Tadic revela que habían extranjeros en el operativo. Gobierno no cree en pericias hechas en Hungría e Irlanda. UIF halla vínculos sospechosos de empresas y cívicos cruceños.
Pruebas. Estas fotografías fueron presentadas por el fiscal Marcelo Soza como parte de los documentos encontrados en las computadoras de los supuestos terroristas
EL DEBER
M. Chuquimia/P. Ortiz
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Seis meses después, el caso Rózsa es un enredo
Investigación. Está paralizada en Diputados y la Fiscalía. Irlanda presionará a Bolivia
A seis meses del operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas, que acabó con la vida de Eduardo Rózsa (boliviano-húngaro-croata), Árpád Magyarosi (rumano-húngaro) y Michael Dwyer (irlandés), el proceso de investigación está bloqueado tanto en la justicia ordinaria como en la Cámara de Diputados. Ninguna de las instancias encuentra salida al embrollo jurídico y político que ha de-satado el supuesto caso de terrorismo en Santa Cruz y las acusaciones cruzan de un lado al otro de la acera política. Por un lado, el Vicepresidente del Estado acusa a los diputados opositores de comportarse como abogados defensores de los presuntos terroristas y, por otro, los opositores dicen que el Gobierno manipula la investigación con fines electorales y que incluso la extenderán seis meses más, para chantajear a líderes regionales.
En el campo jurídico, el proceso se encuentra bloqueado por un problema de jurisdicción que -pese a que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia, mediante la Corte Superior de Santa Cruz- es desconocido por el fiscal que investiga los hechos, Marcelo Soza, que se aferra a un amparo constitucional para llevarse el caso a La Paz. Esto genera que cada vez que cita o quiere procesar a alguien el acusado recurre a una acción de libertad que bloquea cualquier procedimiento de Soza.
En la Cámara de Diputados, los legisladores chocan contra la imposibilidad de citar a Wálter Andrade, ex comandante de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) que acabó con Rózsa según su mismo reporte. Andrade sufrió un accidente de tránsito y tiene baja médica hasta el 6 de diciembre, justo el día de la elección y cuando los diputados pierden su legitimidad de autoridades elegidas. Esta situación ha molestado a los familiares de Dwyer, que se han quejado ante su Ministerio de Relaciones Exteriores. Ayer, el vocero de esta cartera irlandesa, Billy Timmins, dio su apoyo a la familia y dijo: “La presión ahora se debe ejercer sobre el Gobierno de Bolivia, para que inicie una investigación independiente y descubra exactamente qué sucedió”, reportó el diario Independent.
Para los abogados de los imputados, el responsable de la paralización del caso es Soza, por las acciones que tomó y el rumbo que le dio a las investigaciones. Hasta ahora, la Fiscalía sólo ha logrado aprehender a Elöd Tóásó, Mario Tadic, arrestados en el hotel; y Gelafio Santistevan, acusado de ofrecerse como instructor de los supuestos grupos de autodefensa de Santa Cruz. La Fiscalía posee, además, una lista de 15 personas que ‘fugaron’ del país y anunciaron a través de sus abogados que no regresarán, porque sienten que no tienen oportunidad de ser escuchados por el fiscal.
Para Soza ocho de éstos son prófugos, pero Johnny Melgar, abogado de su hijo Alejandro, lo contradice y explica que no puede tener esta condición jurídica, ya que tiene un domicilio procesal en el que no ha recibido citación alguna.
A esto se suma la forma en la que fueron detenidos los ex asesores de la Unión Juvenil Cruceñista, Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, al ser ‘raptados’, torturados y llevados a La Paz. Ahora siguen detenidos en La Paz, pese a que ganaron una acción de libertad -antiguo recurso de habeas corpus- que ordenó su liberación.
El defensor de Francisco Tadic, Gerardo Prado, afirma que el caso debe ser ventilado en Santa Cruz. Añadió que ellos acudieron a instancias internacionales precisamente porque no saben ante quién acudir para plantear recursos judiciales y dijo que el conflicto entre distritos dejó en estado de indefensión a su cliente.
