El Órgano Ejecutivo no devolvió el video secuestrado a la red Unitel. Los policías agresores pertenecen a la UTARC, que depende del Ministerio de Gobierno.
• MARCHA EN SANTA CRUZ • Trabajadores de la prensa de la capital oriental marchan en la plaza principal. Rechazan las agresiones que sufren de parte de efectivos del orden. Fue ayer.
El Órgano Ejecutivo no devolvió el video secuestrado a la red Unitel. El Vocero de la Presidencia dice que “si ha habido un exceso”, los responsables deben ser castigados. El Primer Mandatario pide investigar este caso.
La Razón
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A más de 24 horas de que efectivos de la Policía dispararon y secuestraron una cámara y el video a un equipo de periodistas de la red Unitel de la ciudad de Santa Cruz, el Gobierno no identificó a los autores del hecho y tampoco devolvió la cinta sustraída.
El presidente Evo Morales, en conferencia de prensa en la capital oriental, condenó las agresiones contra los periodistas y medios de comunicación. “La Policía Nacional sólo tiene instrucciones a dar seguridad, no hay instrucciones para balear ni para matar. Está a cargo del Ministerio de Gobierno y de su Comandante de la Policía hacer profundas investigaciones”.
Al respecto, el director nacional de Prensa de la red Unitel, Juan Carlos Rocha, informó que hasta anoche no les devolvieron la cámara ni la cinta sustraídas. Agregó que ninguna autoridad del Ejecutivo se comunicó con el canal para informarles sobre el curso de las investigaciones, pese a que ya se presentó la denuncia.
La tarde del jueves, el reportero Alberto Ruth y el camarógrafo Francisco Vaca, ambos de Unitel, denunciaron que vehículos conducidos por policías chocaron deliberadamente contra el motorizado en el que viajaban, los golpearon y les ordenaron tirarse boca abajo para después disparar a las llantas del automóvil y quitarles la cámara.
El mismo día, en la plaza Murillo de La Paz, un grupo de periodistas trató de realizar una marcha de protesta, pero fue reprimido por efectivos del orden. Ambos hechos recibieron el rechazo de las entidades del gremio, políticos, cívicos, del Defensor del Pueblo y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, admitió que la actuación de los policías contra los periodistas “fue un abuso, un exceso en el uso de la fuerza. En esto tenemos que ser claros, ni el Ministerio de Gobierno, ni el Gobierno en su conjunto, menos este ministro, van a cargar con responsabilidades de gente que no hace bien su trabajo, o que lo hace poco profesionalmente, o incurre en el ejercicio ilegal y uso excesivo de la fuerza”. Agregó que lo sucedido “no debe dar lugar a una serie de especulaciones, cuyo único objetivo es perjudicar la imagen del Gobierno nacional. Se ha estado hablando que agentes del Gobierno hubieran realizado tal operativo, se habló de grupos parapoliciales y otras cosas; quiero desmentir categóricamente esas versiones”.
Especificó que el fiscal Carlos Fiorilo solicitó el auxilio de la fuerza pública para detener al agricultor Nelson Vaca Gutiérrez, acusado de tráfico de tierras e invasión de propiedad fiscal. “La Policía boliviana destinó a efectivos especializados en neutralizar a elementos peligrosos, delincuentes de alta peligrosidad. Esos efectivos policiales, por los informes preliminares que recibimos, se tratarían de efectivos policiales correspondientes a la ciudad de La Paz”.
En la mañana, el vocero presidencial, Iván Canelas, aseguró que el Gobierno ordenó la indagación de los sucesos que se produjeron en la detención de Vaca y que derivaron en agresiones contra dos periodistas.
“Hemos pedido una investigación para establecer las causas, las razones, qué es lo que ha ocurrido, por qué se ha actuado de esa manera y vamos a pedir después de ese informe, si el caso lo amerita, un sumario informativo para que se establezca responsabilidades, y si hay que emitir sanciones, que se emitan las sanciones. Nos parece que sí ha habido un exceso, los responsables deben ser castigados”, dijo.
Canelas aseguró que el Ejecutivo garantiza el desempeño de las labores periodísticas en el país y que siempre se protestará enérgicamente por este tipo de actuaciones irregulares. Indicó que se deben pagar los destrozos ocasionados.
Desde la ciudad de Sucre, el fiscal general, Mario Uribe, instruyó a las fiscalías de Santa Cruz y La Paz iniciar la investigación inmediata sobre las agresiones a los periodistas de la red Unitel.
