Como parte de su campaña electoral, Evo Morales ha intensificado en los últimos días la supuesta puesta en marcha de diversos proyectos, entre ellos la planta piloto para la explotación de carbonato de litio en el salar de Uyuni y la planta Hidrometalúrgica de Corocoro (en la foto) para la explotación de cobre.
Si recordamos el plan para la explotación de los recursos ferrosos de El Mutún y los machacones anuncios sobre la inminente puesta en marcha de la industrialización de los hidrocarburos, nos daremos cuenta que la inquietud que podamos tener sobre la posibilidad de que se traten solo de anuncios hechos al calor electoral es más que razonable.
Sin embargo no está demás darle el beneficio de la duda al gobierno y analizar otros aspectos que no son menos preocupantes. Sucede que en la nueva Constitución Política del Estado, las comunidades originarias tienen la potestad de decidir que proyectos se pueden ejecutar y en que condiciones.
Como sucede en otras ocasiones, el gobierno exige una aplicación rigurosa de la ley y en otras se limita a soslayarla. En el caso de la mina Himalaya exige una “licencia social” para su explotación pero en el caso del litio en el salar de Uyuni y el cobre en Corocoro, como sabe que es un requisito muchas veces insalvable, sencillamente lo ignora. De lo que se trata es de tener material para la campaña electoral; lo que suceda después ya se verá.
En el caso de Corocoro al parecer el gobierno del MAS se ha tropezado con la horma de su zapato. Como se sabe ese distrito producía importantes cantidades de cobre hasta la caída de los precios de ese mineral en el mercado internacional. Por tanto cuenta con la infraestructura suficiente para iniciar en cualquier momento la explotación.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Pero es aquí donde el gobierno se ve enredado en su propia telaraña. Los comunarios de las zonas adyacentes apelan a su derecho constitucional y exigen se cumpla con el requisito de la licencias medioambiental y social.
Alegan que la planta contamina las aguas utilizadas para regar sus sembradíos y envenenan a sus animales por lo que no permitirán su funcionamiento.
En consecuencia se plantea para el gobierno un menudo problema. Por un lado considera que la explotación en Corocoro con la inversión de una empresa coreana es viable pero por el otro tiene que cumplir, o por lo menos debiera hacerlo, las previsiones constitucionales.
Se trata de uno más de los problemas que plantea la aplicación de una constitución elaborada a las patadas y con sentido esencialmente demagógico y el gobierno deberá acudir a toda su agudeza para resolver la disyuntiva que se le ha planteado.
Ocurre que existe una gran distancia entre los enunciados demagógicos sobre los derechos ancestrales de los pueblos originarios, -que por supuesto deben ser respetados en la medida que no se contrapongan a los de todo el país- y las necesidades productivas.
Los derechos de un sector no pueden anteponerse a los de todo un país sin que ello signifique que deban cargar con los perjuicios. Ese es el dilema que debe resolver Evo Morales y será interesante ver cual de las opciones elige. Sin embargo ya se puede adelantar que en uno u otro sentido se producirán efectos políticos.
Si opta por el respeto irrestricto a un supuesto derecho ancestral, se estará vulnerando la capacidad productiva del país con las consecuencias previsibles que estarán relacionadas principalmente con la huida de las inversiones. Por el contrario si prioriza el aspecto productivo se verá que el incluir un capítulo en la constitución asignando a las comunidades el derecho, por encima del Estado, de decidir que proyectos van y cuales no, solo tuvo una motivación esencialmente demagógica que más temprano que tarde se vería confrontada con la realidad.