El Gobierno no quiere tocar a la Policía y deja que gente corrompida siga en la institución. Es la clase de gente que usa para ciertos fines.
Editorial El Día
“No somos personas, somos policías”, respondieron tres guardias uniformados, cuando una jovencita los increpó diciéndoles “¿qué clase de personas son ustedes?”. Esto sucedió la semana pasada en un parque de la ciudad de La Paz, donde los uniformados se daban la tarea de acosar a las mujeres, a quienes obligaban a desvestirse y mostrar sus partes íntimas para que esos miserables las graben con sus teléfonos celulares. Las imágenes han sido difundidas extensamente por la televisión y realmente son asquerosas y absolutamente merecedoras de aquello que una de las víctimas les quiso insinuar a esos canallas con su pregunta.
Aquellas grabaciones, pese a que reflejan una sordidez espantosa, no representan ninguna sorpresa para muchos ciudadanos que cada día son víctimas de policías inescrupulosos, que extorsionan en las calles y en las oficinas, mientras que la sociedad y sus instituciones parecen haberse acostumbrado a ese tipo de conducta. A nadie le parece insólito que se vendan las licencias de conducir; que se tenga que pagar para recuperar un vehículo robado; que en las esquinas haya que “colaborar” cada vez que un policía exige la famosa “roseta de inspección”, un robo descarado que se comete con la anuencia de todos. Lo que pasó en el bosquecillo de Pura Pura con esas jovencitas vejadas y humilladas ocurre todos los días en el ex jardín botánico; sucede desde hace muchos años y nadie reacciona porque parecemos curados de espanto.
¿Qué clase de Policía tenemos? ¿Qué clase de personas ingresan a la Policía? ¿Qué clase de “adoctrinamiento reciben en la institución? Estas preguntas se las viene haciendo hace muchos años y precisamente la ex Defensora del Pueblo y actual candidata a Senadora por el MAS, Ana María Romero, encabezó una investigación sobre los grandes desafíos de la Policía Nacional, luego de constatar que es una de las entidades donde más se violan los derechos de las personas. Desde aquella vez quedó pendiente una profunda reforma, la misma que ha sido esquivada una y otra vez por los políticos, incluyendo el actual.
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Los gobernantes no quieren tocar a la Policía y menos interferir en la maquinaria financiera de una institución de altísima eficiencia para recaudar fondos, ya sea por las “buenas” o por las malas. Los políticos tampoco le exigen el cumplimiento de sus obligaciones pues, como se ve, la inseguridad aumenta descontroladamente, mientras que los policías están más ocupados en buscar cómo respaldar de mejor manera al régimen de turno. Justamente el capitán Wálter Andrade representa esa connivencia que existe entre policías y gobernantes. Y a los coroneles y generales habría que preguntarles ¿esa es la clase de gente que tienen en sus filas? ¿esa es la forma en la que resuelven los casos?
Obviamente, con la clase de políticos que hay en Bolivia, con aquellos que planifican hechos como los de Pando, La Calancha, el hotel Las Américas y tantos otros, resulta muy conveniente contar con una fuerza de la misma índole. Los demócratas, los institucionalistas, los apegados a la ley y las normas, seguiremos insistiendo sin descanso por otra clase de gente, por otra clase de policías y por otra clase de políticos.