El periódico español dice que a seis meses de la supuesta intención de asesinar al presidente boliviano se enreda y no tiene salida. Explica que no se ha comprobado una conspiración.
Ref. Fotografia: IRLANDA. Familiares de Michael Dwyer hablaron con un medio local y dicen que han destruido la reputación de su hijo.
EL DÍA, 20 de Octubre, 2009
Hace seis meses un operativo policial acabó con la vida de tres europeos en un hotel de la localidad boliviana de Santa Cruz. Desde entonces, los escollos políticos y judiciales están complicando las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, que no ha constatado la existencia de una conspiración para asesinar al presidente, Evo Morales, ni tampoco movimientos secesionistas regionales que motivaran la acción policial.
El pasado 16 de abril, el Gobierno boliviano denunció la presencia de terroristas para acabar con la vida de Morales; el vicepresidente, Álvaro García Linera, y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, horas después que una unidad de élite de la policía confirmará la muerte de tres europeos y la detención de dos personas tras un supuesto enfrentamiento armado en el hotel Las Américas.
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La incursión policial acabó con la vida del boliviano-húngaro, Eduardo Rózsa; el irlandés, Michael Dwyer y el rumano, Árpád Magyarosi, y la detención del húngaro Elöd Tóásó y del boliviano-croata Mario Tadic, encerrados en la cárcel de La Paz. Los abogados de los familiares presionan para que lleven el caso ante tribunal internacional.
Otros tres bolivianos fueron detenidos bajo sospecha de complicidad. Uno de ellos, Ignacio Villa Vargas, un testigo clave que se fugó tras implicar a líderes y a empresarios de Santa Cruz en el supuesto complot separatista, aunque, antes de desaparecer, aseguró que fue presionado por la Fiscalía para involucrarlos. Para entonces, las autoridades gubernamentales señalaron que la misión del grupo de Rózsa era respaldar la secesión de Santa Cruz si no se lograba el proceso de autonomía, al que se oponía Morales.
El informe policial sobre la operación ejecutada en el hotel constataba la muerte instantánea de los europeos. Sin embargo, los informes del forense, de los peritos y las fotografías de los cuerpos sobre charcos de sangre mostraron otra realidad: la policía los pilló literalmente en calzoncillos y los abatió a tiros. Los diputados de la oposición que investigan adelantaron que no hubo tal enfrentamiento y que los disparos que impactaron en los cuerpos se dieron de arriba hacia abajo.
La gravedad que mostraban los informes forenses quedó minimizada ante la ofensiva desplegada desde La Paz para que el proceso judicial se cumplieran en la Sede de Gobierno y no en la ciudad de Santa Cruz, escenario de los hechos.
Una vía de investigación, abierta por el presentador de televisión Carlos Valverde, logró perforar el hermetismo de la fiscalía de La Paz sobre el ordenador de Rózsa. El disco duro albergaba las respuestas a preguntas candentes, como la identificación de las personas que le invitaron a Bolivia, la misión y las fuentes de financiación. Es precisamente de estos archivos de donde emerge la sospecha de que, a diferencia de la versión oficial, fueron hombres allegados al Gobierno boliviano los que contactaron con Rózsa, a quien la Embajada de Venezuela supuestamente pagó cinco pasajes, según los documentos exhibidos.
El vicepresidente Álvaro García Linera calificó de «burlesco» y de «información falseada» la de Valverde, quien mostró un par de correos electrónicos que lo relacionan con Rózsa. La Fiscalía de La Paz descalificó por falsas unas fotografías publicadas por la prensa local que retratan al ex comandante Wálter Andrade, de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), junto a Rózsa. La policía dijo que Andrade estaba infiltrado en el grupo de presuntos mercenarios, cuya presencia fue detectada por el Estado boliviano.
De haber tenido éxito, el separatismo del que se acusa a Santa Cruz estaba condenado a «ser aplastado una y otra vez», como advirtió el Vicepresidente.
Santa Cruz, el departamento en importancia económica; Tarija, el mayor productor de hidrocarburos, y Beni y Chuquisaca en el proceso autonómico siguen pese que se redujo sus ingresos provenientes del impuesto a los hidrocarburos. Así se ha neutralizado el enorme poder económico/ El País
Acciones de Evo serían ‘intimidación’
La cultura de vida y paz que el Gobierno de Morales ha proclamado en tres años de gestión refleja más bien escalofriantes actos de intimidación desde los denominados movimientos sociales contra quienes discrepan con la visión, la posición y la opinión oficial.
En noviembre de 2007, miembros de milicias campesinas de los «ponchos rojos» mostraron ante las cámaras el horror del degüello de dos perros vivos colgados de un travesaño. Querían mostrar lo que iba a pasar con los líderes regionales si persistían en llevar adelante el proceso autonómico en oriente. Este año, el líder indígena movima Marcial Fabricano, que encabezó la marcha por una nueva Constitución incluyente en 1992, recibió una brutal paliza de parte de seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Poco después, declararon públicamente que estaban aplicando la justicia comunitaria para castigar la campaña que el líder indígena hizo en rechazo a la nueva Constitución y en apoyo al proceso autonómico de Beni.
El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas fue sancionado por el mismo motivo. Confiscaron su casa y una turba golpeó a su esposa y a sus hijos tras expulsarlos violentamente de su vivienda, destinada ahora a la tercera edad.
La esposa del ex director de la Aduana, César López, fue atacada y golpeada por desconocidos en su casa. López denunció ante el Parlamento supuestos vínculos de protección desde el Ministerio de la Presidencia a una columna de 33 camiones con mercancía presuntamente de contrabando. El informe final aprobado por la mayoría oficialista del MAS en la Cámara de Diputados recomendó un proceso en contra del denunciante por omisión de deberes /El País