia realizada en la sede de Gobierno.
Asimismo el juez cruceño, Luis Tapia Pachi, dijo que fue notificado a pocas horas de la audiencia, siendo que la formalidad establece 48 horas antes, de modo que existen muchos vicios de nulidad.
Mientras tanto en La Paz, el fiscal Marcelo Soza anunció que los primeros citados a declarar son el prefecto cruceño Rubén Costas, el ex cívico Branko Marinkovic y el actual candidato a la presidencia, Germán Antelo como financiadores de la célula.
Costas anunció ayer que no irá a declarar a La Paz y desafió a Soza a “que me convoque”.
Suprema da la razón a Santa Cruz
La ministra de la Corte Suprema, Rosario Canedo, afirmó este viernes que la resolución de Sala Plena que dispone el conocimiento del “caso Rózsa” en tribunales del distrito de Santa Cruz «está total y absolutamente vigente», y descartó que el Tribunal vaya a revisar su posición tras conocerse un fallo de un Tribunal de La Paz.
Canedo, quien formó parte del Tribunal que aprobó el envío de antecedentes a la Corte cruceña dentro del conflicto de competencias suscitado con juzgados de La Paz, manifestó que todas las autoridades «están obligadas a cumplir esa resolución».
Según la magistrada, lo contrario significaría que «se estaría desvirtuando el sistema legalmente constituido por la violación que conllevan estos actos arbitrarios».
Canedo enfrenta junto a sus colegas Beatriz Sandóval (Decana) y José Luis Baptista, presidente de la Sala Penal Primera, una denuncia sobre presunto prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución presentada ante el Legislativo por el Poder Ejecutivo.
El viceministro de Coordinación, Wilfredo Chávez, recordó que la magistrada fue objeto de una recusación que la inhabilitaba para conocer el conflicto de competencias entre los dos distritos judiciales, y reiteró que su habilitación para ser parte del Tribunal fue aprobada contra las normas vigentes.
El Gobierno considera que la ministra Canedo «tiene su objetividad profundamente comprometida» para conocer distintos casos, tal como afirmara el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce /ANF
Canedo justifica traslado del caso Rózsa a Santa Cruz
POSICIÓN • La Corte cruceña anuncia que dirimirá el tema de competencias.
La Razón
La Corte Suprema de Justicia, a través de la ministra Rosario Canedo, aseguró que su decisión de trasladar la resolución del conflicto de competencias del caso Eduardo Rózsa a Santa Cruz no fue afectada por el fallo judicial a favor del fiscal Marcelo Soza.
“No tiene ningún efecto y no altera la resolución de la Corte Suprema, por lo que la Corte de Distrito de Santa Cruz es la única instancia capaz de resolver el tema de conflicto de jurisdicción”, insistió la ministra.
La presidenta de la Sala Penal de la Corte de Distrito de La Paz, Blanca Alarcón, decidió el jueves fallar a favor de Soza, que presentó un amparo constitucional por supuestas irregularidades procesales en las que habría incurrido el juez cruceño Luis Tapia en su reclamo de competencia en el caso Rózsa a su par de La Paz, Betty Yañíquez.
Esta decisión repuso a Soza su atribución de investigar los hechos y consecuencias emergentes de las acciones de Rózsa.
Canedo explicó que el conflicto de competencias difiere del problema de reposición de atribuciones de investigación.
En consecuencia, “el fallo de la Suprema de trasladar la resolución del tema de jurisdicción a Santa Cruz está total y absolutamente vigente y cualquier otra decisión es ilegal”, sostuvo.
En Santa Cruz, el presidente de la Corte de Distrito, Oswaldo Céspedes, coincidió con esta posición. Redacción Sucre