Tierras. Jueza dictaminó medidas sustitutivas a la detención preventiva. INRA apelará fallo que dispuso arresto domiciliario para acusado de tráfico de tierras.
Audiencia de medidas cautelares en caso Nelson Vaca. Foto ABI.
Juez ordena arresto domiciliario, arraigo y fianza de $us 50.000 para Nelson Vaca
La Paz, 16 sep (ABI).- La juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez, ordenó el miércoles detención domiciliaria, arraigo y fianza de 50.000 dólares para Nelson Vaca Gutiérrez, imputado por asentamiento ilegal, tala indiscriminada de madera, destrucción de bienes del Estado, deterioro irreparable del medio ambiente y sedición.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Estos ilícitos fueron cometidos por Vaca y un grupo de personas armadas, en toma ilegal de 1.700 hectáreas de tierra de la comunidad San Martín de Porres, hecho que fue denunciado por el Viceministerio de Tierras, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y las 40 familias afectadas.
En su resolución de medidas cautelares que fijada a las 13.10 horas, la jueza Pérez dictaminó «medidas sustitutivas a la detención preventiva, determinando el arresto domiciliario en el domicilio señalado por el imputado».
Entre las medidas sustitutivas, la administradora de justicia dispuso la presentación periódica del investigado ante el juez, prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial, prohibición de concurrir a los lugares afectados, prohibición de comunicarse con los afectados, siempre que no se afecte su derecho de defensa.
Pérez fijó también una fianza económica de 50.000 dólares, aclarando que ese dinero será empleado para los gastos de recaptura en caso de fuga por parte del representante del Ministerio Público.
Dejó en claro que en ningún momento la fianza será parte del daño económico e irreparable que cometió el imputado.
Según el representante del Ministerio Público, Carlos Fiorilo, el latifundista y otros incurrió en graves delitos de acción pública como destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, delitos forestales, delitos en contra del medio ambiente y sedición por desconocer a la autoridad del Gobierno legalmente constituido, un acto de abierta hostilidad para deponer a algún funcionario público, impedir su posesión y oponerse a cumplir las leyes.
INRA apelará fallo que dispuso arresto domiciliario para acusado de tráfico de tierras
Mary Carrasco, apoderada legal del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Foto: Daniel Espinoza/ABI).
La Paz, 16 sep (ABI).- El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), apelará el fallo de la juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez, que determino arresto domiciliario para Nelson Vaca, acusado de tráfico de tierras, porque provocó un daño irreparable a la riqueza nacional y al medio ambiente, anunció el miércoles la abogada, Mary Carrasco.
«Discrepamos con la decisión de la juez, apelaremos ese fallo, porque Vaca provocó un deterioro irreparable en su actividad ilícita y su residencia debe ser la cárcel de San Pedro», advirtió.
Según la jurista, en la tala discriminada de árboles, el imputado utilizó 200 kilómetros cuadrados de tierra en la provincia Marbán, comunidad San Martín de Porres, dependiente del municipio San Andrés.
Con planos y fotografías en la mano, Carrasco explicó que se taló ilegalmente por un valor aproximado de dos millones de dólares.
Además, denunció que Vaca, con sus grupos armados, maltrataron a 40 familias que se beneficiaron con la dotación de tierras fiscales para la función social.
«La riqueza natural y medio ambiente es un derecho humano catalogado en convenios internacionales como de las Naciones Unidad pero que fue infringido por el ciudadano que se beneficio con arresto domiciliario», precisó Carrasco.
Aseguró que es obligación del Estado proteger la riqueza nacional y «aplicando la norma sin elementos subjetivos de sentimiento, odio, amor ni sentimiento del bien o del mal, el INRA revertirá la decisión de la juez para que el imputado sea recluido en la cárcel de San Pedro y pague además por el daño económico al Estado».
Explicó que en una inspección ocular del área de dotación en septiembre de 2004, el INRA verificó que Nelson Vaca y otras personas avasallaron más de 1.700 hectáreas de tierra de la comunidad San Martín de Porres.
Develó que Vaca y las otras personas se declararon dueños absolutos de las tierras y echaron a los verdaderos dueños, quemando sus viviendas, usando armas de fuego y maltratando físicamente a indígenas, sin respetar a las mujeres y niños.