El fiscal Marcelo Soza desacata el fallo que da a un juez cruceño la jurisdicción del caso Rózsa y anuncia la aprehensión de Branko Marinkovic para que declare en La Paz. Los juristas ven una persecución ilegal y preparan una Acción de Libertad.
Branko Marinkovic
EL DÍA
Sábado, 5 de Septiembre, 2009
El fiscal que investiga el caso de presunto terrorismo, Marcelo Soza, anunció que mandará a aprehender al ex cívico cruceño, Branko Marinkovic, porque éste no se presentó a declarar a La Paz. Declara ilegal y desconoce el fallo de la Corte Superior que reconoce la jurisdicción a un juez cruceño.
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“Cuando una orden se emite en forma dolosa e ilegal se convierte en persecución”, dijo el ex presidente del Tribunal Constitucional, Wilman Durán, al señalar que el fiscal está desconociendo la resolución de la Corte Superior de Santa Cruz que declara competente al juez cruceño Luis Tapia Pachi y deja sin competencia a la juez paceña Betty Yañíquez.
Marinkovic fue citado para que se presente a declarar el viernes a las 9 de la mañana en La Paz, y no acudió. Su abogado, Alaín Canedo, dijo haber “representado” a Soza por la citación ilegal en la que no reconoce a La Paz como la jurisdicción para investigar el caso por resolución de la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Santa Cruz.
Soza dijo que el argumento del ex cívico y empresario cruceño para justificar su ausencia no es legal y ratificó que la competencia para investigar el caso de la desarticulación del supuesto grupo terrorista se encuentra en La Paz.
La autoridad del Ministerio Público anunció que ya envió este mandamiento a Santa Cruz; sin embargo, el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, coronel Miguel Gonzales, dijo anoche a las 19.00 que “no ha recibido nada”. El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, afirmó que existen recursos legales a los que pueden acudir los abogados de Marinkovic para hacer valer sus derechos, como por ejemplo una “Acción de Libertad” o en su defecto un juicio penal por persecución ilegal amparados en el Código Penal o en la Constitución Política del Estado.
Sobre el tema, el presidente Evo Morales respondió que “es la justicia la que debe investigar y dar un veredicto en torno a lo que pasó en el hotel Las Américas”, cuando fue consultado sobre las contradicciones y las denuncias en el sentido que el supuesto cabecilla, Eduardo Rózsa, y dos acompañantes fueron ejecutados por la Policía.
También dijo que “el que nada tiene nada teme” e indicó que Marinkovic debe presentarse.
Sin embargo, el abogado de Marinkovic, Jorge Asbún, señaló que éste no tiene problemas en presentarse, pero en Santa Cruz, donde debe realizarse la investigación.
AUTORIDADES CALIFICAN DE ILEGAL ORDEN EMITIDA POR SOZA
ROSARIO CANEDO
Ministra de la Corte Suprema
“Está vigente y no ha sido demandado por nadie el fallo de la Corte Suprema que dispuso que Santa Cruz resuelva el conflicto de competencias entre dos jueces y que determinó que el juez Luis Tapia Pachi de Santa Cruz es el competente”.
EDWIN ROJAS
Pdte. del Col. Nal de Abogados
“El fiscal Soza se ha equivocado de jurisdicción al citar para que vayan a La Paz porque es Santa Cruz donde debe investigarse el caso como lo determinó un fallo de la Corte Superior, además porque aquí ocurrió el hecho, viven los imputados y están las pruebas”.
WILMAN DURÁN
Ex Pdte. del Tribunal Constitucional
“La orden de aprehensión emitida por Soza contra Marinkovic es dolosa porque sabe que no tiene competencia y eso se transforma en una persecución indebida que tiene cárcel, según el Código Penal y la Constitución Política del Estado”.
Arias: ‘Es por ser autonomista’
Juan Manuel Arias, vocero de la familia Marinkovic, dijo ayer que desde hace tres años y medio que el Gobierno de Morales persigue a Branko por ser autonomista, defender la democracia y la libertad.
En ese sentido, dijo que responderá con más producción y empleo a la cacería que ha iniciado el fiscal Marcelo Soza por encargo del Gobierno.
Señaló que las acusaciones sobre terrorismo son falsas y no tienen ningún asidero y lo único que sucede ahora es que el caso se ha politizado y por eso es la persecución.
