Encarcelar a un juez sería la peor de las fechorías de este régimen que ha perdido toda noción de legalidad en sus actos de persecución.
Editorial El Día
Al MAS ya no le alcanza con perseguir a líderes cívicos y políticos y ahora quiere meter en la cárcel a un juez, cuyo único “delito” es exigir que se cumpla la ley y que se respete la competencia de los tribunales de Santa Cruz para investigar un supuesto delito que se habría cometido en la jurisdicción cruceña. Algo tan elemental como eso, que figura en la Constitución del “Estado Plurinacional” de Bolivia, es motivo de una persecución implacable, encabezada por jueces y fiscales de La Paz, quienes se han convertido literalmente en mercenarios al servicio del control político que ejerce el régimen de Evo Morales.
Deben existir muy pocos antecedentes sobre un caso así y si los hay, seguramente se encuentran en las páginas negras de las dictaduras militares, que llegaron a extremos de horror y muerte, justamente porque se encaramaron sobre las instituciones de la República, destruyeron todo vestigio de legalidad, combatieron a la justicia y se libraron de los instrumentos de control que cualquier sistema que busca la convivencia pacífica prevé para evitar abusos y asegurar la vigencia del estado de derecho.
¿Qué cambio se puede esperar con jueces recibiendo instrucciones del Ministerio de Gobierno y ejecutando acciones absolutamente políticas destinadas a despejarle el camino al Gobierno para consolidar un régimen absolutista, sin leyes, sin opositores, en definitiva, sin el contrapeso imprescindible en una democracia que se precie. Por supuesto que habrá cambio, pero el único camino que nos espera es algo parecido a Cuba, con cientos de encarcelados sólo por pensar distinto y exigir el respeto a la libertad.
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Encarcelar a un juez sería la peor de las fechorías de este régimen que al parecer, ya ni siquiera le importa la imagen internacional que tanto ha cultivado en los últimos años. Afuera comienzan a preguntarse por el insólito caso de un candidato a vicepresidente encerrado en una celda, detenido ilegalmente y sin debido proceso desde hace un año. Lo mismo ocurre con un postulante a legislador por Tarija, algo que no conmueve al presidente, quien hoy justamente recordará, a su modo, el hecho más violento de su mandato, urdido por sus inescrupulosos colaboradores. A propósito, la prestigiosa organización “Amnistía Internacional”, que entre sus lauros figura un Premio Nobel de La Paz, ha pedido una investigación imparcial de los sucesos del 11 de septiembre en Pando ya que considera que todo lo que se ha dicho e investigado hasta el momento son apenas versiones parcializadas y de dudosa credibilidad.
Muchos creían que los bolivianos que buscan preservar la vida y la libertad por encima de todo se habían agazapado en el temor que ha estado derrochando este régimen, pero afortunadamente se han renovado las esperanzas de poder lograr un equilibrio político y el sostenimiento de una lucha por la democracia. La oposición boliviana parece estar dispuesta a jugárselas para ponerle freno a la dictadura que consiguió consolidarse en Venezuela, justamente porque las distintas fuerzas de resistencia bajaron los brazos en el momento clave. La ciudadanía tiene derecho a luchar por la democracia y ya comienzan a verse señales muy claras.