Soza optó por el silencio. Ayer EL Deber esperó todo el día para lograr una entrevista en su despacho, intentó comunicarse telefónicamente para concertar una reunión, pero fue imposible.
Y desde afuera le cuestionan sus pruebas. Análisis forenses de los cuerpos de Dwyer y Magyarosi han llegado a la conclusión de que fueron ejecutados, el primero de un solo disparo cuando estaba sentado o echado en la cama, y el segundo, de siete impactos cuando estaba con las manos levantadas.
Además, existe la duda de cómo llegó Rózsa a Santa Cruz, si vino por convocatoria de ‘líderes cruceños’, como manifestó en una entrevista, o fue traído por el Gobierno. Para Pablo Banegas, miembro de la investigación de la Cámara de Diputados, lo trajo el Gobierno, pero en Santa Cruz se involucraron no sólo personas, sino instituciones en la ‘aventura violenta’.
Cuatro meses a vueltas por armas
Los chats de MSN entre Eduardo Rózsa y Alejandro Brown, ex abogado de la Unión Juvenil Cruceñista, que figuran en una de las pericias realizadas a la computadora del hombre que murió en el hotel Las Américas, revelan que al supuesto líder del presunto grupo terrorista lo tuvieron a vueltas entre diciembre y marzo, y no le dieron dinero suficiente para comprar armas.
Hay varias referencias a compras unitarias de pistolas 9 mm, con costos de $us 900, casi el doble de lo que se las conseguía cuando había un mercado legal de estas armas.
Durante dos meses, Rózsa y Brown persiguieron a un hombre apodado Gordo, que quedó de venderles ‘limones’ (granadas), pero que los tuvo con vueltas durante todo ese tiempo.
Los chateadores se llamaban primos entre sí y se deja ver que Brown era una especie de ayudante solícito de Rózsa, ya que éste le pedía al abogado que lo pase a buscar para llevarlos a ‘reuniones’, le compre un celular con acceso USB o le ubique en alguna casa a Gabor Dudog y Gaspar Daniel, don húngaros que vinieron a Bolivia. También Brown es el que contacta a Gelafio Santistevan y le asegura que éste puede ayudar a entrenar al grupo.
Rózsa había logrado conformar escuadras que necesitaban entrenamiento, pero no recibía el financiamiento necesario para comprar armas e iniciar sus actividades de desestabilización. Incluso en febrero le confesó a Brown que estaba deprimido y éste lo animó diciéndole que esté bien, porque iban a necesitar un líder “cuando todo reviente”. La Fiscalía desconoce el paradero del abogado.
PROCESADOS
Supuestos prófugos
Lorgio Balcázar Arroyo
Hugo Achá Melgar
Alejandro Brown Ibáñez
Luis Orlando Justiniano Áñez
Alejandro Melgar
Enrique Vaca Pedraza
Luis Hurtado Vaca
Ignacio Villa Vargas
ENCARCELADOS
Elöd Tóásó, rumano y húngaro.
Mario Francisco Tadic, boliviano y croata.
Alejandro Gelafio Santistevan (hijo), boliviano.
Sin pruebas de Marinkovic ni de Costas
La Fiscalía, desde el principio de la investigación, afirmó que entre los responsables y citados estaban el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el ex dirigente cívico Branko Marinkovic; sin embargo, de todos los documentos revisados hasta el momento no se pudo encontrar ‘pruebas’ que vinculen a estas dos personalidades.
Después de la declaración que hiciera el ‘testigo clave’, Ignacio Villa Vargas, alias ‘El Viejo’, en la que involucró a las dos autoridades, nadie mencionó nada al respecto.
Incluso en uno de los chats que sostiene Eduardo Rózsa con el abogado Alejandro Brown comentan la falta de noticias del dirigente en enero de este año.
En los chats y en las memorias de los teléfonos que fueron sometidos a peritaje no hay los dos nombres y sólo existen sobrenombres conocidos como Tío 1 o Tío 2, que según las autoridades son los dos dirigentes, pero en la conversación que sostienen se refieren al ex líder cívico con términos despectivos y en ningún momento lo nombran como ‘tío’.
