Debería haber por lo menos un mínimo sentido de equidad y llamar a esas personas, o requerir la presencia de representantes de esas entidades extranjeras, para conocer sus versiones…
Editorial La Prensa
Los acontecimientos sobre la “masacre de Porvenir” y del presunto terrorismo en Santa Cruz han adquirido, repentinamente, nuevos giros que cualquier organismo investigador, sea la Policía, Ministerio Público o comisiones parlamentarias, debería tener en cuenta, en el marco de un fundamental y básico sentido de justicia y de equidad. La misión principal de cualquiera de estas instituciones debería ser llegar a la verdad, mejor si es irrebatible y sólidamente sustentada para que la justicia sancione a los verdaderos responsables.
Pero lo que sucede en nuestro medio con ésos y otros casos es que están simplemente politizados. En la Policía, Fiscalía o en las comisiones legislativas han predominado no únicamente las consignas y sometimiento, sino el odio político que ha enceguecido y ensordecido a sus miembros que ven y escuchan a un solo lado. No se quiere ver y escuchar al otro, en una actitud que dice mal del equilibrio que debían tener las personas que integran las instituciones investigadoras, jugando así irresponsablemente con el futuro y la vida misma de seres humanos. Parece no importarles absolutamente nada el honor, el nombre y el prestigio de gente a la que se está condenando a priori, y que, eventualmente, pudiera resultar inocente, violando todo principio de justicia y de respeto a los derechos humanos, y sepultándola no sólo política sino socialmente.
Al principio, todo parecía apuntar a la responsabilidad de quienes eran acusados, pero en la medida en que pasa el tiempo, han ido surgiendo voces y testimonios de personas que estaban en el lado oficialista o de entidades extranjeras, que ahora empiezan a dar versiones totalmente contrarias a las que defienden las autoridades investigadoras y funcionarios gubernamentales.
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Debería haber por lo menos un mínimo sentido de equidad y llamar a esas personas, o requerir la presencia de representantes de esas entidades extranjeras, para conocer sus versiones y documentos o elementos de respaldo, a fin de determinar si son o no creíbles. Pero lo que no se puede hacer es ignorar de entrada esas versiones, restándoles toda importancia y valor, simplemente porque no se ajustan a los intereses políticos de los acusadores o por el supuesto temor a que se conviertan en bumerang.
Una comisión parlamentaria ya se ha pronunciado y ha dado por cerrada su investigación, sin medir las consecuencias que pueden causar a una o varias personas que es posible que no tengan culpa alguna, lo que se reduciría a una sola pero contundente palabra: injusticia. Ésa que siempre martiriza a quien hace algo sabiendo que está mal, como es el caso de los arrepentidos de haber sido partícipes de hechos que han derivado en sangre y muerte y que ahora están dispuestos a decirlo todo y que, de hecho, ya han dicho mucho sin ser tomados en cuenta por los investigadores.
Quienes obran con esa parcialidad sentirán algún día el remordimiento que produce el enorme peso de la conciencia. Ojalá que entonces haya todavía tiempo para reparar eventuales errores que hubieran ocasionado.