La ministra de Defensa Legal de las Recuperaciones del Estado, Cecilia Rocabado, no está al cargo de hacer un seguimiento a la investigación de las actividades desarrolladas por la milicia liderada por Eduardo Rózsa Flores.
La autoridad explicó que no es parte de sus atribuciones esa tarea y que, en todo caso, corresponde hacerlo al Ministerio de Gobierno, que es parte querellante en el proceso mencionado.
La Prensa publicó ayer que fuentes del Ministerio de Defensa Legal informaron que la Ministra se encontraba reunida para considerar el caso, cuando en realidad fueron fuentes gubernamentales.
Sin embargo, apuntó, en su condición de abogada, que no existe el conflicto de competencias entre La Paz y Santa Cruz por el control jurisdiccional de la investigación.
“La esencia de los delitos cometidos tiene repercusiones en todo el territorio nacional. La secesión del país, que planteaba este grupo, hace que el juez natural sea cualquiera en toda Bolivia”.
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En una entrevista ofrecida al periodista húngaro Andras Keppes, Rózsa Flores reveló que había sido llamado para organizar la defensa de la ciudad y el departamento de Santa Cruz y, en su caso, crear un nuevo Estado.
Añadió que “hay una comisión de fiscales que trabaja en el caso y el Ministerio Público es único en todo el país”.
La decisión del juez cruceño Luis Tapia Pachi, basada en una solicitud formulada por el ex presidente cívico de Santa Cruz Branko Marinkovic, fue anulada por la Sala Penal Tercera de La Paz y como consecuencia de ello todos los actuados posteriores, incluidos los de la Corte Suprema de Justicia, quedan sin valor y anulados.
La autoridad se mostró ayer satisfecha por la decisión del juez cruceño Jorge González Noya, quien declaró improcedente una acción de libertad interpuesta por Marinkovic y ordenó que sea el juez jurisdiccional quien deba autorizar las citaciones.
“Esa autoridad, en mérito al fallo mencionado, es la juez Betty Yañíquez. Además, la acción de libertad resguarda el derecho a la libertad que tiene cada persona, pero al haber sido declarado improcedente implica que este derecho esté en riesgo para el recurrente Marinkovic”. La Prensa