Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDI) revela que en las gestiones de 2006, 2007 y 2008, más del 67 por ciento de la hoja de coca producida en Bolivia burló los controles legales en el país, lo que significa 102.414 toneladas, cantidad destinada a fines ilícitos, aunque una autoridad del gobierno asegura que gran parte de ese producto alimenta a los “mercados primarios”.
Editorial El Diario
Tal información preocupa porque eludir controles de fiscalización significa que los cocaleros que cometen ese delito destinan su producto al narcotráfico, de donde se colige que ésta es una de las causas para el incremento de elaboración de cocaína en sus diferentes fases en el país.
Parte de esa producción es incautada por los operativos de interdicción de la fuerza antinarcóticos, pero los montos incautados representan menos del 10 por ciento, porque según cálculos de especialistas, con la coca que eludió los controles legales en Caranavi en La Paz y Sacaba en Cochabamba se estima una producción de más de 311 toneladas de droga, es decir a 103.5 toneladas por cada una de las tres últimas gestiones pasadas. La ONUDI ha dado a conocer que las plantaciones de coca están por encima de las 32 mil hectáreas, cuando lo permitido por la Ley 1008 es sólo de 12 mil hectáreas, aunque el Gobierno considera que la superficie máxima permitida como legal es de 20 mil hectáreas. Más producción calculada de cocaína y las incautaciones de la misma demuestran que la actividad del narcotráfico está en ascenso, a vista y paciencia del Gobierno.
El informe de la ONUDI es aceptado por alguna gente del Ejecutivo, que como justificativo menciona la demanda de coca de los “mercados primarios”, pero debería hacer un estudio en el menor tiempo posible y constatar si los datos mencionados son ciertos y cuáles son las causas para un control deficiente, porque si los puestos de control son burlados, la fiscalización se la puede hacer en los centros de venta de la hoja. Allí se puede establecer la procedencia del producto y del propietario del mismo, el que tiene que contar con las autorizaciones de ley para su comercialización y el visado correspondiente de los puestos de control. Similar tarea se tiene que cumplir entre los minoristas de los centros de abasto. Así se verificará si es evidente que gran parte de la coca que elude los puestos de control alimenta los “mercados primarios”.
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La producción total de coca en Bolivia, del 2006 al 2008, fue de 153.675 toneladas que es el 100 por ciento, ingresaron al mercado legal 49.631 que representa el 32. 5 por ciento, mientras que el 67.5 por ciento, es decir 102.414 toneladas, fue desviado al mercado desconocido. Entonces se confirma la denuncia de que la coca ilegal, excedentaria, que no está contemplada en las 12 mil hectáreas de lugares tradicionales como los Yungas de La Paz y Yungas de Bandiola en Cochabamba, es destinada al narcotráfico. La falta de una política de lucha contra el narcotráfico y las sustancias prohibidas causa el fortalecimiento de los narcotraficantes.
La lucha contra ese flagelo que lleva adelante el Gobierno es deficitaria, porque así como los cultivos de la coca, materia prima de la cocaína, aumentan, la producción de droga crece. Pero lo más peligroso es el consumo, ya que cada vez son más los adictos y no hay centros especializados de curación y reinserción a la sociedad. Sin embargo en los procesos de la Ley 1008 parte de los bienes incautados es destinada a la construcción de albergues y centros especializados para el tratamiento de los drogodependientes, lo que no se cumple.
Se puede asegurar que gran parte de la coca producida ilegalmente y que burla los controles, es utilizada por el narcotráfico. Además para plantar la hoja se busca lugares alejados de los centros urbanos y generalmente de difícil acceso. Si el Gobierno realmente quiere luchar contra el narcotráfico, tiene que aumentar el número de efectivos de las fuerzas antinarcóticos y dotarles del material necesario para que hagan su labor sin interferencias ni contratiempos.
Las cifras que hacen conocer comisiones de Naciones Unidas son reales, por lo que deben ser tomadas en cuenta por el Gobierno para que planifique las tareas de las fuerzas antinarcóticos y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, las primeras para un efectivo control de la producción de coca y su ingreso al mercado legal, en tanto el INRA tiene que establecer las plantaciones clandestinas en todo el país, especialmente en las tierras fiscales o de propiedad de etnias y pueblos originarios. Bolivia no debe continuar estigmatizada por el narcotráfico y sus secuelas.