Nada en las leyes ni reglamentos carcelarios impide que un ciudadano sin sentencia ejecutoriada se exprese. Sin embargo, el Poder Ejecutivo persiste en su férrea oposición a permitirlo…
Editorial La Prensa
Fueron muy fuertes —y justificadas— las críticas que recibió el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) con los anteriores comicios por presuntas parcialidades y vicios diversos. Entre ellos, el más notable fue el de la corrupción del Padrón Electoral. Pasado el tiempo, este importante organismo que controla la pureza de los comicios cambió de mando. De inmediato se percibió un cambio positivo, mayor objetividad y menos dependencia del Gobierno, tal como debe ocurrir y ocurre con sus similares en otros países.
La imparcialidad e independencia del Órgano Electoral resultan requisitos indispensables para asegurar la continuidad de la vida en democracia. Asimismo, sus dictámenes tienen naturaleza obligatoria durante los tiempos previos a los sufragios y en todo lo concerniente con las campañas previas.
El arduo y eficaz trabajo de la OEP fue reconocido por propios y extraños. En muy poco tiempo y pese a las tremendas limitaciones de nuestro país en materia de infraestructura de comunicaciones, se pudo poner en práctica el nuevo Padrón Electoral biométrico. El éxito fue muy grande, ya que se incrementó considerablemente el número de inscritos. Ahora, bolivianos y bolivianas tenemos la esperanza de tener elecciones limpias, transparentes, sin duplicaciones, sin votos de difuntos o de ausentes como sucedió en el reciente pasado. Este gran logro del OEP agigantó su prestigio como ente objetivo e imparcial.
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Pese a los merecidos pergaminos, el Órgano Electoral es desprestigiado en la actualidad y nada menos que por el propio Gobierno que previamente lo ensalzó. Este lamentable proceder es producto de la campaña política, sí, pero esencialmente de la sañuda manera de impedir que un candidato hable desde la cárcel de San Pedro, donde se encuentra detenido a la espera de ser juzgado. Nada en las leyes ni reglamentos carcelarios impide que un ciudadano sin sentencia ejecutoriada se exprese. Sin embargo, el Poder Ejecutivo persiste en su oposición a permitir que Leopoldo Fernández, candidato a la Vicepresidencia por un grupo opositor, diga lo que tenga que decir en una democracia y como ciudadano con derechos, aunque esté en prisión.
De continuar el Gobierno con esta tesitura, corre el riesgo de transformar en dudoso cualquier resultado del 6 de diciembre. Asimismo, cabe añadir que hay observadores internacionales y organismos de defensa de los derechos humanos, como también está vigente la Carta Democrática Interamericana. Todo esto debe hacer reflexionar a quienes, obcecadamente, quieren llevar adelante sus designios por encima de normas de naturaleza universal.
Confiemos que las cosas cambien pronto para el bien de la institucionalidad democrática. Nuestra línea editorial es de absoluta prescindencia política, pero en el campo de los principios fundamentales somos intransigentes al defender todo lo que sea respeto a la ley y a la democracia. Lo que se hace desde las esferas del oficialismo —escudados en el poder— no es correcto. Así de simple. Es nuestra opinión y lo expresamos con franqueza.