Armando Méndez Morales
Con una ceremonia especial se firmó el contrato de préstamo concesional de 1000 millones de dólares entre los presidentes interinos tanto del Banco Central (BCB) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con la presencia del Presidente Evo Morales, el día jueves 10 de septiembre del año en curso, para financiar las inversiones que realizará la empresa estatal. Esta operación crediticia es la más grande que el BCB ha realizado en toda su vida. El crédito otorgado es a una tasa de interés del uno por ciento anual y a veinte años plazo.
El segundo crédito más grande que el BCB también otorgó al sector público, fue en el año 2008, por un monto de 600 millones de dólares, con un plazo de 30 años y a una tasa de interés del dos por ciento anual, en cumplimiento del DS Nº 294l8 que justificaba la operación con la declaratoria de “desastre nacional” ocasionado por el “fenómeno La Niña 2007-2008”, y cuando todavía existía la República de Bolivia.
En estricta sujeción a la Ley del BCB, que se promulgó en los tiempos de la República, estas dos operaciones crediticias no podían haberse llevado a cabo. El crédito de los 600 millones de dólares, -y que hasta fines del año 2008 sólo se hubieron desembolsado 240 millones- no se dirigió a enfrentar las calamidades públicas emergentes del fenómeno de La Niña, sino que, con cargo de estos recursos, el gobierno implementó diversos programas para financiar la actividad económica del país.
La Ley del BCB en su Art. 22 le prohíbe otorgar crédito al sector público. Excepcionalmente, le permite otorgar al Tesoro General de la Nación, en dos situaciones: atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, conmoción interna o internacional, y préstamos de liquidez a corto plazo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La operación de los 1000 millones de dólares responde a una instrucción emanada del Poder Ejecutivo y dirigida al BCB, que se encuentra en el Proyecto de Ley del Presupuesto correspondiente a la gestión 2009, la misma que no fue aprobada por el Congreso Nacional, sino que tomó fuerza de ley porque el Poder Legislativo no aprobó dentro los sesenta días que le otorgaba la constitución neoliberal. Los portavoces del Estado de Derecho y de las instituciones consideran incorrecto que una ley específica, particular, con efectos sólo para un año, como lo es la Ley de Presupuesto, introduzca un cambio fundamental como es disponer algo que está en contra de lo que dispone la ley especial, en este caso la Ley del BCB
Por lo expuesto, se debe calificar el otorgamiento de un crédito de 1000 millones de dólares por parte del Banco Central en favor de YPFB como un hecho retrógradamente revolucionario. Todo hecho revolucionario rompe con las estructuras, normas e instituciones del orden que se quiere cambiar. Y esto es lo que se está haciendo con el mencionado crédito. En este caso poco importa que lo formal se hubiese hecho por medio de una ley inadecuada, lo fundamental es que se está destruyendo la neoliberal Ley del Banco Central.
En cumplimiento de su ley nunca más el BCB dio un crédito a las empresas públicas. En los tiempos del ineficiente capitalismo de Estado, que rigió la vida nacional, los créditos que daba el Banco Central a las empresas públicas llegaron a representar, en algún momento, el 40 % del total de créditos al sector público. Todos estos créditos nunca fueron pagados. Resultado final, la hiperinflación de los años ochenta, del siglo recién pasado.
En 1992, el BCB renegoció con el Ministerio de Hacienda toda la deuda pendiente del sector público, dando lugar al Convenio de determinación y consolidación de deudas, por el cual le reconoció un determinado monto como deuda y emitió, en favor del BCB, un título a 100 años plazo, -que hoy no rinde intereses o es simbólico (0,01% anual)- por un monto de 540 millones de dólares, y Letras del Tesoro a un año por 250 millones, pero renovables, haciendo un total de 790 millones de dólares, un monto menor a los 1000 millones del inédito crédito a YPFB. De esta manera, se restableció contablemente el patrimonio del Banco Central, que durante el año 1992 había llegado a una cifra negativa de 146 millones de bolivianos, a un monto positivo de 370 millones a diciembre de ese año.
¿Cómo además financiaban las empresas públicas sus inversiones? Lo hacían acudiendo al crédito externo de los organismos internacionales de fomento como el Banco Mundial y el BID, de la misma manera que lo hacía también el gobierno central, que el Estado no pudo honrar. Casi toda esta deuda ha sido condonada. En los años setenta, durante el primer gobierno de Hugo Banzer, se tuvo acceso a créditos de la banca privada internacional que tampoco se pagaron. En virtud a negociaciones, desde el año 1987 hasta el año 1992, se logró que con donaciones del exterior Bolivia recomprase esta deuda, -y también del sector privado boliviano- primero a 11 centavos por dólar y luego a 18 centavos. Bolivia no devolvió nada.
En los años 90 del siglo pasado los organismos internacionales de fomento decidieron no dar más créditos a las empresas públicas de Bolivia, porque sus nuevas políticas apuntalaron a financiar infraestructura y a los sectores de educación y de salud. De esta manera, las empresas públicas se vieron huérfanas de financiamiento para sus imprescindibles inversiones. Esta es la verdadera razón que llevó a los gobiernos neoliberales a la privatización de las empresas públicas.
El problema radica en que toda empresa para expandirse requiere inversión, lo cual determina que las empresas sean siempre deficitarias. Las empresas son las principales demandantes de crédito. El retorno de las empresas de propiedad del Estado y su anunciada proliferación enfrentará en el futuro este problema: ¿Quién les financiará sus inversiones? ¿Les financiará la banca nacional? Si no lo hacen: ¿el gobierno les obligará como otro acto revolucionario? Bolivia no tiene acceso a los mercados de capitales del mundo, sólo a los organismos de financiamiento concesional internacional, por lo que está también descartada esta fuente de financiamiento.
Los ideólogos del MAS tienen como bandera de lucha la industrialización del país. En términos maoístas se trata del gran salto adelante. ¿Quién no quisiera en el país que Bolivia fuese un país más industrializado si nuestros ingresos personales serían mayores de los que hoy disponemos? Todos. El problema no está en desear algo, el problema es saber si se tienen las condiciones objetivas y subjetivas para lograr algo así. América Latina buscó este propósito ya por más de medio siglo atrás y, hoy, su industria manufacturera representa un 16 por ciento del PIB. Bolivia levemente está por encima y con un 17 por ciento. Por tanto, el problema fundamental de Bolivia no es la industrialización, sino lo pequeña que es su producción total y su baja productividad.
Los masistas están inspirados en lo que hace Cuba y Venezuela, pero parecen que no están informados. Cuba es un país en mala situación en materia de industrialización. Mientras su industria manufacturera representaba, en 1985, el 27 por ciento de su pequeña producción total, para el año 2008, representa sólo ¡el 12 por ciento! Con la llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela la importancia de su industria ha disminuido. En 1998 la industria manufacturera representaba el 21 por ciento, para el año 2008 cae al 18 por ciento.
Los masistas no se han informado que lo dominante hoy en la actividad económica ya no lo es la industria manufacturera ni la agricultura sino los servicios. La manufactura en la gran potencia económica, que es EEUU, participa sólo con el 15 por ciento de su enorme producción y Alemania con el 23 por ciento. Hoy, para aspirar al desarrollo económico no se requiere poner todos los huevos al canasto de la industrialización sino ponerlos allá donde un país posee ventajas comparativas y competitivas; esto, les guste o no a los socialistas, lo determinan los mercados y no los gobiernos. La industria también dejó de ser el principal sector absorbedor de mano de obra, lo es el sector de los servicios. Pero esto al gobierno del MAS no importa, lo que importa es la ideología y la revolución estatista de la economía.