Líder campesino dejó a sus bases en hechos de Porvenir. Un pacto de silencio se impone entre los habitantes de Porvenir. Los refugiados en Brasil sufren por la falta de dinero y trabajo. El Consulado en Brasilea cobijó a campesinos
• LOS RESTOS • Margarita Hurtado, vecina de Porvenir, muestra el armazón de un vehículo que fue quemado en la puerta de su casa durante los hechos del 11 de septiembre del 2008.
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LA RAZÓN
Nicole Bisbal Brito
Enviada a Pando
Líder campesino dejó a sus bases en hechos de Porvenir
Antonio Moreno, ejecutivo de la Federación de Campesinos, organizó la marcha a Cobija, pero dejó solas a las bases luego de que fue alertado y llevado al Batallón de Ingeniería Riosinho. Hace un año, 11 personas murieron en Porvenir.
11 de septiembre del 2008. Tres de la tarde. La Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Pando vive un torbellino. No paran de llegar los comunarios heridos en los enfrentamientos con gente afín al movimiento autonómico. Llantos, gritos y desesperación se apoderan del lugar.
Antonio Moreno, secretario ejecutivo de la Federación y máximo dirigente campesino de Pando, recuerda que “escuchaba sobre los compañeros muertos, habían otros que venían aquí a llorar, a revuelcos, mujeres que lloraban sobre mí y no hallaba qué hacer”.
Pese a la agitación, Moreno se da tiempo para contestar una llamada a su teléfono celular. “Salite Antonio, porque ahorita te van a coger a vos y te van a descuartizar (los proautonomistas) ”, recuerda que le advirtió una voz masculina al otro lado de la línea. Minutos después, otra llamada: “Salite, estoy afuera en mi auto”.
El dirigente se abre espacio entre la muchedumbre y abandona su sede y a su gente. A una cuadra, un sargento del Batallón de Ingeniería Riosinho, en Cobija, lo espera en un auto con vidrios oscuros para ponerlo a salvo.
“El auto estaba allá (señala con su mano hacia una cuadra detrás de su oficina), tenía vidrios raibanizados, entré y (un hombre) me tendió en el asiento, ‘échate’ me dijo. De ese modo salí de la Federación, era un sargento, había venido del (Batallón de Ingeniería) Riosinho y allá me encerraron”, para protegerlo. En el regimiento, Moreno no está como detenido y por eso puede transitar por algunos sitios del cuartel.
“Ahí los militares estaban armados porque decían que (los proautonomistas) iban a atacar al Riosinho. Estuve toda la tarde hasta las 11 de la noche”, cuando se marcha, sin antes escuchar recomendaciones por su seguridad.
La revelación de Moreno muestra que los militares sí actuaron antes del estado de sitio del 13 de septiembre, aspecto que hasta hoy era desconocido. Fuentes del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas dijeron por teléfono a La Razón no conocer la acción para precautelar la vida del líder campesino.
El dirigente fue el encargado de convocar a las federaciones campesinas de Pando al ampliado que debía realizarse el 11 de septiembre del 2008 en Cobija. El Ejecutivo indicó que en la reunión se adoptarían medidas para recuperar las instituciones que fueron tomadas por autonomistas en días previos.
Algunos comunarios, sin embargo, indicaron en ese entonces que fueron llamados no para acordar medidas, sino para de una vez retomar las instituciones y pedir que Leopoldo Fernández renunciara a la Prefectura de Pando.
Pese a que era el encargado de organizar el ampliado, Moreno no sabía dónde instalaría a las 1.200 personas que venían desde Filadelfia (a 18 kilómetros de Cobija), Puerto Rico (a 60 kilómetros) y Riberalta (Beni, a 450 kilómetros). Lo que sí sabía era que la posibilidad de un enfrentamiento entre cívicos y campesinos cada minuto se hacía más real. Pese a esto, no alertó a sus compañeros.
“(Una noche antes) trabajé hasta las 23.00 recogiendo víveres, agua, ollas para cocinar y estaba agotado, quería descansar. Los compañeros (sus colaboradores) me dijeron que no los iban a dejar llegar a Cobija, que los que tomaron las instituciones iban a esperarlos con armas en Porvenir, que los iban a matar”.