No hay conversaciones sobre el Prefecto; en los diálogos que sostienen se refieren a otros cruceños que no están en el país, pero no hay nada sobre Rubén Costas.
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) no encontró movimientos económicos de Marinkovic ni de Costas ‘sospechosos de ser investigados’ y en sus conclusiones afirma que se trata de movimientos relacionados con su actividad empresarial.
Sobre el prefecto, la observación viene de la Contraloría General del Estado, que informa de un inusitado crecimiento del ganado que posee, pero no tiene evidencias de manejo ‘sospechoso de dinero’.
«Estaba organizando un ejército para una guerra»
César Navarro (MAS) / Presidente de la comisión
– ¿Cuánto avanzó la comisión en su investigación ?
– Hay un avance sustancial e importante. Primero se logró establecer con precisión cómo estaba organizado el grupo de Eduardo Rózsa. Segundo, se conoció quién fue el responsable de cancelar los pasajes del grupo. Tercero, se estableció el tipo de movimiento que realizaron dentro del país. Cuarto, identificamos las redes urbanas que de-sarrollaron, y quinto, Rózsa estaba organizando un ejército para provocar una guerra… estos son los avances que se establecieron en función de la documentación a la que hemos tenido acceso.
– Pero esas investigaciones sólo alcanzan a los denominados mandos medios.
– Creo que estamos ya en la parte final, que nos dará la posibilidad de dar con los responsables principales. Estamos en ese momento culminante.
– ¿Están en condiciones de elaborar un informe en este momento?
– Hay un informe preliminar, con los avances de la investigación, pero en función de los últimos hechos hay que hacer una evaluación.
– ¿Ahora o hasta el 6 de diciembre?
– Eso se debe analizar la siguiente semana
– De los documentos revisados, ¿hay conexión con Rubén Costas o Branko Marinkovic?
– Primero, los últimos documentos que llegaron sólo confirman la organización de un ejército irregular. Alejandro Gelafio ofrece servicios para entrenar el grupo y Alejandro Brown es el contacto directo. Creo que son complementarios a los documentos que teníamos al principio.
– Pero el informe de la UIF tampoco detecta movimientos sospechosos de estas personas a las que el Gobierno y el propio fiscal acusaron de ser las principales cabezas.
– Primero hay que hacer una evaluación del informe de la UIF. Aún no hemos de-sarrollado ese documento.
«El Gobierno involucró a personajes e instituciones»
Pablo Banegas (Podemos) / Miembro de la comisión
– ¿Qué porcentaje de avance hay en sus investigaciones?
– Puede ser que se cumpla seis meses, se puede cumplir un año incluso. Las elecciones para prefectos y alcaldes son el 10 de abril, seis días antes de que se cumpla un año, entonces va a durar hasta esa fecha. Nosotros perderemos legitimidad el 6 de diciembre y el Gobierno usará el mismo pretexto para de-sacreditar a los líderes regionales.
– ¿Existen condiciones para hacer un informe?
– Hay condiciones para elaborar el informe y decir quiénes estuvieron tanto en Santa Cruz como en La Paz quiénes aportaban. Se puede llegar a la conclusión de que hubo una responsabilidad compartida, lo que significa que ambos bandos pisaron el palito. El Gobierno no involucró a personajes de Santa Cruz, sino a las instituciones. Perdimos todos porque fuimos sindicados de separatistas y divisionistas.
– ¿Cuánto daña el proceso electoral esta investigación?
– La investigación estaba planificada para la elección, pero de una u otra manera se volvió un efecto boomerang,. Desde la foto de Andrade con Rózsa todo cambió. Ahora el Gobierno guarda silencio y no quiere decir nada.
– ¿Qué nexos se pudo establecer con La Paz?
– Lo que se llegó a determinar es que la embajada de Venezuela era la que pagaba los pasajes tanto para el señor Jorge Hurtado Flores (alias de Rózsa), como para los miembros de la Utarc. Tenemos información de que todos los gastos para este grupo de élite estaban a cargo de la embajada de Venezuela, tanto en Porvenir, en La Calancha y, en enero de 2007, en Cochabamba.