CronologÍa legal
La Corte Suprema • El 14 de agosto del 2009 dispuso la remisión del expediente a Santa Cruz para que la Corte Superior resuelva el conflicto de competencias surgido entre el juez cruceño Luis Tapia y la paceña Betty Yañíquez.
La Corte de La Paz • En fecha 27 de agosto resolvió un amparo constitucional planteado por el fiscal Marcelo Soza que no afecta la resolución de la Corte Suprema de Justicia porque este tribunal no figura como demandado.
La Corte de Santa Cruz • En fecha 2 de septiembre da cumplimiento al fallo de la Corte Suprema y resuelve el conflicto de competencias, declara al juez Tapia de Santa Cruz como competente y deja fuera a la jueza Yañíquez de La Paz.
delitos
Hay penas de hasta 3 años • A quienes con abuso de autoridad priven de libertad a los ciudadanos. (292 Código Penal)
Acción de Libertad • Se plantea cuando alguien cree estar ilegalmente detenido o perseguido. (125 CPE)
Soza ordena detener a Marinkovic
Proceso. Sus abogados interpondrán una acción de libertad ante la Corte Superior de Distrito
El Deber
Pablo Ortiz
El fiscal asignado al caso Rózsa, Marcelo Soza, emitió una orden de detención contra Branko Marinkovic, que no se presentó a declarar ayer en La Paz. Alaín Canedo, abogado del ex presidente cívico cruceño, presentó un memorial ante el Ministerio Público, fundamentando que la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz había definido la jurisdicción del caso de supuesto terrorismo, por lo que no corresponde que vaya a declarar a la ciudad sede de Gobierno.
Sin embargo, esto no disuadió a Soza de emitir la orden de captura, que en la tarde fue enviada a la Policía de Santa Cruz para que cumpla con el mandamiento de apremio. Soza considera ilegal el fallo cruceño y cree que la jurisdicción fue resuelta por la Sala Penal Tercera de La Paz, que otorgó la competencia a la jueza Betty Yañíquez.
Para el fiscal paceño el tema de la captura de Marinkovic es un caso cerrado y anunció que se dedicará a declarar en rebeldía a los abogados Hugo Achá, Alejandro Méndez y Alejandro Brown, entre otros investigados que no han sido encontrados en el país y que luego dispondrá la incautación de sus bienes.
También ratificó que existen las suficientes pruebas como para ampliar la acusación de terrorismo a alzamiento armado. Considera que los mapas encontrados en la Feria Exposición, que fue requisada la madrugada del 16 de abril, luego de que la Policía matara a Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer en el hotel Las Américas, son pruebas.
Víctor Hugo Peralta, parte del grupo de juristas que defiende a Marinkovic, explicó que el empresario se encuentra en Bolivia y continúa realizando sus tareas cotidianas. “Sólo ha tomado precauciones para evitar ser víctima de abusos”, dijo el jurista.
Añadió que se presentará una acción de libertad contra Soza en la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, para exigir garantías de que el fiscal no podrá perseguir a su cliente hasta que se someta a la jurisdicción dictada por la Sala Penal Primera de Santa Cruz, es decir, ante el juez Luis Tapia Pachi.
Para la Fiscalía, Marinkovic era uno de los financiadores del supuesto grupo terrorista. Para el empresario, todo se trata de una persecución del Gobierno por el liderazgo cívico que ejerció en Santa Cruz.
Contradicciones
Soza. En opinión del fiscal, la Sala Penal Tercera de La Paz, al haber declarado procedente su amparo Constitucional, ha devuelto la jurisdicción a La Paz y, al ser una sentencia constitucional, no puede ser revisado por un fallo ordinario, como el de la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz.
Marinkovic. Sus abogados consideran que Soza presentó su amparo contra un fallo de un juzgado de Santa Cruz, pero no atacó el auto de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba a la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, por lo que el fallo de la Sala Penal Primera está en vigencia y la jurisdicción la tiene el juez octavo de Instrucción Cautelar, Luis Tapia Pachi.
Constitucionalista. El ex presidente del Tribunal Constitucional Wilman Durán aseguró que la Sala Penal Tercera del distrito de La Paz cometió una ilegalidad al revisar un fallo de derecho constitucional. Este juzgado dejó sin efecto la acción de libertad (habeas corpus) presentada por dos ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista. Estos fallos sólo pueden ser revisados y modificados por el Tribunal Constitucional, que actualmente no tiene ningún tribuno por la renuncia de todos sus miembros. En su opinión, la jurisdicción del caso corresponde a Santa Cruz.