Cuando La Razón le preguntó por qué no alertó a sus compañeros, el dirigente dijo: “¿Será que (los autonomistas) iban a ser capaces de eso? Yo no lo creía… Me fui a descansar”. En Porvenir murieron 11 personas, nueve eran comunarios y dos, autonomistas. Dos fallecieron a causa de los golpes y otros nueve, por heridas de bala.
El dirigente, sin embargo, sí alerta a su familia en la mañana del 11 de septiembre, luego de recibir los primeros informes de los otros campesinos. “La mandé a otro lugar”.
“No pude ir a Porvenir porque no tenía la camioneta y en la tranca no me iban a dejar pasar. Me llamaban los compañeros para que haga algo por ellos, pero ninguna autoridad me respondía”, recuerda. El conflicto se inició antes, a eso de las dos de la madrugada, cuando un grupo de 800 campesinos proveniente de Filadelfia se dirigía, a pie y en camiones, hacia Porvenir.
Una zanja en el camino de tierra abierta por funcionarios de la Prefectura y del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), para impedir el paso de la muchedumbre, detiene a la caravana a la altura de Tres Barracas (a cuatro kilómetros de Porvenir). En el sitio, proautonomistas piden a la multitud volver hacia la localidad de Filadelfia. Los campesinos deciden quedarse en el sitio hasta que amanezca.
“Una compañera me pedía que llame a la Policía, al Comando Conjunto, al Gobierno porque ahí esta gente había hecho zanjas y estaba armada”, indica Moreno.
Dos horas y media más tarde, a la altura del puente Cachuelita (a menos de un kilómetro de Porvenir, por la ruta que une a esta localidad con Puerto Rico), el personal del Sedcam se dispone a retornar a Cobija tras cavar otra zanja. De pronto, dos funcionarios prefecturales caen heridos tras recibir balazos provenientes de campesinos, según declaraciones hechas el año pasado por gente afín a los cívicos y por algunos campesinos.
Cerca de las seis de la mañana, en la zona de Tres Barracas, los proautonomistas retornan al sitio y tienen una acalorada discusión con los marchistas.
De acuerdo con testimonios de ese momento, los comunarios son insultados por los funcionarios de la Prefectura. La multitud retorna ocho kilómetros, pero luego decide seguir adelante y enfrentarse con los cívicos y funcionarios. Algunos comunarios llevan armas de fuego, según testigos y los propios campesinos. El Gobierno dice que este dato no es real.
Uno de los doctores del hospital San Martín de Porres de Porvenir, quien atendió a los heridos, señala que los comunarios estaban identificados con cintas rojas, amarillas y verdes en sus muñecas. “Las rojas las llevaban quienes estaban armados y la cláusula era que durante el enfrentamiento debían levantar el puño para identificarse”.
Estalla el primer enfrentamiento. Ocho proautonomistas son tomados de rehenes y golpeados, y otros dos mueren baleados: el ingeniero Pedro Oshiro, funcionario de la Prefectura que huía en una camioneta, y Alfredo Céspedes.
En Porvenir, 57 policías forman una barricada en la cancha San Jorge para frenar el avance de los bandos que se acercan al pueblo. Son las nueve de la mañana. Un número no conocido de proautonomistas con armas de fuego se ubica detrás de los agentes. Llegan los comunarios.
Delegados de ambos bandos se reúnen, con mediación del comandante departamental de ese entonces, Silvio Magarzo, y negocian la suerte de los ocho rehenes. Los campesinos deciden liberarlos, pero cuando el último de éstos queda lejos de sus captores, se desata la balacera. Un efectivo cae herido y la Policía se retira del lugar
“Escuchaba los disparos. Allá en la canchita había un camión donde tenían presos a tres campesinos. A uno de ellos lo botaron en la puerta de mi vecino y ya estaba muerto”, relató a La Razón una lugareña de Porvenir que pidió no ser identificada. “Se disparaban, iban y venían de la canchita hacia el río”, contó otro testigo.
Las Fuerzas Armadas dicen que no intervinieron por una supuesta “falta de material y de autorización”. Sin embargo, se ocuparon de proteger la vida de Moreno, según las declaraciones de este dirigente.
“No teníamos más material. Cuando la Policía es rebasada, hace un informe para decir que no tienen la capacidad para continuar haciendo frente. Se eleva al Presidente una solicitud para que puedan intervenir las Fuerzas Armadas con armamento letal. No salimos sin esa orden”, dijo en octubre del 2008 el entonces comandante, general Luis Trigo.
