En los casi cuatro años del Gobierno fueron cometidos varios actos de corrupción, pero ninguno de ellos fue resuelto, aunque los autores fueron separados de los cargos que ocupaban en el Ejecutivo, alguno de ellos guarda detención en un recinto penitenciario, otro en una cárcel de España, los restantes están libres, como si nada grave hubiera ocurrido, además que se consideran con el poder necesario para recobrar vigencia, liderando a grupos de choque que además se dedican al pintarrajeado de paredes y muros de propiedad del Estado o de personas particulares.
Editorial El Diario
Cínicamente hacen cábalas sobre la cantidad de votos que logrará la candidatura del Movimiento Al Socialismo. Sin desparpajo lanzan críticas a sus contrincantes políticos por actos ilegales que éstos cometieron cuando el partido al que pertenecen gobernaba Bolivia. Resulta fácil criticar y agredir al contrario cuando se está en el poder, otra cosa es en el llano. Aun así políticos y dirigentes del partido de gobierno aparentan ser grandes mentores del masismo, cuando sus compañeros y la ciudadanía conocen sus excesos que rayan en la corrupción, de la cual se dicen enemigos, cuando en realidad la fomentan.
Si hacemos un recuento de los casos de corrupción cometidos durante el gobierno masista, por lo menos existen dos decenas que quedaron sin esclarecimiento, como el caso de los 33 camiones de contrabando que ingresaron a territorio boliviano con autorización del Ministerio de la Presidencia; el caso de narcotráfico que involucra a dos hermanas de una alta dirigente del MAS de apellido Terán; el tráfico de influencias en el ex Fondo de Liquidación FONVIS, cometido por un diputado del partido de gobierno; la detención de un asesor del Senado portando cocaína en el aeropuerto de La Paz, cuando se embarcaba rumbo a Europa; la venta de avales políticos a cargo de dos senadores masistas; el cobro de comisiones por parte del entonces presidente de YPFB Santos Ramírez; la desaparición y venta de tractores por un Ministro de Agricultura; la adquisición de tierras con sobreprecios para el proyecto siderúrgico Mutún. Estos son algunos de los muchos casos que se presentaron, pero las autoridades poco hacen para esclarecerlos.
Por ello un representante vecinal de la ciudad de El Alto aseguró que la administración gubernamental del MAS está “embarrada” por la corrupción, debido a los constantes hechos protagonizados por funcionarios públicos militantes o afines al partido de gobierno. Lo preocupante es que los autores de esos actos continúan trabajando en la administración pública sin que alguna autoridad los haya sometido a procesos jurídicos ordinarios, al parecer por ser militantes del oficialismo.
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Representantes del MAS se rasgan las vestiduras asegurando que las denuncias no tienen un sustento legal porque provienen de gente que pertenece al neoliberalismo y a la derecha. Además que las acusaciones se las hace sin contar con pruebas valederas. La realidad nos muestra actos dolosos que cometieron dirigentes y militantes, los que se hicieron públicos y merecieron la condena ciudadana, pero precisamente para evitar mayores dilaciones y conjeturas se debería esclarecerlos.
No obstante, los dirigentes masistas y los propios gobernantes se movilizan rápidamente para sancionar a sus homólogos de la oposición, sindicándolos de ser autores de matanzas o de estar comprometidos con actos terroristas, o proceden a la investigación de cuentas bancarias y bienes. ¿Por qué no se actúa de la misma forma contra todas las personas sindicadas de haber cometido actos de corrupción y se aplica la ley a todos por igual?
Los mencionados casos de corrupción tienen un doble efecto, porque afectan al Gobierno y a todos los bolivianos. Por ejemplo, es humillante que los bolivianos sean revisados por la policía extranjera como si fueran narcotraficantes, cuando viajan al exterior. Si no queremos que el estigma de la corrupción no perjudique a todos los nacionales, las autoridades deben frenar esta ilícita actividad, esclarecer los casos de corrupción, investigar el enriquecimiento ilícito y finalmente aplicar sanciones ejemplarizadoras.