Los liberales exigen que el Congreso se pronuncie sobre el acuerdo que se firmó ayer en Bogotá
MEXICO - JOAQUIM IBARZ (CORRESPONSAL LA VANGUARDIA)
Contra viento y marea, y pese a las críticas y recelos de la mayoría de los países iberoamericanos, el gobierno de Álvaro Uribe y diplomáticos estadounidenses firmaron en Bogotá el acuerdo que permitirá a personal militar y civil de EE.UU. la utilización de siete bases aéreas y navales colombianas, principalmente para operaciones conjuntas en contra del narcotráfico y el terrorismo.
Tres de las bases son de la Fuerza Aérea Colombiana (Palanquero, Apiay y Malambo), dos de la Armada (Cartagena y Bahía Málaga) y dos del Ejército (Tolemaida y Larandia).
Para evitar críticas, el documento se suscribió en un acto privado, sin anuncio previo, a las siete de la mañana en el ministerio de Exteriores, como si se tratara de un asunto de trámite. El acuerdo fue firmado por el canciller colombiano Jaime Bermúdez y por el embajador estadounidense William Brownfield.
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El Gobierno colombiano ha sido enfático al señalar que "no son tropas de combate" las que operarán en su territorio, sino que son “técnicos asesores militares”.
Aunque Bogotá y Washington insisten en que EE.UU. busca suplir el cierre de la base ecuatoriana de Manta y que ninguna acción contemplada en el acuerdo puede afectar la soberanía de otro país, la presencia militar norteamericana en siete bases colombianas supone una clara medida de contención y vigilancia hacia el presidente venezolano Hugo Chávez.
El acuerdo autoriza la presencia permanente en Colombia de 800 militares y 600 contratistas civiles de EE.UU. Uno de los aspectos más polémicos del acuerdo es que concede inmunidad diplomática al personal militar norteamericano destacado en el país andino.
El gobierno de Uribe informó que el documento no pasará por el Congreso porque, según argumenta, "no es un tratado internacional sino un acuerdo simplificado" que desarrolla "obligaciones contenidas en tratados y convenios bilaterales y multilaterales ya suscritos por Colombia". Sin embargo, el texto del acuerdo deberá ser revisado y aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes de EE.UU.
En el Congreso hay división. Mientras los presidentes del Senado y la Cámara aceptan que el acuerdo no debe pasar por el legislativo, el portavoz liberal en el Senado, Juan Manuel Galán, exige que “se respete el dictamen del Consejo de Estado, que pide que el acuerdo sea llevado al Congreso”. El senador resaltó que impedir que el legislativo se pronuncie es “un acto de soberbia de Uribe, lo democrático es demostrar que hay consenso o rechazo”. Galán dijo que según el Consejo de Estado, sí va haber tropas extranjeras en Colombia.