Superados en número, los comunarios escapan. Algunos se lanzan al río Tahuamanu, mientras las balas pasan cerca, según el Ministerio Público.
El sol impacta con fuerza al mediodía de Porvenir. Ya no se oyen disparos y la gente se desmoviliza. El conflicto dejó al menos 50 personas heridas. Pero mientras la calma llega a esta localidad, la violencia se apodera de Cobija, donde dos días después mueren dos personas durante la retoma del aeropuerto, cuando militares dispersan a los cívicos.
La Organización de las Naciones Unidas, la Unasur y el Defensor del Pueblo, entre otras instituciones, realizaron las investigaciones y bautizaron al hecho como una “masacre” y reprocharon la pasividad policial.
A un año de los hechos que enlutaron al país, las indagaciones siguen, al igual que las heridas que aún no cicatrizan.
“Escuchaba de los compañeros muertos, otros venían a llorar a revuelcos y las mujeres lloraban sobre mí”.
Antonio Moreno, líder campesino.
A un año del hecho, no se definen procesos judiciales
CASO • La defensa de las víctimas aduce que tiene tres años para imputar formalmente a Fernández; su abogada espera las pesquisas.
Hace 11 meses y 24 días que el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández permanece recluido en el penal de San Pedro de La Paz sin una sentencia ejecutoriada. Los familiares de las víctimas de los hechos de Porvenir, que dejaron 11 muertos el 11 de septiembre del 2008, lo acusan de ser el autor intelectual de lo ocurrido.
La defensa de la ex autoridad, ahora candidato a la vicepresidencia acompañando a Manfred Reyes Villa, criticó la demora en las investigaciones; sin embargo, la parte querellante alega que tiene tres años por ley para presentar una denuncia formal.
La organización Amnistía Internacional pidió a las autoridades judiciales acelerar los resultados, según ANF.
El proceso en contra de Fernández todavía no cuenta con una acusación formal, explicó Mary Carrasco, abogada de los familiares de las víctimas. “Cuando cumplamos con la investigación (encabezada por el Ministerio Público) se va a llevar adelante un juicio oral”, añadió.
El Código de Procedimiento Penal establece tres años de plazo para formalizar una denuncia, “pero obviamente éste es un proceso complejo y con muchos implicados”, sostuvo Carrasco.
Sandra Almanza, representante legal de Fernández, dijo que la “mora” en las investigaciones perjudica el curso del proceso, “y todavía se espera el inicio de la investigación del juicio de responsabilidades que ordenó la Fiscalía General” el año pasado.
El proceso ordinario contra el ex prefecto se vio perjudicado, según Carrasco, por el hurto de expedientes en abril, cuando la defensa pidió, mediante un hábeas corpus, el traslado de los siete cuerpos de los documentos legales a la Corte en Pando. La denuncia de la parte acusadora logró que sean devueltos otra vez a La Paz, y acusó a la defensa de “hurtar los expedientes”.
La comisión de Diputados, que fue declarada en septiembre del 2008 como “cabeza del Ministerio Público”, aún no presentó su informe final. Según su titular, René Martínez (MAS), esperan “el visto bueno” de una fecha próxima a la sesión para ponerlo a consideración de la cámara.
ACTUALIZACIONES
Proceso • Tras recusar a dos jueces de Instrucción en lo Penal, el caso radica en el Juzgado 7º de Instrucción en lo Penal, dirigido por Betty Yañíquez en la Corte de La Paz.
Implicados • Edwin Ventura, Roberto Rea y Hernán Justiniano fueron imputados por su presunta participación en los hechos. Actualmente están recluidos en San Pedro.
Los refugiados en Brasil sufren por la falta de dinero y trabajo
SITUACIÓN • Desde el 13 de septiembre huyeron a Brasilea y Epitaciolandia unas 1.400 familias. Brasil concedió refugio político a 118. Los connacionales ya alquilaron casas y buscan empleo.
NUEVO HOGAR • Una calle de Brasilea, ciudad brasileña situada al frente de Cobija. La localidad alberga a familias de bolivianos que huyeron tras el estado de sitio en Pando.
Carlos escapó hace casi un año a la ciudad brasileña de Brasilea cuando se decretó estado de sitio en Pando. Agradece al país que lo refugió, pero no está conforme con su situación: no tiene un empleo formal, no sabe de dónde conseguir los 150 reales (unos 525 bolivianos) para pagar la cuenta de la luz, sus ahorros ya están casi en cero y él y su familia viven con temor ante alguna medida que pueda adoptar el Gobierno boliviano contra los refugiados en Brasil.