“Ante la probable comisión de delitos se instruye disponer la apertura de la respectiva investigación penal, debiendo coordinar para dicho efecto ambas fiscalías de distrito”, señala el instructivo que fue emitido la tarde de ayer por la Fiscalía General.
“La Policía sólo tiene instrucciones a dar seguridad, no hay instrucciones para balear ni para matar”.
EVO MORALES, presidente de Bolivia.
“Ningún funcionario del Ministerio de Gobierno participó en la ejecución en el mandamiento de aprehensión”.
ALFREDO RADA, min. de Gobierno.
Hay malestar en el Alto Mando de la Policía
La Razón
AGRESIÓN.En el Alto Mando Policial hay malestar por la posición que asumió el Ejecutivo frente al ataque armado que sufrió un equipo de prensa de la red Unitel, debido a que los efectivos que agredieron a periodistas pertenecen a la Unidad Táctica de Articulación, Reacción y Control de Crisis (UTARC), que depende del Ministerio de Gobierno y no del Comando de la Policía, según una fuente allegada a esa institución.
Esta unidad, según la fuente, estaría al mando de un familiar de un senador del MAS.
Efectivos de la UTARC, considerada una unidad de élite, participaron en el caso del presunto terrorista Eduardo Rózsa, en Santa Cruz. También se encargarían de dar seguridad a presidentes, debido a su entrenamiento.
Esta información coincide con la declaración emitida por el camarógrafo de la red Unitel Francisco Vaca, que fue agredido. Él indicó que vio la cara de un efectivo que disparó y que podría reconocerlo, porque era parte del grupo de avanzada de la seguridad presidencial.
Piden sancionar también a los que dieron órdenes
CONDENA • Organizaciones de prensa, de derechos humanos y cívicas exigen castigar a los agresores de periodistas y a quienes les ordenaron.
• AGRESIÓN EN LA PAZ • Los trabajadores de la Prensa de La Paz no pudieron marchar en la plaza Murillo el jueves.
La Razón
Los representantes de la prensa, el Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y organizaciones sindicales, cívicas y políticas condenaron ayer las agresiones cometidas contra periodistas en Santa Cruz y La Paz y exigen sanciones contra los autores de los ataques y contra quienes ordenaron los operativos.
El jueves, en la capital oriental, policías dispararon contra periodistas de la red Unitel que cubrían una detención, destrozaron la cámara y se llevaron el video. En La Paz, una marcha de reporteros fue reprimida en la plaza Murillo.
Al referirse a la agresión en Santa Cruz, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Javier Zeballos, sostuvo que la entidad condena la “violencia desatada por efectivos de la Policía que obró de una forma brutal”. Explicó que el hecho es delictivo, porque robaron la cámara del canal de televisión. También pidió sancionar a los responsables.
El secretario general de la Asociación de la Prensa de La Paz, Antonio Vargas, anunció que ante las constantes agresiones que sufren los periodistas, “nuestra reacción ya se reflejará en una carta, que probablemente ni la lean. Vamos a tomar una medida enérgica, nos articularemos con otras organizaciones y haremos nuestra protesta en los foros nacionales e internacionales”.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, obispo Rolando Villena, sostuvo que preocupa la violación a los derechos humanos y libertad de expresión que ejerce la Policía contra la prensa, lo que enrarece el clima social y político del país. Por ello pidió que se sancione incluso a quienes ordenaron el operativo.
El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Boris Quisberth, luego de pedir garantías para el trabajo de su gremio, informó que envió cartas a autoridades del Gobierno para solicitar información sobre los autores de la agresión en Santa Cruz.
El Comité Cívico pro Santa Cruz y la brigada parlamentaria de esa región también condenaron el “atentado criminal contra dos periodistas. Lo acontecido ayer en La Paz y Santa Cruz demuestra que en Bolivia no hay estado de derecho”, sostuvieron.
En La Paz, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que se reunirá la tarde del martes 8 con representantes de la ANP.
Puntos de vista
“Que destituyan a la autoridad”
Juan Javier Zeballos.
Director Ejecutivo de la ANP
“La Asociación Nacional de la Prensa exige al Ministro de Gobierno y al Comandante de la Policía Nacional tomar las medidas necesarias para castigar no sólo a los actores materiales de estos actos de violencia, sino a quienes impartieron la orden. Se debe determinar cuál fue la autoridad que dio la orden para que se lo destituya y qué policías cumplieron las órdenes para que sean sancionados porque nadie puede ser obligado a hacer algo que es ilegal”.