– Hubo conspiración desde dentro y desde fuera.
– Andrade estaba con Rózsa, con antecedentes de ser un miembro de Sendero Luminoso experto en bombas. Eso es lo que dicen los que están vivos en la cárcel, en Europa y algunos que hablaron en Santa Cruz. Rózsa se encargó de pringar, de calentar orejas en Santa Cruz y cuando vieron que no podían zafarse, lo eliminaron.
Curiosidades
– El capitán Wálter Andrade tiene una baja médica que vence el 6 de diciembre; el certificado fue emitido el mismo día en que el fiscal Marcelo Soza fue a tomar su declaración.
– Entre los extractos telefónicos del celular de Rózsa hay varias conversaciones con un candidato a diputado de una circunscripción de Santa Cruz.
– Los supuestos subversivos intentaron contactarse con grupos opositores en La Paz. Incluso existen direcciones y nombres de personas que pueden tomar contacto en la sede de Gobierno, pero la Fiscalía no convocó a nadie y a ninguna agrupación a declarar.
– La mayoría de las conversaciones de chat entre Eduardo Rózsa y Alejandro Brown se circunscriben a explosivos “limones” y “dina” y a armas “fierros”, que deben ser traídos desde distintos puntos del país.
– Entre Rózsa y Brown se refieren a 2009 como “año No-Evo” y consideran que no se puede llegar a elecciones generales, incluso se ríen de Víctor Hugo Cárdenas y Carlos Mesa, líderes de las encuestas a principios de año.
Contraataque. Soza ahora quiere asustar con un informe financiero
El Día ,Viernes, 16 de Octubre, 2009
El fiscal Marcelo Soza tiene en su poder el informe de la Unidad de Investigación Financiera de septiembre en el cual se establecen supuestas vinculaciones de algunas empresas e instituciones cruceñas con movimientos económicos entre ellas que en el entendido de la UIF representan movimientos irregulares y sospechosos.
El informe de septiembre firmado por Armando Ballesteros como jefe de la Unidad de Investigación y los abogados consultores Mariela Castro y Vidal Machicado involucra a la CRE Ltda., Cotas, Fexpocruz, Comité Cívico de Santa Cruz, Fundación pro Santa Cruz, Cainco y a una veintena de personas con firmas autorizadas para financiar a “terroristas”.
UIF halla vínculos sospechosos de empresas y cívicos cruceños
NUEVAS REVELACIONES SOBRE EL CASO RÓZSA INVOLUCRAN A COOPERATIVAS Y FUNDACIONES
Diagrama: el cuadro elaborado por técnicos de la UIF muestra las transacciones de la Fundación Amerida
LA PRENSA
Las transferencias económicas descritas en el informe tienden a apoyar organizaciones criminales.
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) reveló la “vinculación económica sospechosa” entre diversas instituciones, cooperativas, fundaciones —una de ellas, extranjera— de Santa Cruz que pudieron derivar en legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos, según un informe al que La Prensa tuvo acceso.
A pedido del fiscal paceño Marcelo Soza, la UIF investigó el movimiento financiero de 42 personas con el fin de complementar un primer informe del 26 de junio, emitido con motivo de las pesquisas hechas sobre el respaldo económico brindado a la célula liderada por Eduardo Rózsa Flores.
El miliciano boliviano-húngaro-croata Rózsa Flores fue abatido por la Policía la madrugada del 16 de abril en el hotel Las Américas, operativo en el que también murieron el irlandés Micheal Martin Dwyer y el rumano Árpád Magyarosi.
Soza fue comisionado para averiguar las actividades del grupo irregular, aunque su competencia ha sido puesta en entredicho por una ofensiva legal que tiende a radicar el caso en la Corte de Justicia cruceña.
Al revisar las transacciones del ex gerente del Comité pro Santa Cruz Lorgio Balcázar, presuntamente autoexiliado en Brasil, se encontró que fue, junto con el médico y ex alcalde de Santa Cruz Rony Pedro, titular de la Fundación Amerida.