El hombre —que para ilustrar la nota fue denominado Carlos, pero que en realidad mantiene su nombre en reserva— tiene algo más de 40 años, es abogado y en Cobija trabajaba en la Prefectura del departamento.
Los fines de semana vende suplementos alimenticios y ahora se apresta a dar clases de español en un instituto; sin embargo, cree que el empleo no durará mucho.
El connacional tiene el estatus de “refugiado político” y es representante y portavoz de otros bolivianos en esa misma condición. La norma le impide dar declaraciones y revelar su ubicación, pero pese a eso procura contar a La Razón la realidad que afrontan junto a los otros refugiados que buscaron cobijo al otro lado de la frontera.
Tras la declaración del estado de sitio en Pando, el 13 de septiembre del 2008, 1.200 familias escaparon paulatinamente desde Cobija hasta Brasilea (localidad separada de esa ciudad por un puente de 80 metros de longitud) y un número menor a 200 a Epitaciolandia (a un kilómetro y medio de Cobija).
El Gobierno brasileño ordenó, en Brasilea, que los bolivianos vivieran en un coliseo por unos tres meses. Allí instalaron carpas y ollas comunes para alimentarse.
“Tengo tres niños y ninguno sabe exactamente qué hacemos aquí. Al inicio fue un reto, hoy es una experiencia. Mi hija mayor (una adolescente) recuerda cómo los militares operaban en el estado de sitio y no se le pasa por la cabeza volver a Bolivia”, expresa.
En junio de este año, las autoridades brasileñas concedieron refugio político a 118 familias que temían ser involucradas en los hechos. El resto retornó al país. Los connacionales que se quedaron alquilaron casas en Brasilea y Epitaciolandia.
Entre los refugiados hay víctimas de los hechos de septiembre, afirman Carlos y otro boliviano que también radica en Brasilea.
“Hay un joven de unos 19 años que fue baleado en el aeropuerto de Cobija (el 13 de septiembre, en la declaración del estado de sitio) y quedó inválido. Él quiere contar lo que le pasó, pero no puede (por la norma). Creo que ya estamos olvidados”, añade el representante de los bolivianos.
En ambas ciudades brasileñas, los refugiados decidieron ayudarse y formaron una “comunidad de apoyo”, aunque algunas familias aún dependen de sus parientes en Pando que les envían dinero y víveres. Cuando Carlos charlaba con La Razón recibió la visita de un familiar que le traía una bolsa con pan desde Cobija.
“Es muy difícil, uno de los refugiados vino a dejarme una receta médica, necesita dinero para comprar medicamentos y en un momento más iré a ver si los demás (refugiados) pueden colaborar con algo”, dice el delegado.
El apoyo también ha llegado de los brasileños. “Cuando llegamos, los vecinos permitieron que pintemos sus casas, que seamos electricistas y hoy ya no hay esa posibilidad. Ahora (entre los refugiados) tenemos gente que maneja maquinaria pesada, pero se les hace difícil encontrar trabajo, entran en desesperación y en depresión”, agrega.
Carlos y su familia vivieron en el coliseo por unos tres meses y luego se trasladaron a un cuarto alquilado. Tenían dos colchones, “de noche los bajábamos al piso y dormíamos todos juntos, de día los levantábamos”, recuerda. Luego se cambiaron a la casa que habitan actualmente y por la cual pagan un arriendo de unos 342 reales (1.200 bolivianos).
La vivienda, de una sola planta, está sobre una avenida poco concurrida. Tiene un living, cocina, baño y al menos dos dormitorios. Parece una casa como cualquier otra, aunque el vehículo delata la procedencia de los habitantes; el carro tiene placa boliviana.
“Hemos querido recuperar nuestras pertenencias en Cobija, pero el saqueo de los militares durante el estado de sitio nos afectó. Ahora vivimos en esta casa, su propietaria es una mujer cristiana muy buena”, indica.
La dificultad por conseguir empleo agudiza la crisis económica, cuenta el otro refugiado. “En Cobija, por ejemplo, un vaso de refresco cuesta un boliviano, y en Brasilea hasta siete”, explicó.
Ambos jefes de familia temen alguna medida del Gobierno boliviano. La Policía Federal brasileña permanece atenta ante algún posible intento de secuestro.
