Los antecedentes y las actividades del cuestionado Fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutierrez, ya eran demasiado conocidos y resultaba inaceptable que el Fiscal General siguiera haciéndose de la vista gorda por lo que tuvo que designar un interventor que figurará bajo la fachada de “coordinador”.
El Fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, intentó sacar provecho político metiéndose en el caso Rosza. Habla del asunto en una conferencia de prensa el pasado mes de mayo.
Nunca está demás recordar algunos elementos que pueden darnos la pauta de la magnitud de la corrupción en la Fiscalía paceña además de su instrumentalización como brazo ejecutor, supuestamente jurídico, de las políticas represivas del actual gobierno.
En primer lugar, el fiscal Gutierrez fue nombrado Fiscal de Distrito el año 2005 como parte de la cuota que correspondió al MAS en la repartija acordada con los “partidos tradicionales”. Su padrino fue el diputado Gustavo Torrico, cuyas poco transparentes actuaciones le acarrearon la desconfianza de sus propios correligionarios al punto que no fue incluido en la lista de candidatos para la elección de diciembre próximo.
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En esa época ya fueron presentadas pruebas de que Gutierrez fue informante de los servicios represivos durante la dictadura garciamezista pero a su padrino, este aspecto que resultaba a todas luces descalificador, no le pareció muy relevante y al final impuso su nombramiento.
Ese fue el inicio del poder omnímodo de los “satucos” y de su líder, el diputado Torrico, en la fiscalía paceña. Torrico también nombró una especie de “interventor” en la Fiscalía paceña. Se trataba de un abogado de apellido Ferreira, quien era visto cotidianamente en esas oficinas a donde acudía para recoger aportes económicos y en otras, para influir, de acuerdo a las instrucciones de Torrico, en favor de uno u otro litigante.
El control de la Fiscalía paceña por parte de los “satucos” era absoluto y el fiscal que no se sometía a los dictados de Gutierrez era, en los hechos, “residenciado” en cualquier lugar remoto del departamento como ocurrió con el fiscal Marco Vidal, quien fue enviado a Ixiamas.
Este control absoluto permitió al gobierno usar a la Fiscalía como parte de su mecanismo para “judicializar” las acciones contra la oposición política y cívica y es así que los casos relacionados con la «masacre» en Porvenir, con el terrorismo y cualquier otro que tuviera interés político para el gobierno, debía ser radicado en La Paz y los acusados, trasladados de forma expeditiva a esa ciudad.
Esa fuente de ingresos que le suponía la Fiscalía de Distrito tentó a los “satucos” para intentar abrir una “universidad”, la llamada Universidad Informática, proyecto que se sabe andaba viento en popa pero cuyo destino puede resultar hoy dudoso dado que su líder cayó en desgracia y se ha decidido, por ahora, poner fin a sus trapisondas, pero hábil como es seguramente caerá parado en algún otro puesto.
Cualquier litigante que haya tenido la desgracia de necesitar hacer un trámite en la Fiscalía paceña, sabe el vía crucis que eso significaba. En primer término se tenía que “hablar claro” eso significa decir cuanto uno estaba dispuesto a pagar para que la “justicia” actuara a su favor, pero, por supuesto había un precio para todo, desde la firma rápida de un memorial cualquiera o para enchirolar a cualquiera que nos cayera gordo y tuviésemos el suficiente dinero para cancelar el favor a un “fiscal satuco”.
Casualidad o no pero casi en forma paralela a la intervención de la Fiscalía paceña se anunció que Torrico no fue incluido en las listas de candidatos. Lo cierto es que si el gobierno dejara actuar al interventor de la fiscalía general en forma independiente, en las próximas horas podríamos tener un escándalo de proporciones similares al surgido en YPFB, pero no hay que esperar milagros ya que la campaña electoral está caliente y el MAS no permitirá que nada empañe la imagen de su candidato.