Abogados del Gobierno analizan los pasos a seguir para evitar que el caso Rózsa pase a Santa Cruz. Agentes del Ministerio de Gobierno en la audiencia.
Decisión. La batalla entre jueces y fiscales de La Paz y Santa Cruz se agrava. Ayer, el Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal (cruceño) anuló la orden de aprehensión librada contra Branko Marinkovic por el fiscal paceño Marcelo Soza, prohibió que emita nuevas órdenes y dictaminó que el único que puede procesarlo es Luis Tapia Pachi, quien a su vez ganó una acción de libertad contra la orden de aprehensión emitida por otro fiscal paceño.
Fiscal cita a dirigente pandina a declarar en La Paz
Juez: en la Corte de Santa Cruz, Luis Tapia Pachi, habla por su celular mientras espera una audiencia
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La Prensa
Gobierno sufre revés judicial; la Corte cruceña anula 2 arrestos
TAPIA PACHI Y MARINKOVIC NO PODRÁN SER APREHENDIDOS Y SER LLEVADOS A LA PAZ
Abogados del Gobierno analizan los pasos a seguir para evitar que el caso Rózsa pase a Santa Cruz.
El Gobierno sufrió ayer un revés judicial, pues la Sala Penal Primera de Santa Cruz y el juez cruceño Jorge González Noya fallaron a favor de Luis Tapia Pachi y de Branko Marinkovic, respectivamente, quienes no podrán ser aprehendidos por órdenes de fiscales de otra jurisdicción.
Fuentes del Ministerio de Defensa Legal del Estado informaron que la titular de esa cartera, Cecilia Rocabado, se encontraba anoche reunida con su equipo jurídico para evaluar esta situación con la finalidad de decidir los pasos que darán para evitar que el caso Rózsa pase a Santa Cruz.
El abogado Boris Villegas, del Ministerio de Gobierno, explicó anoche a La Prensa que no estaba autorizado a divulgar información sobre el caso.
El magistrado Tapia Pachi y el ex líder cívico Marinkovic plantearon, por separado, acciones de libertad contra los mandamientos de aprehensión librados desde La Paz por los fiscales Prudencio Flores y Marcelo Soza, respectivamente.
La primera de tales audiencias, que resolvió el caso del juez, se ventiló hasta las 10.30 de ayer.
El Ministerio de Gobierno demandó a Tapia Pachi por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y leyes al haber asumido competencia en este caso.
La Sala Penal Tercera de Santa Cruz resolvió el miércoles 2 que Tapia Pachi debe “conocer, juzgar e investigar” los hechos relacionados con esa milicia.
La acción de libertad planteada por el magistrado tuvo su base en esa decisión judicial que, a su vez se asienta en una disposición de la Corte Suprema.
Por este fallo, el Gobierno solicitó, el 25 de agosto, autorización al Congreso para someter a juicio de responsabilidad a los magistrados Beatriz Sandoval, Rosario Canedo y José Luis Baptista, además de los conjueces Elizabeth Maldonado, Daysi Careaga, Eduardo Arteaga y Fernando Cuéllar.
Sin embargo, Soza planteó una acción de amparo contra Tapia Pachi, así como contra la juez Betty Yañíquez, quien remitió la investigación a la Corte Suprema para que resuelva el conflicto de competencia, y contra todos los vocales de la Corte Superior de Santa Cruz.
Este fiscal insiste en que, de acuerdo con la Ley del Ministerio Público y un fallo de la Sala Penal Tercera de La Paz, debe continuar la investigación abierta el 16 de abril, después de que dos unidades de élite de la Policía intervinieron en el hotel Las Américas, de Santa Cruz, donde abatieron a tres presuntos mercenarios.
El caso abierto por el Ministerio de Gobierno contra Tapia Pachi es investigado por el fiscal paceño Prudencio Flores, quien citó al magistrado cruceño para que prestara declaraciones informativas el jueves a las 10.00, pero a través de sus abogados expuso un recurso de exención de competencia.
Ese planteamiento fue ignorado por Flores, quien esa misma tarde emitió la orden de aprehensión respectiva.
Ayer, Tapia Pachi entró con demora en el salón en el que se llevó a cabo la mencionada audiencia. Denunció que afuera del Palacio de Justicia se había apostado un grupo de agentes con instrucciones de detenerlo.
Lamentó que Prudencio Flores y un ministro, a quien no identificó, hubieran “manifestado que no iban a dar curso a este hábeas corpus. Por lo tanto, los voy a esperar. Si ellos quieren llevarme, que me lleven”.
Dijo que otra ilegalidad es anunciar el propósito de no acatar una sentencia, pero “yo me mantengo firme en mi posición de que la jurisdicción y competencia del caso que estoy llevando corresponde, para bien o para mal, a Santa Cruz de la Sierra”.
Consultado sobre el tema, Flores sostuvo: “Extraoficialmente conozco que se interpuso una acción de libertad, pero no nos han notificado todavía con la resolución”.