La gubernamental Televisión Boliviana difunde en estos días una propaganda indicando que un funcionario de la Prefectura pandina ligado, supuestamente a la matanza de campesinos, está ahora refugiado en Brasil.
“Cuando llega el ministro (Juan Ramón) Quintana ya sabemos que algo puede pasar. Vivimos en temor, todos tenemos las mochilas listas para cualquier eventualidad”, concluye Carlos.
APUNTES
Ubicación • El río Acre separa a la ciudad de Brasilea de Cobija. El recorrido a pie es de 15 minutos. Al oeste está el municipio de Epitaciolandia, que también cobijó a bolivianos.
Refugio • Tras la declaración del estado de sitio en Pando el 13 de septiembre, 1.200 familias buscaron refugio en el coliseo cerrado de Brasilea y unas 200 en Epitaciolandia.
El Consulado en Brasilea cobijó a campesinos
• CÓNSUL • Méndez habla con La Razón, el 4 de septiembre.
MEDIACIÓN. El Consulado de Bolivia en Brasilea, localidad brasileña ubicada en la frontera (al norte) de Pando, refugió a 75 campesinos el 11 de septiembre del 2008, cuando se produjo un enfrentamiento armado entre cívicos y comunarios en Porvenir, que dejó al menos 11 personas muertas, la mayoría por impactos de bala calibre 22.
La información fue proporcionada por el cónsul boliviano en esa ciudad , José Luis Méndez, el viernes 4 de este mes.
Los campesinos habrían llegado hasta el Consulado —a unos 15 minutos de Cobija— “a buscar territorio boliviano de hospedaje”, precisó el diplomático. Se quedaron hasta el 13 de septiembre.
“Cruzan dirigentes campesinos y compañeros que salieron con vida de la masacre. Los teníamos alojados porque, cuentan, era inconcebible esa situación. Había incluso compañeras que no sabían ni siquiera dónde estaban sus hijos”, afirmó Méndez en una entrevista con La Razón.
A los dos días de los hechos y tras la declaración del estado de sitio en Pando, relata el Cónsul, un grupo de personas no identificadas intentó tomar las instalaciones de la legación. En este afán causaron destrozos en las instalaciones consulares.
“Se da la salida de bolivianos al lado brasileño y la agresión al Consulado porque aún estaban algunos campesinos”, añadió.
Méndez aclaró que no es atribución del Consulado conceder “hospedaje” a quienes pidieron refugio político a Brasil.
“No es parte de nuestras atribuciones, porque el que se refugia es porque no comparte con el Gobierno, mucho menos el Consulado puede hacer una mediación”.
Un pacto de silencio se impone entre los habitantes de Porvenir
Secuelas • Los pobladores temen ser acusados y evitan hablar de los hechos del 11 de septiembre del año pasado. Evaden a los visitantes y los que se animan a contar algo piden no ser identificados. Sienten recelo y temor.
EL PUEBLO • Una vista general de Porvenir, un pueblo de calles de tierra y casas de madera y que aún no cuenta con alcantarillado. Hasta el 2005, su población era de 4.292 habitantes.
Un pacto de silencio rige en Porvenir, a 30 kilómetros de Cobija. Basta intentar hablar sobre el enfrentamiento de hace un año, que dejó 11 muertos en esa localidad, la mayoría por heridas de bala, para que pobladores aceleren el paso sin responder o algunos informen que no son del lugar y que no conocen lo sucedido. Hasta los mototaxistas prefieren no llevar a foráneos.
Conseguir testimonios de lo ocurrido es complicado. Es común que los pobladores que miran la calle desde sus ventanas abiertas ingresen al interior de sus casas cuando el visitante se acerca. Los que se animan a hablar, mantienen el anonimato.
“Se teme que el visitante sea un investigador o un político que quiera culparlos, por eso están callados”, manifiesta un vecino.
Si hablar del tema es difícil, conseguir mototaxistas no lo es menos. Cuando dos periodistas de La Razón se acercaron a un grupo de los transportistas para contratar el servicio, nadie se movió. A regañadientes, uno aceptó el trato, para luego marcharse segundos después de haber dejado a los viajeros.
“El pueblo quedó tenso, con temor. Había mucha preocupación porque los comercios cerraron por tres meses, había poco ánimo. Todavía queda algo, después de un año. Porvenir no será el mismo”, lamentó otro lugareño.