“Los policías no actúan solos”
Antonio Vargas
Strio. Gral. de Periodistas de La Paz
“No sólo debe haber una sanción para los policías que hubieran hecho esto, debe haber una sanción y una destitución de las autoridades que ordenaron la agresión porque los policías no actúan por sí solos. Alguien les da la instrucción y ese alguien debe presentar su renuncia en las próximas 24 horas por un respeto a la ciudadanía. Esta es una vulneración de los derechos constitucionales y los derechos humanos, además un atropello al trabajo de cobertura de la prensa”.
“Si hay una queja, se investigará”
Rielma Mencias
Defensora del Pueblo interina.
“El disparar contra periodistas es un abuso y un exceso inadmisible, porque se ha puesto en riesgo la vida de personas. La Policía no necesita adoptar este tipo de métodos, más aún cuando pudo identificar que quienes estaban dentro del vehículo eran periodistas. No corresponde que el uso de la fuerza se haga de esta manera. Esto merece una investigación dentro de la propia institución, y si los periodistas presentan una queja sobre la agresión, esto se puede investigar”.
El Gobierno no muestra a los que balearon
Promete sanciones, pero no identifican a los agentes que balearon a periodistas de Unitel.
EL DÍA
Sábado, 5 de Septiembre, 2009
Distintos actores de las organizaciones civiles cruceñas rechazaron ayer las agresiones cometidas por un grupo de supuestos funcionarios del Ministerio de Gobierno contra un equipo de prensa de la Red Unitel que cubría el jueves pasado el secuestro de un ganadero que fue trasladado desde Guarayos hasta La Paz.
Después de un día que el gobierno nacional prometió una drástica sanción contra los responsables del hecho, además de identificarlos, no hay ningún nombre.
El presidente nacional del Colegio de Abogados, Edwin Rojas, calificó como una agresión brutal contra la libertad de expresión el accionar de policías paceños en Santa Cruz que golpearon al equipo de prensa, balearon la cámara y robaron la cinta. “El Ministerio Público debe iniciar una investigación y como los agresores son funcionarios públicos, éstos deben ser identificados”, sentenció el abogado.
Su pedido tuvo eco en el fiscal de Distrito, Jaime Soliz Phiel, que se comprometió y delegó al fiscal Mario Mercado para que inicie una investigación contra los policías paceños que actuaron de forma violenta. “Si bien el hecho corresponde a Warnes, será indagado por un fiscal. Lo que buscamos es dar las garantías a la libre expresión”, precisó el fiscal titular.
El ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa, Hernán Cabrera, indicó que enviaron un memorial al Ministerio de Gobierno exigiéndole condiciones de trabajo para el desempeño de la función periodística.
A su vez, la Defensora del Pueblo, Sonia Soto, le pidió al Gobierno interés para esclarecer y sancionar a los responsables, calificando la agresión como un atentado a la libre expresión y la democracia.
El presidente del Comité Cívico, Luis Núñez, fue más enérgico y dijo que el Gobierno no respeta las leyes ni los derechos de las personas. “Está decidido a acallar las voces de la prensa a punta de balas, por eso está aplicando el terrorismo de Estado a través de algunos malos jueces, malos fiscales, malos policías y malos militares”, enfatizó a tiempo de anunciar que retomarán las marchas en las calles para hacerse escuchar.
Mientras tanto, el diputado del Movimiento al Socialismo, Antonio Torrico, indicó que el accionar policial fue un abuso exagerado de los policías, pues a criterio de él no hubo necesidad del uso de la fuerza. “Debemos averiguar quién dio la orden y si no la hubo se debe sancionar a esos policías que exageraron en el cumplimiento de sus funciones”, puntualizó.
Varios equipos de prensa en la ciudad de La Paz se apersonaron ayer hasta el Comando Nacional de la Policía para exigir explicaciones al general Víctor Hugo Escóbar, pero éste manifestó que no iba a brindar ninguna declaración sobre el tema.
Los que sí entraron en contradicciones por la violencia empleada tanto en la detención del ganadero Nelson Vaca Gutiérrez y las agresiones al periodista Alberto Ruth y el camarógrafo Francisco Cuéllar, fueron el fiscal paceño Carlos Fiorillo y el ministro de Gobierno, Alfredo Rada. El primero dijo que actuó a denuncia del Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, y Rada aseguró que el accionar policial estaba bajo la responsabilidad del fiscal Fiorillo.
