Trata. A una semana de la denuncia de Quispe, Argentina, Brasil y Bolivia reaccionaron. Bastó que una sola persona abra la boca para denunciar un caso de esclavitud para que se revele la existencia de por lo menos 115.000 bolivianos que están sometidos en talleres de costura de San Pablo y Buenos Aires.
Desaparecido. Nelly Flores denunció que uno de sus hermanos fue llevado a San Pablo por una agencia de empleos y que no aparece desde hace dos meses
Roberto Navia | El Deber
EL DEBER divulgó el pasado domingo el caso de Rafael Quispe Paco y su esposa, Angélica Contreras, que fueron vendidos como si se tratara de animales y después encerrados en un taller de costura de la metrópolis paulista. Desde entonces hubo un remolino de repercusiones en Bolivia, Argentina y Brasil.
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La Fiscalía del distrito de Santa Cruz, a través del fiscal de Seguridad Ciudadana, Joadel Bravo, abrió una investigación (la primera con carácter internacional) para dar con las mafias que trafican con seres humanos; la Policía del estado brasileño de San Pablo detuvo a dos bolivianos (padre e hijo) acusados de esclavizar a nueve de sus compatriotas. Además, el arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, cardenal Jorge Mario Bergoglio, exhortó a luchar para que no haya más esclavitud. El aparato consular de Bolivia en Brasil reforzó su apoyo a las víctimas, mientras que el diputado Wálter Arrázola anunció que llevará esta problemática a conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Con toda esa repercusión, una mujer se armó de valor para denunciar que uno de sus hermanos ha desaparecido en Paraguay y teme que haya caído en manos de los traficantes de personas, y otra mujer se ha puesto a buscar al hermano del adolescente Wálter Anave Zambraba, que mediante una carta enviada recientemente, burlando los controles, cuenta la difícil situación que vive en un taller de costura.
La consulesa de Bolivia en San Pablo, Rosa Virginia Cardona, dice que el caso denunciado por Quispe es sólo un botón de la larga chaqueta con que se encubren los que someten a por lo menos 15.000 bolivianos en esa ciudad. En Buenos Aires, los números son mayores. El cónsul de Bolivia, Alberto Gonzales, afirma que hay cerca de 20.000 talleres que no están en regla, donde se sabe están sometidos por lo menos 100.000 compatriotas.
Esta realidad no es ajena para la Iglesia católica de Argentina.
El arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio, se solidarizó con los que padecen situaciones de esclavitud y los exhortó a denunciar. «Nos quieren quitar la fuerza, nos quieren robar la dignidad, por eso, si nos juntamos, habrá menos esclavos. Vale la pena gritar, vale la pena luchar para que no haya más esclavitud», aseguró en una misa ofrecida en la plaza Constitución para mujeres rescatadas de redes de prostitución, víctimas de la explotación laboral, cartoneros y costureras salidas de talleres clandestinos. Alertó, además, que el mundo de la coima posibilita la trata de personas y la esclavitud en una ciudad que se acostumbró a descartar y excluir a sus habitantes.
Los consulados de Bolivia en Buenos Aires y en San Pablo coincidieron en que la solución no está solamente en cerrar los talleres de costuras ilegales, sino también en acortar la brecha que existe entre el precio de la prenda de vestir que se vende en una boutique ($us 40) y la miseria que se paga a un costurero, que en el mejor de los casos es de 15 centavos de dólar.
El diputado Wálter Arrázola dijo que está dispuesto a actuar de inmediato para aportar en la lucha contra la trata. “Llevaré la denuncia ante la ONU y viajaré a San Pablo para sentar la denuncia”, explicó. Tanto Arrázola como autoridades, y el mismo ex esclavo Rafael Quispe, consideran que no se puede admitir esta situación en pleno siglo XXI, sabiendo que la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud entró en vigor el 30 de abril de 1957.
Por ahora, los frentes de lucha contra esta problemática están concentrados en Santa Cruz, a través de la Fiscalía; y en San Pablo, donde la Policía de ese estado investiga a dos bolivianos que supuestamente sometían a nueve víctimas, dos de las cuales eran menores de edad.
Cronología
– El 2 de febrero de este año, los esposos Rafael Quispe y Angélica Contreras fueron trasladados a Brasil bajo la promesa de que en San Pablo trabajarían con un sueldo de $us 500.
– Atrás suyo iba el hombre que los contrató, ése que tan pronto pasaron la frontera les dijo que la empresa había quebrado y que debían someterse a otros oficios.
