No puede haber desarrollo democrático cuando el país deja de estar determinado por las leyes y estas son reemplazadas por la voluntad de un caudillo.
Los niños tienen derecho a un futuro de certidumbre que el populismo no les garantiza.
El desarrollo democrático está íntimamente ligado con el fortalecimiento institucional y es abiertamente contrario con actitudes personalistas que frecuentemente conducen hacia el autoritarismo. El desarrollo democrático esencialmente es el imperio de la ley y de las normas de convivencia entre los ciudadanos y la absoluta observancia de las reglas del juego por parte del Estado.
Cuando el eventual gobernante se atribuye potestades que no son las establecidas por ley y se autoasigna el rol de depositario de una “voluntad popular”, las más de las veces arbitrariamente concebida e interpretada, ciertamente la democracia está en grave peligro.
Por tanto no se puede hablar de “desarrollo democrático” cuando el rumbo de una nación deja de estar determinada por las leyes y estas son reemplazadas por la voluntad de un caudillo o de un grupo, por mejores que sean las intenciones que puedan tener.
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La democracia también está en peligro cuando se utilizan mecanismos aparentemente legales para adecuar el ordenamiento constitucional a los requerimientos de ese caudillo y de su grupo frecuentemente imbuidos de un carácter mesiánico.
En el curso de la historia latinoamericana y de Bolivia en particular, el autoritarismo y el populismo han marchado siempre juntos, así las ideologías que los inspiraron hayan sido radicalmente contrapuestas. Es evidente existieron (y existen) populismos y autoritarismo de derecha y de izquierda pero paradójicamente los resultados fueron siempre los mismos.
La tan decantada y voluble “voluntad popular” fue rápidamente reemplazada por la voluntad omnímoda del ocasional “iluminado” y los hambrientos acabaron comiéndose su libertad.
Existen evidencias preocupantes que dan cuenta que Bolivia está transitando por senderos escabrosos. Que las sociedades no pueden permanecer estáticas y que periódicamente se hacen necesarios cambios, no cabe la menor duda. El tema radica en la forma y los procedimientos que se aplican para introducirlos sin que esto signifique caer en un aséptico y mojigato legalismo.
No es motivo de orgullo que Bolivia ocupe el último lugar en el Indice de Desarrollo Democrático en América Latina pero existen aspectos que justifican plenamente los términos de este informe elaborado por una prestigiosa organización internacional.
En primer término se pueden citar las continuas agresiones en contra del Poder Judicial, particularmente la virtual desaparición del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, lo que ha permitido al gobierno del MAS aplicar medidas que no pasarían el más tibio control constitucional.
Está también el persistente ataque gubernamental y de grupos sociales afines al MAS contra los medios de comunicación y los periodistas; la sañuda persecución a los opositores, detenciones y traslados de ciudadanos al margen de la ley, y la presión y amedrentamiento (cuando no su encarcelamiento) contra autoridades departamentales y locales electas por el voto popular, además de una larga serie de violaciones a las normas y procedimientos en materia económica y social bajo el argumento del «proceso de cambio».
La democracia directa o participativa que dice el MAS estar impulsando, en buen romance significa el avasallamiento de las instituciones lo que a corto plazo significará el resquebrajamiento de la democracia y el surgimiento de un régimen totalitario, a pesar de que se lo pretenda camuflar bajo un disfraz de comicios y referendos electorales.