Los hilos de la trama «terrorista» llegan al Palacio Quemado. Una trampa montada con el respaldo de la embajada de Venezuela, para comprometer a algunos incautos cruceños.
Los cuerpos de los tres supuestos terroristas acribillados el 16 de abril en el Hotel Las Américas en Santa Cruz
Desde un principio se sabía que el “caso terrorismo” que es utilizado como instrumento político contra la oposición, tenía contornos muy oscuros que hacían suponer la existencia de una siniestra conspiración; una trampa en la que posiblemente cayeron algunos incautos a los que el gobierno hará pagar muy cara su ingenuidad.
Las fotografías publicadas en varios medios de comunicación hacen que se deba retomar esta tesis. Nos referimos a la fotografía en la que aparecen sonrientes y distendidos, Eduardo Rozsa, Ignacio Villa Vargas (El Viejo) y nada menos que el jefe de la supuestamente desaparecida Utarc, capitán Walter Andrade.
No es fácil deducir el por qué el jefe de la unidad antiterrorista gubernamental comparte muy amigablemente precisamente con alguien que ha sido sindicado de intentar montar una compleja estructura terrorista con fines separatistas y que finalmente fue acribillado sin contemplaciones por el grupo al mando de la persona con quien compartió unos tragos meses atrás.
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En principio se podría decir de que es posible se haya tratado de una inteligente e intrépida labor de infiltración en que valientemente participó el propio jefe de la Utarc. Sin embargo existen elementos que hacen poco creíble esta tesis: la foto, según registra la cámara, data del año 2007 y podríamos suponer que la Inteligencia del Estado ya conocía de las actividades de este grupo. No obstante no hicieron nada para impedir que se perpetraran atentados contra la casa del cardenal Julio Terrazas y otros atribuidos al grupo de Rozsa.
Foto 2007: Villa Vargas(izq), Rozsa (centro) y Andrade(der). A la derecha otro foto de abril 2009, son los efectivos de la Utarc, entre los que estaba el policía Andrade el día en que ejecutaron a Rosza y su grupo.
Por otra parte, la tesis de la infiltración implica que se conocía de manera puntual las actividades y a los miembros del grupo lo que hubiera permitido una actuación menos violenta que la realizada en el hotel Las Américas. También es probable que de haber sobrevivido, Rozsa hubiera aportado muchos datos que habrían ayudado a desarticular esa supuesta conspiración contra la unidad nacional, sin embargo, se prefirió mandarlo sin más trámites al otro mundo porque ¿había algo que no se quería que se desvele o se diga?
No está demás recordar que El Viejo, fue el “testigo clave” del fiscal Marcelo Soza, quien sobre la base de sus declaraciones montó todo ese mamotreto judicial que se le hace cada vez más insostenible más si se toma en cuenta que su testigo se retractó de sus afirmaciones y se refugió en Argentina luego de denunciar que fue torturado y presionado para decir todo lo que dijo.
Existen, por tanto, varios elementos que refuerzan la tesis de que se trató de una “operación encubierta” montada desde el gobierno, con el respaldo de la embajada de Venezuela, para comprometer a algunos ilusos cruceños en afanes terroristas y separatistas.
Está comprobado que la embajada de Venezuela compró pasajes en cinco oportunidades para el desplazamiento fuera y dentro del país de un tal “Jorge Hurtado” que coincidentemente era el alias con que se movilizaba Eduardo Rozsa Flores. Se trata de un aspecto que ha sido soslayado sistemáticamente por el oficialista fiscal Marcelo Soza a cargo de la investigación del “caso terrorismo”.
Sosa dijo que se quería identificar a quienes financiaban al grupo de Eduardo Rozsa pero desechó de manera taxativa este elemento, lo que nos induce a pensar que sabía a donde podría conducir este hilo y prefirió hacerse de la vista gorda y seguir por la senda que se le había marcado en el libreto elaborado por el palacio de Gobierno y el despacho del ministro Rada.
Dado los antecedentes, no hay que esperar que durante el actual gobierno se llegue a la verdad de este escabroso caso, pero si es evidente que a despecho de los esfuerzos gubernamentales para ocultar los hechos, la verdad ira surgiendo paulatinamente, más si a los miembros de la Utarc no les ha caído bien que toda la responsabilidad del operativo en el que se disparó contra el equipo de prensa de la red Unitel haya sido cargada sobre sus espaldas por el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, quien, como Pilatos, se apresuró a lavarse las manos, pese a que dicha unidad no daba un paso sin su autorización.