Según la página oficial de esta entidad, es una organización civil y sin fines de lucro que desarrolla sus actividades fuera del ámbito político partidista, religioso o racial. Tiene el objetivo de asegurar y promover la democracia, la libertad, la integración y la inclusión.
Según la UIF, esta organización giró cuatro cheques, entre el 21 de agosto de 2008 y el 13 de abril de 2009, por 142.500 bolivianos a favor de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz).
Fernando Paz Serrano, ingeniero industrial y de sistemas, además de máster en Gestión Empresarial, quien ejerció la Gerencia de la Fundación durante cuatro meses, recibió tres cheques entre abril y junio del año pasado por 275.000 bolivianos.
Al conocer el reporte, ejecutivos de esta fundación rechazaron haber efectuado operaciones irregulares, a través de declaraciones formuladas a una red televisiva nacional.
La Prensa intentó comunicarse ayer con las personas mencionadas en el reporte, mas no tuvo éxito.
El informe no proporciona pruebas de una directa vinculación de los hechos de presunto terrorismo con el prefecto cruceño, Rubén Costas, y el ex presidente cívico Branko Marinkovic.
La Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) desembolsó entre julio de 2008 y el 17 de abril de este año la suma de 173.000 bolivianos.
El 1 de octubre de 2007 se creó la Fundación pro Santa Cruz con la finalidad de coadyuvar al ente cívico cruceño.
Su misión es promover el desarrollo humano, cultural, social y económico de la región. Esa institución depositó en la cuenta de Balcázar 22.000 bolivianos.
Las operaciones de la Fundación Amerida “revelan una vinculación económica sospechosa” con la CRE y Fexpocruz y “evidencian una triangulación de fondos (…) desconociéndose el motivo de dichas transacciones, con el aparente destino de ocultar el destino de esos recursos”.
Los expertos de la UIF sostienen que el Grupo de Acción Financiera (Gafisud) apunta que las transferencias de la naturaleza descrita tienen coincidencias con la “utilización de empresas de fachada para apoyar actividades de lavado de activos de asociaciones criminales u organizaciones terroristas”.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz hizo significativas transferencias, a través del Standard Chartered Bank, por cuenta de la Fundación Iberoamérica-Europa.
Esta entidad promueve y fomenta desde España, específicamente con América Latina, los fundamentos de una sociedad libre, la libertad individual, el estado de derecho, la economía de libre mercado, la empresa privada, la democracia, el gobierno limitado y la paz.
La Cainco recibió 2,15 millones de bolivianos de la fundación entre marzo de 2003 y abril de este año, periodo en el que retiró 400.000 bolivianos.
Se desconoce la aplicación de estos fondos, anota el informe, y se evidencia “un financiamiento extranjero a presuntos delitos” de terrorismo.
La UIF apuntó que se confirma la participación reiterativa de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), Fexpocruz y el Comité cívico en tales operaciones financieras.
Cotas depositó dos cheques en las cuentas de Luis Hurtado Vaca, “con los que presuntamente pagó el servicio de Ivan Pistovcak, Gabor Dudog, Mario Tádic y Árpád Magyarosi en los hoteles Buganvillas y Asturias”.
Mediante sus cuentas en el Banco Económico, el Comité pro Santa Cruz, administradas por Branko Marinkovic, Luis Núñez y otras personas, se halla “una relación económica presuntamente sospechosa, por la participación en las diferentes operaciones de la CRE, Fundación pro Santa Cruz”.
Horacio Darruda, el principal ejecutivo de la empresa de limpieza urbana de Santa Cruz, se vinculó sospechosamente con Fexpocruz al haber empozado 40.000 dólares en su cuenta y transferido 37.000 dólares a Enrique Aponte Ribero, consejero departamental de la Asamblea Autonómica sin aparente justificación de ambos desembolsos.
Svonko Matkovic no efectuó durante el periodo en cuestión movimientos económicos considerables, “de lo que se presume (es) que sus operaciones son realizadas en efectivo, sin utilizar el sistema financiero”, lo que abre espacio a ciertas dudas.