– Los Quispe denunciaron que en Ciudad del Este (Paraguay) fueron encerrados en un garaje con otros bolivianos y obligados a comer pan duro y carne en descomposición. Veinte días después fueron vendidos en $us 300, cada uno, y enviados a un taller de costura de San Pablo.
– Tres meses después, los Quispe saltaron de la segunda planta del taller de costura y se fueron en busca de ayuda. Estuvieron en el Consulado y en una iglesia. Una línea áerea les regaló los pasajes de retorno.
– El domingo pasado, EL DEBER reveló lo que los Quispe soportaron en San Pablo y a partir de ahí e generaron reacciones.
– La Fiscalía inició una investigación y el jueves la Policía de Brasil detuvo a dos bolivianos acusados de esclavizar a nueve compatriotas, dos de los cuales eran menores de edad.
Consejos
– Dude desde el primer momento en que alguien le ofrece un trabajo en el exterior, y peor si le prometen buena remuneración. Las ofertas no sólo se hacen de manera personal, sino también a través de anuncios radiofónicos.
– Cualquier propuesta laboral tiene que estar acompañada de un contrato desde el lugar de destino, puesto que se trata de una exigencia de todo Gobierno. Trabajar sin documentos lo hace más vulnerable a situaciones de sometimiento.
– Rechace cualquier pedido que le hagan de su documento de identidad para sacarle fotocopia. Puede que después utilicen el mismo para intimidarlo cuando esté en otro país. A la primera persona que hay que dar la denuncia ante cualquier sospecha, es a un policía.
– En la Fuerza Especial de Lucha contra El Crimen existe la Unidad contra la Trata y Tráfico de Personas que pueden empezar a investigar. En la Fiscalía también está la Unidad de Víctimas Especiales (UVE), que tocan temas relacionados con el tráfico de personas.
– Si ha sido explotado y por algún temor no ha denunciado, puede hacerlo. Si se encuentra en San Pablo o Buenos Aires y está indocumentado, no tenga miedo porque el no tener papeles no impide que las autoridades sancionen a las personas que someten a otras.
«Yo le dije a Quispe que denuncie en Bolivia»
Rosa Virginia Cardona / Consulesa de Bolivia en San Pablo (Brasil)
– El jueves la Policía brasileña detuvo a dos bolivianos acusados de esclavizar a nueve de sus compatriotas, ¿qué está haciendo el consulado para ayudar a luchar contra la trata de personas?
– Los que supuestamente estaban siendo sometidos son dos menores y siete mayores. Ellos han sido acogidos en una iglesia y el consulado está velando por sus derechos civiles y humanos. La Policía brasileña ha dicho que no se puede vivir y dormir en el mismo lugar ni trabajar 17 horas al día, que no se puede traer ilegalmente a las personas porque eso es un crimen contra la humanidad. El consulado tratará de mediar en este tema, porque desde hace varios años lo venimos denunciando.
– ¿Hace usted denuncias frecuentemente?
– Por instrucciones de la Cancillería estamos trabajando mucho en el área social. Sabemos que el tráfico de personas ingresa en Brasil por Cáceres y Foz de Iguazú.
– ¿Las detenciones en Brasil tienen que ver con las denuncias que hizo Rafel Quispe (dijo que fue esclavizado en San Pablo) en Santa Cruz?
– Esta denuncia fue por parte de los afectados. A Rafael Quispe, antes de que retorne a Bolivia, yo le he pedido que por favor denuncie y hagan conocer las falsas promesas de contrato y el viacrucis que sufren cuando los llevan por Asunción, los hacen dormir en los ómnibus una semana, hasta que se los compran como mercancías. Ellos son un botón de muestra de lo que está pasando aquí.
– ¿Cuál debe ser el camino a seguir para buscar una solución definitiva a este problema?
– En Santa Cruz se deben combatir los anuncios falsos. Segundo, verificar los transportes que son clandestinos. Son empresas irregulares sin autorización para hacer eso. Los hacen cambiar de buses para despistar a las autoridades. Luego, en San Pablo, los venden y sufren las consecuencias, son mal alimentados y mal pagados.
Este problema no es de ayer. Viene desde los años 80. Ahora se está combatiendo con más fuerza porque ha recrudecido y las autoridades estamos haciendo un esfuerzo mayor. La gente está teniendo más valor de enfrentar el problema, denunciarlo y luchar por sus derechos humanos.
«Trata, hija de la necesidad»
Alberto Gonzales / Cónsul de Bolivia en Buenos Aires (Argentina)
– ¿Hay algunas señales por parte del Gobierno argentino para terminar con este problema?
