Hacen cualquier cosa para congraciarse con el actual inquilino de palacio de Gobierno, desde organizar cenas para proclamarlo líder, hasta juicios para hundir a sus opositores.
El juez Willians Dávila, uno de los más entusiastas simpatizantes del MAS (foto Abi)
Es probable que este comentario pueda generar algunas reacciones pero la verdad es que dentro del imaginario popular, los abogados no gozan de mucho prestigio y existen muchos de ellos que hacen todo lo posible para reforzar esta visión negativa. Una muestra de ello son la infinidad de chistes que cotidianamente surgen al influjo de algunas prácticas venales que caracterizan a algunos, no a todos, los profesionales del Derecho.
Se trata, hay que reconocerlo, de una actitud prejuiciosa pero que lamentablemente en el caso de una buena parte de la judicatura nacional y especialmente la paceña, encuentra un sustento bastante sólido.
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Como se sabe, varios abogados de La Paz, que al amparo de una súbita conversión política se han ubicado muy bien como jueces, como fiscales o se hacen cargo de juicios que al gobierno le interesa impulsar, han formado un grupo que está recibiendo muchos favores y prebendas, sueldos de 30 mil bolivianos en algunos casos y hasta una sede social en El Alto.
Abogados por el Cambio, se autodenominan y por los visto utilizan métodos que harían enrojecer al más chicanero y corrupto de los tinterillos del pasado.
De entrada, son capaces de hacer cualquier cosa para congraciarse con el actual inquilino del palacio de Gobierno entre ellas organizarle cenas en lujosos locales para proclamarlo como el líder indiscutido.
Siempre se ha ridiculizado la tendencia de muchos abogados a asumir poses solemnes y a adornar sus más anodinas conversaciones con latinajos y citas de Horacio, Cicerón y otros. Pues estas citas eruditas, durante una cena que ofrecieron los abogados masistas al candidato Evo Morales, tuvieron que mezclarse con las poco convencionales frases que lanzó el homenajeado en las que abundaron las críticas a todo el sistema judicial y las promesas de destruirlo.
La situación en la cena que le ofrecieron los abogados, fiscales y jueces masistas la pasada semana era ciertamente paradójica. En un espacio repleto de no muy solemnes sacerdotes de Temis, que al momento de graduarse juraron velar por el cumplimiento de las leyes, menudearon los aplausos cuando Morales amenazaba, con total desparpajo, no dejar piedra sobre piedra de un sistema judicial, que según decía, era la expresión del Estado neoliberal.
Algunos mas que otros «brillaron» por su solicitud y obsecuencia. El juez Williams Dávila (que mandó a la cárcel al exprefecto Fernández) no dio descanso a sus rodillas que seguramente quedaron entumecidas por el esfuerzo al que fueron sometidas. Se la pasó la noche doblándolas ante quienes supone pueden ayudarlo a hacer realidad su sueño de ser presidente del Órgano Judicial del Estado Plurinacional.
Hubieron otros jueces y fiscales que compitieron muy duramente para hacerse visibles ante los nuevos mandamases y obsequiarles con la más tierna de sus sonrisas y las frases más comedidas.
La expresión más nítida de estos abogados es el actual ministro de Defensa, Walker San Miguel, ex gonista, que en el pasado ejerció una abierta defensa de la capitalización de las empresas del Estado pero ahora quiere borrar con el codo lo que hizo con la mano y está probando qué puede darle más beneficios: la capitalización o la nacionalización. Al parecer ambas le han resultado ventajosas.
Pasada la fiesta, muchos abogados, y también algunos jueces y fiscales que no asistieron, reprocharon la actitud antiética de algunos de sus colegas que mostraron, con su presencia y servilismo, el tipo de “justicia” que quiere Evo Morales y el proyecto masista.
Basta ver la lista de los asistentes a la cena para darse cuenta que el futuro de la justicia en Bolivia no es muy prometedor. En sus manos estará, si los votos en diciembre lo permiten, la misión de aplicar la justicia de cuyos métodos se tiene sobrados ejemplos observando tan solo como discurren los procesos en La Paz, convertida en cárcel de presos políticos, que salvo excepciones responden a la voz de mando del Poder Ejecutivo.