El Gobierno anuncia sanciones contra responsables
El Gobierno lamentó, ayer, la violencia con la que actuaron algunos policías en contra de periodistas paceños y cruceños, y anunció que se realizará un sumario informativo para establecer «drásticas» sanciones contra los uniformados, informó el vocero del Gobierno, Iván Canelas.
Canelas, quien negó que el Ejecutivo haya autorizado la agresión contra un grupo de periodistas del canal 18, el quincenario Hora 25 y dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, reiteró que el Gobierno garantiza la labor de los periodistas y se preocupa cuando ocurren este tipo de acciones, a las que calificó de «actitudes aisladas de algunos efectivos que acuden a la violencia en vez del diálogo». «Vamos a exigir al Ministerio de Gobierno si ha habido excesos que los responsables sean castigados de acuerdo con las normas. Vamos a esperar ese informe y pediremos que no sólo se devuelva (la cinta de video secuestrada por los agentes del Ministerio de Gobierno) sino que si ha habido destrozos que se paguen los destrozos», aseveró / ANF
pronunciamiento
Prefectura • Le envió una carta al comandante de la Policía, Johnny Vargas, para que presente un informe de los excesos policiales que fue objeto un equipo de Unitel.
La Policía • El coronel Johnny Vargas dijo que sus policías no participaron de este hecho sino vinieron efectivos de la ciudad de La Paz.
testimonio
‘Los puedo reconocer’
Alberto Ruth, periodista
El periodista del área policial, Alberto Ruth, aseguró ayer que puede reconocer a los tres supuestos funcionarios del Ministerio de Gobierno que lo agredieron. “Si me los muestran los puedo reconocer, además que los he visto brindando seguridad al presidente Evo Morales. Sé que son de su seguridad”, sostuvo el periodista. El comunicador espera que el Gobierno identifique y sancione las agresiones sufridas de parte de este grupo especial que vino desde la ciudad de La Paz.
El ganadero secuestrado irá hoy ante el juez
El Ministerio Público de La Paz anunció para hoy a las 9.00 la audiencia cautelar del ganadero Nelson Vaca Gutiérrez por sedición y acción pública en tierras en la comunidad Tierra I en el cantón San Andrés de la provincia Marbán de Beni. Vaca fue secuestrado violentamente por policías del Ministerio de Gobierno cuando se encontraba en una propiedad en Guarayos.
La Policía confirmó que el acusado llegó ayer a las 9.30 a la Felcc de La Paz donde estuvo incomunicado y se abstuvo de declarar ante el fiscal Carlos Fiorillo. Un hecho que llamó la atención fue que el director departamental de tierras propuesto por el MAS, Bienvenido Sacú, dijo estar dolido con el Gobierno por la forma cómo actuaron contra el ganadero.
Repudio general por agresiones a la prensa
Violencia. Organizaciones periodísticas, políticos oficialistas, opositores y otras autoridades rechazaron el ataque a un equipo de la red Unitel y la represión policial a informadores en la sede de Gobierno
Denuncia. Periodistas de varios medios protestaron en las calles por el atentado cometido en contra del equipo de Unitel
El Deber
F. Lacio / M. Chuquimia
El repudio fue total. Diversas organizaciones, medios y autoridades, en todo el país, condenaron unánimemente las agresiones de las que viene siendo objeto el gremio de la prensa, a raíz del ataque a un equipo de la red televisiva Unitel y de la represión sufrida por informadores paceños en la sede de Gobierno.
El jueves, en la plaza Murillo, un grupo de periodistas fue reprimido y golpeado por policías de la UTOP, que es la unidad que resguarda la principal plaza en La Paz; ese mismo día, en Santa Cruz, un operativo policial terminaba en una balacera que involucró a un periodista y un camarógrafo de la red Unitel.
La protesta en tierra cruceña fue dirigida por la Federación de la Prensa. Periodistas de medios impresos, radiales y televisivos, acudieron en gran número a una concentración efectuada, a mediodía, frente al edificio del Comando Departamental de Policía.
Los participantes del acto lanzaron duras críticas contra las autoridades de Gobierno y, en especial, contra la Policía. Un camarógrafo utilizó un casco que llevaba impresa la leyenda “Soy prensa, no me disparen”, mientras otros colegas suyos pedían garantías para desarrollar su labor.
El ejecutivo del gremio, Hernán Cabrera, anunció el inicio de acciones legales contra los autores intelectuales y materiales del ‘violento atentado’ a los reporteros Alberto Ruth y Francisco Cuéllar, que fueron interceptados por un grupo de élite policial cuando realizaban un seguimiento al traslado de un detenido en Guarayos hacia La Paz.