El 11 de septiembre, funcionarios de la Prefectura pandina y del Servicio Departamental de Caminos se enfrentaron en Porvenir contra campesinos que marchaban hacia Cobija. El Gobierno aseguró, en ese entonces, que la multitud, de unas 1.200 personas —algunas con armas de fuego, según imágenes por televisión—, iban a participar en un ampliado; sin embargo, algunos comunarios dijeron que retomarían instituciones. El Ejecutivo aseguró que los marchistas iban desarmados.
La Policía del pueblo no hizo nada. Sin armas para contener a la muchedumbre, se replegó cuando ambos bandos empezaron a atacarse y un efectivo cayó herido. Algunos campesinos escaparon lanzándose al río Tahuamanu. Ese día murieron dos cívicos y al menos nueve comunarios.
Que no se hable de lo ocurrido no quiere decir que se olviden los hechos. “Uno lo recuerda y no lo olvida. Es algo que jamás se logrará borrar de la memoria, todavía se siente el miedo, hay esa desconfianza”, describe uno de los pobladores de esta ciudad que en el 2005 tenía 4.292 habitantes.
Un médico de la zona dijo que los hechos marcaron “por siempre al pacífico pueblo de Porvenir”. No sólo por los enfrentamientos, sino también por lo que vino después del estado de sitio, decretado el 13 de septiembre, cuando la región fue militarizada. Ese día Cobija lloró dos muertes.
“Lo que más duele son los niños huérfanos y las secuelas del estado de sitio”, añade el doctor.
Hoy, a casi nueve meses de levantarse la medida de excepción, todavía la presencia militar y policial intimida a los lugareños, reconocen tres de los consultados.
“Los cuarteles son más grandes. Allí (señala una nueva zona militar) era una casita donde dormían los soldaditos, ahora pasan instrucción y la hicieron más grande. Allá arriba (muestra una colina) tienen otro cuartel y bajan al (río) Tahuamanu a practicar. Todo está lleno de militares y policías, antes no era así, ya uno no puede andar tranquilo”, comenta una vecina.
Durante los tres meses que duró la medida del Gobierno, el pueblo registró cinco muertes naturales, “y lo triste era que los militares no nos dejaban velarlos, no permitían agrupaciones (por el estado de sitio)”, recuerda el médico con la mirada triste. “A mí se me murió un sobrino y no pude acompañarlo en sus últimos días en la tierra”, acota.
Los hechos de aquel 11 de septiembre también permitieron mejorar las condiciones del hospital San Martín de Porres. El nosocomio recibió una ambulancia nueva en octubre del año pasado y se reforzó su personal.
Según uno de los médicos del centro de salud, este año se creó una brigada móvil que recorre las zonas del municipio para vacunar y atender a las personas.
“A partir de los hechos del año pasado hasta esta fecha, el hospital ha tenido un cambio bonito. Nos atrevemos a decir que, aunque hubo los conflictos y enfrentamientos, el municipio mantiene su vigilia en cuanto a las enfermedades y esperamos más progreso”, añadió.
La situación que vivió Porvenir provocó, además, la migración de sus habitantes.
“La gente se mantiene pero no al cien por ciento, ya no es la misma de antes. Hay muchas personas que hablan en irse de acá, otras que ya se fueron. Hay casas en venta porque la gente quiere irse; el problema sigue, no tanto el año pasado pero sigue”, dice uno de los vecinos.
Ninguna persona consultada por este medio supo precisar el número de personas que migró. En todo caso, bastó caminar unas seis cuadras para ver carteles de “casa en venta” en tres viviendas.
Algunos hechos
Porvenir • Situado en la provincia Nicolás Suárez, tiene una superficie de 1.070 km2. Su principal actividad económica se centra en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y comercio.
Sucesos • Los sucesos se desencadenaron cuando personal de la Prefectura y del Servicio de Caminos interceptó a campesinos. El primer fallecimiento se produjo a las 5.00 en la zona de Tres Barracas.
Huida • Un grupo indeterminado de comunarios escapó al río Tahuamanu. Ahí los investigadores encontraron dos cuerpos. En los enfrentamientos de Porvenir murieron 11 personas.
Decesos • El 11 de septiembre, el hospital San Martín de Porres de Porvenir recibió a ocho personas fallecidas y atendió a más de 50 heridas, en pasillos y camillas improvisadas. Sólo contaba con una ambulancia.