“Tenemos entendido que el juez pide u observa que se debe corregir la forma en la que se emitió la citación. Han sostenido que existirían defectos de forma, pese a que han sido debidamente notificados con el inicio de investigaciones y se hizo tal comunicación al juez”.
Flores calificó a este recurso como “dilatorio”, porque corregirá los defectos si fuera necesario, aunque reiteró que espera ser oficialmente notificado con esa sentencia judicial.
Los magistrados paceños William Alave y Blanca Alarcón declararon el jueves 27 de agosto procedente ese amparo constitucional planteado por Soza, pese a que la Corte Suprema había derivado el tema a Santa Cruz.
Basado en esa decisión judicial, el Fiscal paceño reasumió su labor y citó a Marinkovic.
Entretanto, alrededor de las 18.30, el juez cuarto de sentencia Jorge González Noya, si bien declaró improcedente la acción de libertad planteada por el ex Presidente del Comité Pro Santa Cruz, dispuso que la única autoridad competente para procesarlo es el “juez jurisdiccional del caso Rózsa”, quien por decisión de la Corte de Justicia cruceña es Luis Tapia Pachi.
En consecuencia, quedó anulada la orden de aprehensión emitida por el fiscal paceño Marcelo Soza para que respondiera sobre su presunta participación en el llamado “Consejo Supremo” de la mencionada célula irregular de Rózsa Flores.
González Noya resolvió, además, que ni Soza ni otro fiscal de otra jurisdicción podrán emitir nuevos mandamientos de aprehensión en contra del empresario, facultad que es exclusiva de Tapia Pachi.
El llamado “testigo clave” de la Fiscalía, Ignacio Villa Vargas, el “Viejo”, involucró al cívico en sus declaraciones y posteriormente desapareció.
El fiscal Soza sostuvo que el Consejo Supremo de la milicia estaba formado por cinco personas: Rubén Costas, Branko Marinkovic, Mauricio Roca, Eduardo Paz y Germán Antelo, líderes de instituciones cruceñas.
Juan Manuel Arias, portavoz del ex líder cívico, informó a La Prensa que éste no se presentaría a declarar en La Paz.
Arias aseguró que su representado no abandonó el país pese a la persecución judicial a la que es sometido, aunque ayer no compareció a la audiencia en la que se analizó su pedido y fue representado por el abogado constitucionalista Jorge Asbún.
Fiscal cita a dirigente pandina a declarar en La Paz
Carmen Eva Gonzales, asesora del Centro de Acción Pandina, quien se encuentra en libertad bajo medidas sustitutivas en Cobija, recibió ayer una orden para que comparezca a declarar en La Paz en una investigación por los delitos de terrorismo, asesinato y masacre sangrienta.
La activista, quien es candidata a la segunda senaduría por Pando en las listas de la alianza opositora Plan Progreso para Bolivia-Autonomía para Bolivia (PPB-APB), recibió ayer el cedulón firmado por el fiscal paceño Eduardo Morales.
“Me dicen que debo presentarme en La Paz. Yo creo que detrás de esto hay una motivación política. Inclusive el jueves por la tarde hubo otra audiencia en la que los fiscales paceños intentaron que sea detenida preventivamente”.
Esa iniciativa judicial, dijo Gonzales, no prosperó, pero anoche no ocultó su temor ante la posibilidad de que sea aprehendida y llevada a La Paz.
“En la audiencia en la que fui beneficiada con medidas cautelares, los fiscales presentaron como pruebas unos videos en los que aparezco como curiosa de la toma de instituciones aquí en Cobija, aunque no se observa que participe activamente en esos hechos. Yo soy inocente de esos delitos”.
La dirigente dijo que dos fiscales provenientes de la sede del Gobierno se encuentran en la capital pandina, por lo que anotó que existe temor de que otras personas sean capturadas en las siguientes horas para ser llevadas a La Paz.
Gonzales no decidió aún si viajará La Paz, aunque por las medidas cautelares no puede hacerlo.
Justicia
El conflicto de competencias entre Santa Cruz y La Paz ha paralizado el caso Rózsa.
El Gobierno todavía no se pronuncia sobre las decisiones de la justicia cruceña.
El abogado Jorge Asbún representó ayer al empresario Branko Marinkovic en la Corte.
Justicia anula órdenes para detener a Marinkovic y juez
Un juez deja sin efecto la orden de aprehensión contra Branko Marinkovic emitida por el fiscal Marcelo Soza. La Corte Superior de Santa Cruz también anuló un mandamiento de aprehensión contra el juez Luis Tapia.
El Día
Sábado, 12 de Septiembre, 2009
El juez Cuarto de Sentencia, Jorge Gonzales, constituido en Tribunal de Garantías Constitucionales dejó ayer sin efecto la orden de aprehensión y la citación a un tribunal de La Paz emitidas en contra del ex presidente cívico, Branko Marinkovic, en la investigación sobre supuestos hechos de terrorismo derivados de la muerte de Eduardo Rózsa y dos de sus acompañantes en el hotel Las Américas.
