El Gobierno quiere forzar el cierre de las investigaciones del caso Rózsa y sacar sus propias conclusiones, antes que se le siga complicando.
Editorial El Día
Los diputados oficialistas que integran la comisión que investiga el caso Rózsa quieren convertirse en los salvadores del Gobierno, envuelto en el peor escándalo de terrorismo de Estado, detrás del oprobio de Pando, por supuesto. Pero no hay caso, pese a que quieren dar por terminadas las pesquisas, el asunto no cierra, mientras tanto, siguen sumándose las contradicciones al extremo de llevar a la desesperación al ministro de Gobierno quien, por último, ha dicho que él estaba de viaje cuando se produjo la intervención en el hotel Las América y que terminó con tres ciudadanos europeos muertos.
El fiscal Marcelo Soza ya no quiere dar la cara como lo hacía antes, acompañado de cuadros murales con las caras de los supuestos financistas del grupo Rózsa. Ahora se ocupa de servir de “correveidile” del capitán Wálter Andrade, a quien mantienen oculto para que nadie pueda constatar con vista propia, las idas y vueltas que da sobre el operativo que él mismo comandó el 16 de abril en Santa Cruz y sobre las relaciones previas que mantuvo con el supuesto grupo terrorista. La chapuza es tan grande, sin embargo, que las dos declaraciones en secreto que le ha tomado Soza no han servido más que para agregar confusión y sospechas.
Hasta el presidente Morales, quien ha asumido ya su responsabilidad en la matanza de los tres hombres en el hotel Las Américas, cuando afirmó que él fue el que ordenó el operativo, ha demostrado desesperación; primero cuando advirtió que dentro de la Policía hay algunos que están pasando información a los medios sobre lo que realmente ocurrió y segundo, cuando reacciona con furia ante las preguntas incómodas de los periodistas.
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Todos en el Gobierno han admitido que el contenido de los videos y fotografías que se han difundido sobre este caso son reales. Que se quieran hacer interpretaciones antojadizas sobre las imágenes es otro asunto. El hecho es que ha quedado claro que el capitán Andrade y otros miembros de la Policía estuvieron relacionados con Rózsa y su grupo meses antes de producido el atentado en la casa del cardenal Terrazas. Afirmar que no fue infiltración como se dijo al principio, que fue seguimiento o un trabajo de inteligencia, no despeja ninguna sospecha sobre el tipo de vínculo que tenían las fuerzas de seguridad y sus mandos (léase Ministerio de Gobierno y otras instancias mucho más altas) con los presuntos separatistas y magnicidas y los objetivos que guiaban esa relación. Tampoco está eliminada la hipótesis de la ejecución y en todo caso se refuerza no sólo por las pruebas recogidas en el lugar del tiroteo, sino por el sencillo razonamiento de que un trabajo de inteligencia que termina de esa manera no puede ser interpretado más que como un acto de eliminación de rastros y testigos.
El Gobierno quería un show mediático sobre este caso y ya lo tiene, lo están haciendo sus operadores del Parlamento tratando de ocultar lo que ya todo el país vio de forma clara. Quería politización, para propiciar un linchamiento de sus opositores, pero pese a su fuerza y a sus medios, no ha podido esconder las evidencias que deja todo crimen, que nunca es perfecto. Queda por saber quién es el que va a cerrar este caso, porque el oficialismo no podrá hacerlo. La verdad no se tapa por decreto.