A su vez, la organización sindical determinó encarar una estrategia conjunta de acciones a nivel de la Confederación de la Prensa, para concretar medidas que generen mejores condiciones y garantías constitucionales para el ejercicio de la labor periodística. También se decidió llamar a una conferencia nacional de emergencia para dirigentes de la prensa, a fin de analizar el caso.
La protesta de los informadores cruceños hizo eco en otros departamentos. Periodistas paceños, cochabambinos y chuquisaqueños, mediante sus organizaciones sindicales y profesionales, emitieron sendos pronunciamientos, condenando las agresiones a sus colegas cruceños y, solidarizándose con los reporteros atacados, exigieron que se procese y se dé de baja a los uniformados involucrados en el atentado.
El fiscal de distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz, designó al fiscal Mario Mercado, para que investigue el violento ataque a los periodistas y reprochó la actitud de los agresores.
Desde el Comité pro Santa Cruz, calificaron el suceso como un atentado criminal contra la humanidad de los periodistas. “Estamos peor que en las dictaduras militares. Este Gobierno, que no respeta las leyes ni los derechos de las personas, está decidido a acallar las voces de la prensa a punta de balas”, señaló el comunicado del organismo cívico.
Las críticas tampoco se hicieron esperar en otras esferas. Desde La Paz, el diputado por el MAS Jorge Silva dijo que el exceso del que fueron víctimas los periodistas es reprochable desde cualquier punto de vista.
El ex defensor del pueblo Waldo Albarracín dijo que los hechos que se produjeron en Santa Cruz no son una simple agresión a los comunicadores, sino que se trata de un delito y que la Fiscalía debería iniciar una investigación sobre esos sucesos.
Mientras los gremios de periodistas exigían sanciones contra los agresores a sus afiliados, el vocero presidencial, Iván Canelas, dijo que estos ataques son “aislados” y la justicia en La Paz dejaba en libertad a uno de los alborotadores contra los medios.
Ayer, la justicia paceña dejó en libertad a Adolfo Cerrudo, dirigente vinculado al denominado Comité Cívico Popular y que protagonizó agresiones a los comunicadores.
El Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que luego del informe que solicitaron a la Policía se podrían producir “cambios” en la institución, porque afirmó que esta cartera no cargará con las responsabilidades de los agresores.
Morales ofrece garantías a periodistas
El presidente Evo Morales, de paso por Santa Cruz, prometió garantías para el trabajo de la prensa boliviana, tras criticar el ataque de unos policías que dispararon ayer a los periodistas de la red Unitel.
“Rechazo esas agresiones, no solamente a los medios de comunicación, sino a cualquier ciudadano, de parte de algunas instituciones del Estado. La Policía Nacional sólo tiene instrucciones de dar seguridad y no para matar ni para balear”, dijo el mandatario.
Morales agregó que el Ministerio de Gobierno y el Comando Nacional de la Policía tienen la instrucción de realizar ‘profundas investigaciones’ para establecer por qué se produjeron las agresiones.
Aún con las garantías ofrecidas, el Presidente dijo que el principio de “este tipo de problemas” se originó a raíz de los enfrentamientos por la toma de instituciones cruceñas, por parte de ‘jóvenes impulsados por el Comité Cívico’.
“Nadie se quiere justificar. Se tiene que investigar…. repudiamos (el ataque) por supuesto. Lo lamentable es que, a veces, no se condenan cuestiones mucho más graves, como resultados de masacres”, dijo el mandatario.
Comité llama a directores para analizar el tema
El presidente del Comité Cívico, Luis Núñez, anunció una reunión ampliada de directorio de la entidad cívica, con la única finalidad de analizar la situación de la libertad de expresión en el país, a raíz de la agresión sufrida por un equipo periodístico de Unitel.
La cita se realizará a las 18:00 del próximo martes, para “tratar como único tema este principio fundamental, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de todos, porque es la base de la democracia”, señaló el titular cívico.
El presidente cívico indicó además que el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos denunciará el hecho ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros organismos, a escala internacional.
Núñez se reunió ayer con el ejecutivo de la Federación de la Prensa, Hernán Cabrera, y el representante de la Asociación de Periodistas, Hugo Salvatierra, para analizar el atentado a los periodistas de Unitel. Para la reunión del martes, se ha previsto cursar invitaciones especiales a los titulares de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y del Colegio de Comunicadores de Santa Cruz.