El fallo emergió en una audiencia de “Acción de Libertad” planteada por Marinkovic en contra del fiscal paceño Marcelo Soza quien lo buscaba para aprehenderlo y conducirlo a La Paz no obstante que la Sala Penal Primera de la Corte cruceña declarara que el caso debería ventilarse en la jurisdicción de Santa Cruz, en el lugar donde ocurrieron los hechos.
La audiencia estaba fijada para las 17.00, sin embargo sufrió un retraso y estuvo a punto de no realizarse debido a ciertas observaciones de ambas partes.
El fiscal Marcelo Soza no asistió al Palacio de Justicia de Santa Cruz y envió un memorial señalando que no había sido notificado.
En el escrito señaló también que el juez Jorge Gonzales no tenía competencia para conocer el recurso de “Acción de Libertad” porque un fallo de la Sala Penal Tercera de la Corte de La Paz había declarado la competencia de la juez Betty Yañíquez para que las investigaciones se sustancien en la sede de Gobierno.
Decía también que el recurso de “Acción de Libertad” llamado antes hábeas corpus no es “subsidiario”, es decir reemplazante de otros recursos que se podían haber planteado ante alguno de los jueces que son considerados competentes.
Por su parte el abogado defensor de Marinkovic, Jorge Asbún, recusó al juez señalando que éste tenía enemistad con otro de los abogados patrocinantes.
Sin embargo, el juez Gonzales se declaró apto para llevar adelante la audiencia y decidió escuchar a las partes en conflicto.
El abogado Asbún explicó que su cliente está siendo perseguido en forma indebida por el fiscal Marcelo Soza que, amparándose en el fallo de la Sala Penal Tercera de la Corte paceña de fecha 27 de agosto, pretendió dejar sin efecto el mandato de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 14 de agosto, para que la Corte cruceña se pronuncie sobre el conflicto de competencias entre los jueces Luis Tapia de Santa Cruz y Betty Yañíquez de La Paz.
“Esa resolución de la sala paceña no afectó el fallo de la Corte Suprema, porque no la nombran como demandada en el amparo no obstante haberse emitido 13 días después cuando ésta ya se conocía”, explicó el jurista.
Poco después la Sala Penal Primera declararía que el juez competente es Luis Tapia.
Sin embargo, el juez Jorge Gonzales declaró improcedente el hábeas corpus porque en su criterio, el demandante debió haber acudido ya sea ante el juez Luis Tapia o ante la juez Betty Yañíquez demandando sus garantías constitucionales.
Pero como está en entredicho aún cuál de los dos jueces es el competente no se puede ejecutar ningún mandamiento de aprehensión ni citación, de modo que las órdenes emitidas por el fiscal Marcelo Soza quedan sin efecto hasta resolver el conflicto.
Agentes del Ministerio de Gobierno en la audiencia
A la audiencia de ayer no acudió el fiscal Marcelo Soza; sin embargo, se observó a varios funcionarios del Ministerio de Gobierno que llegaron hasta la sala del piso cuarto del Palacio de Justicia.
Los agentes portaban armas de fuego y hablaban por teléfono celular en forma constante.
Se vio inclusive que al iniciar la audiencia, uno de ellos prácticamente la transmitió al vivo a alguno de sus jefes que lo estaba escuchando.
Comentaron que la intención era ejecutar el mandamiento de aprehensión en contra de Marinkovic en el entendido que éste se haría presente en el acto.
Pero eso no ocurrió porque el ex cívico fue representado por su abogado Jorge Asbún, situación que es permitida, según establece el artículo 105 de la Constitución Política del Estado.
“Debemos valorar el fondo del fallo porque se ha dejado sin efecto el mandamiento de aprehensión y si es que el fiscal Soza insiste en ejecutarlo entonces cometerá un delito y tendrá que atenerse a él”, dijo el abogado Asbún, quien anunció que si persiste éste denunciará el hecho ante tribunales internacionales.
La Acción de Libertad es un recurso contemplado en la CPE cuando alguien se cree detenido o perseguido en forma ilegal.
CronologÍa legal
La Corte Suprema • El 14 de agosto del 2009 dispuso la remisión del expediente a Santa Cruz para que la Corte Superior resuelva el conflicto de competencias surgido entre el juez cruceño Luis Tapia y la paceña Betty Yañíquez.
La Corte de La Paz • En fecha 27 de agosto resolvió un amparo constitucional planteado por el fiscal Marcelo Soza que no afecta la resolución de la Corte Suprema de Justicia porque este tribunal no figura como demandado.
La Corte de Santa Cruz • En fecha 2 de septiembre da cumplimiento al fallo de la Corte Suprema y resuelve el conflicto de competencias, declara al juez Tapia de Santa Cruz como competente y deja fuera a la jueza Yañíquez de La Paz.