– En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Mauricio Macri ha elaborado una ley de emergencia y un programa que se denomina Buenos Aires Produce. El propósito es habilitar los talleres textiles que funcionan en esta jurisdicción y para ese fin han dispuesto una serie de plazos y requisitos que deben ser cumplidos. Hablando con los propietarios de talleres, las principales observaciones son en cuanto a la imposibilidad de los talleristas de declarar a su personal. Aseguran que no hay voluntad en los costureros para que le descuenten para aportes jubilatorios u obra social. Ellos quieren todo el dinero, aseguran. Eso y los precios que reciben que son tan bajos que para poner ‘en blanco’ a sus costureros necesitarían sacar dinero de sus bolsillos y poner en riesgo la continuidad de su emprendimiento.
Hemos planteado ante las autoridades del área de Trabajo de esta ciudad que, al margen de otros cuestionamientos, nos parece un error garrafal que la ley ponga todo el énfasis de la fiscalización y del control sobre los talleristas y sea complaciente y tolerante con los dadores de trabajo, es decir, con las grandes marcas y sus colaboradores, los fabricantes, que son quienes en realidad ponen los precios y, en definitiva, marcan las pautas en este mercado.
– ¿Qué puede hacer el Consulado?
– Tenemos jurisdicción para actuar de forma directa en contra de los que explotan a la gente o los reducen a la servidumbre. Es que tampoco sabemos dónde están los talleres. Cuando nos llega una información o una denuncia de un ciudadano, encaminamos la misma hacia los canales que dispone el ordenamiento jurídico argentino. A la par, acompañamos y hacemos un seguimiento de las causas donde se investigan estos delitos. Nuestro trabajo es más bien de concienciación entre nuestros compatriotas, informándoles por los medios que disponemos de la existencia de una serie de derechos y de leyes que deben observarse, tanto para los dueños de talleres como de los costureros.
Lamentablemente, es muy poco lo que se puede hacer desde nuestra burocracia estatal, en extremo lenta si se la compara con la dinámica y la velocidad que tiene este mercado de la indumentaria. Lo que se puede hacer siempre es poco ante la evidencia de que por un lado hay un empresario dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar un dólar y del otro hay un ciudadano dispuesto a dejarse hacer cualquier cosa con tal de ganar un dólar. Esto es lo que hace tan difícil pretender que sea el mercado por sí solo el que regule este descalabro.
La trata, la explotación, la esclavitud y la reducción a la servidumbre son todas hijas de la necesidad. Reitero, cuando se juntan en un mismo tiempo y espacio un mercado voraz que todo lo consume y del otro lado un ejército de mano de obra barata que no tiene más salida que ésta, pues pareciera que no hay forma de parar la rueda.
Éste es un problema de varios años
Rolando Villena/DDHH
La esclavitud de los bolivianos en Brasil y Argentina es un tema de varios años. Yo conozco esa lamentable realidad. Este problema no se soluciona por la falta de sensibilidad social de quienes contratan a los bolivianos y aprovechan que están indocumentados. La necesidad económica es lo que lleva a algunas personas a trabajar en talleres bajo condiciones de servidumbre. No se ha avanzado en materia de los derechos laborales de los migrantes. No puede ser que en Argentina tengamos a ciudadanos que no son reconocidos como tales.
El año pasado estuve en ese país y hablé con los representantes de los Derechos Humanos y les dije que hagamos una causa común para combatir este problema.
Tiene que haber un reconocimiento explícito de las Cancillerías para que se pueda regularizar esta situación. Estamos hablando de un problema que es necesario que sea abordado con prontitud.
Bolivia debe enviar una comisión
Hugo Siles/Analista
Al tratarse de una violación de derechos humanos, alteración de la vida misma de los ciudadanos y el sometimiento a condiciones inhumanas, Bolivia y Brasil, al tener relaciones diplomáticas, pueden incorporar en la agenda bilateral este tema. Si los gobiernos deciden llevar este asunto a niveles elevados de prioridades, esto puede generar una reacción para investigar y detectar las mafias.
De esa manera, ambos países pueden ayudar de manera más intensa y encontrar soluciones. Obviamente que Brasil y Bolivia suscribieron tratados que protegen los derechos humanos, pero eso no es suficiente.
El Gobierno puede llevar una comisión de alto nivel a Brasil, compuesta por sus representantes, por parlamentarios y por el Defensor del Pueblo.
Ésa sería una buena señal de que se quiere luchar contra la explotación laboral que viene ocurriendo en los talleres de costura de San Pablo.