El Prefecto cruceño es un próspero empresario
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) menciona al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, cuando informa que es un próspero empresario lechero, aunque no quedan claras las razones del incremento de sus ingresos.
El reporte da cuenta de lo siguiente:
“El movimiento económico, entre el 1 de enero de 2008 y octubre de 2009, de Rubén Costas Aguilera está concentrado en una cuenta del Banco de Crédito, originado por una presunta actividad en la firma ‘Productores Industriales de Leche’ Sociedad Anónima, PILSA, de la cual es socio accionista junto a Nelson Mariano Aguilera Tarradelles, París Edmundo Farah Paz y Juan Carlos Velarde Roca, en cuya cuenta recibe depósitos por montos inferiores a 75.000 bolivianos y realiza retiros frecuentes vía cajero automático en efectivo”.
Al menos dos de sus socios son o fueron investigados por sus vinculaciones con la célula irregular liderada por Eduardo Rózsa Flores, aunque la UIF no establece si cabe una relación de tipo sospechoso a raíz de esta actividad empresarial.
“Al respecto, con base en las declaraciones juradas de bienes y rentas efectuadas por Costas ante la Contraloría General del Estado, entre las gestiones 2006-2008, se desconoce el origen de los recursos que dieron lugar al incremento de cabezas de vacas lecheras holandesas, cabezas de vacas de levante y cabezas de ganado para inseminación en aproximadamente 360.000 bolivianos, lo que ha originado un aumento de sus ingresos por venta de leche por unos 770.000 bolivianos, presuntamente depositados en su cuenta personal”.
Tales ingresos no incluyen los sueldos que “percibe en la Prefectura de Santa Cruz, habiendo declarado en los formularios un monto anual de 182.000 bolivianos por este concepto”.
La UIF sostiene, además, que algunas actividades del ex presidente cívico Branko Marinkovic a través de la Fundación pro Santa Cruz son sospechosas.
Sin indicios
El reporte da cuenta de que el empresario Asad Daher no hizo operaciones irregulares.
El ejecutivo fue involucrado en el caso por Ignacio Villa Vargas, alias el “Viejo”.
Paper King es la empresa que pertenece al investigado. Se dedica al rubro del papel.
Tadic revela que habían extranjeros en el operativo
Elevó un informe a las Naciones Unidas en el que señala que había escuchado a gente con acento extranjero en el hotel Las Américas.
EL DÍA
Cuando hoy se cumplen seis meses del operativo en el hotel Las Américas uno de los dos sobrevivientes del asalto, Mario Tadic, reveló haber escuchado, por el acento, la participación de extranjeros.
En una carta dirigida a Naciones Unidas, Tadic de nacionalidad boliviana y actualmente recluido en San Pedro de La Paz, dijo que cuando estaba durmiendo escuchó la detonación en su habitación y unos quejidos.
Posteriormente revela las torturas a las que fue sometido, según confirmó ayer en La Paz su abogado Raúl Corro.
Además de esas revelaciones se han conocido también los informes forenses de Hungría e Irlanda donde fueron repatriados los cadáveres de Dwyer y Magyarosi, y se impulsa un juicio contra el Gobierno de Morales.
Ayer, el diputado de Podemos, Bernardo Montenegro, anunció que realizarán una cruzada para promover el proceso por la serie de arbitrariedades,
Gobierno no cree en pericias hechas en Hungría e Irlanda
Reacción
El diputado masista Gustavo Torrico criticó las pericias realizadas en Hungría e Irlanda que coinciden en afirmar que en el hotel Las Américas hubo una ejecución de los tres presuntos terroristas.
“Eso no tiene validez, esas pruebas son hechas en base a fotografías, nosotros confiamos en el trabajo de la Policía boliviana”, señaló el parlamentario.
Torrico ha sido el único en pronunciarse ayer luego del anuncio de las familias de Martin Dwyer y Árpád Magyarosi de promover una investigación internacional para esclarecer los hechos.