La Policía es una de las instituciones tutelares de la Patria y no debería caer en el descrédito. Es obligación del Ministerio de Gobierno y del Comando General profundizar las reformas…
Editorial La Prensa
La Policía Nacional está viendo mermada cada día su credibilidad. La sociedad ya no le tiene la confianza de antes y ello se debe, esencialmente, a que no está cumpliendo con su obligación y, por el contrario, una parte de sus miembros se ha dado a la tarea de delinquir y a atentar contra los ciudadanos, erosionando el respeto que esa institución debía generar.
Las actividades delictivas de muchos miembros de esa fuerza del orden se han convertido en una rutina. Han llegado a tal punto que algún ex comandante departamental de Santa Cruz comentaba con periodistas, a guisa de anécdota, que a los nuevos policías se les dice que “en la institución está permitido todo, incluso delinquir, pero que está absolutamente prohibido hacerse pillar”.
La delincuencia se ha enquistado en las diversas unidades que tiene la Policía y las autoridades superiores hacen muy poco para combatirla o se la combate muy tímidamente. Da la impresión de que los altos jefes estarían amparando esas actividades, como lo señaló el ex comandante citado, o que tienen temor y no se atreven a tomar decisiones ejemplares, especialmente contra quienes han adquirido o se les ha dado más poder que a otros y que, por ello mismo, se han convertido en intocables.
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La Policía de Tránsito parece que es la que más ha democratizado la corrupción en su interior. Hay policías que sustituyen las multas que deben cobrar por un modesto soborno que les pagan los no menos corruptos conductores de vehículos. La obtención de licencia para conducir es otra fuente de corrupción, como lo son los exámenes teóricos o prácticos que se toman o como la búsqueda de vehículos robados.
Algunos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen o de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, la Unidad de Polivalentes y de la disuelta UTARC recorren los mismos caminos de la ilegalidad. Ahí están los casos del bosquecillo de Pura Pura o los volteos de droga o las detenciones ilegales o el ametrallamiento de una cámara filmadora de un canal de televisión.
La Policía es una de las instituciones tutelares de la Patria y no debería caer en el descrédito. Es obligación del Ministerio de Gobierno y del Comando General de Policía profundizar las reformas que han iniciado y velar por que se recupere la credibilidad y majestad de esa institución; obligarla a cumplir con sus normas y principios morales; evitar que el mal siga cundiendo.
Muchos de los miembros de la Policía Nacional han demostrado eficiencia y honestidad y no pueden ver mellada su imagen por aquellos que usan el uniforme policial para confundirse con los hampones y atentar contra la sociedad a la que deberían cuidar y proteger por sobre todas las cosas, porque ésta es su misión principal.
El lema “la protección al pueblo es nuestra suprema ley” debería tener un significado real y no convertirse en una anécdota más o en el blanco de burla de la sociedad.