Una agencia de noticias ha informado que las muertes del húngaro Arpád Magyarosi y del irlandés Dwayer Michael Martin no dejan de inquietar a la Comunidad Europea, porque se trata de dos ciudadanos europeos.
Editorial El Diario
Esa preocupación fue expresada por el consejero de la delegación de la Comisión Europea en Bolivia, Ivo Hopkins, quien dijo que a seis meses del operativo policial del 16 de abril en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, donde murieron los mencionados europeos y un boliviano nacionalizado croata, la UE no recibió aún de Irlanda y Hungría una petición de representación ante el Gobierno boliviano por esas muertes.
El representante de la Unión Europea dijo: “Claro que hay una preocupación, no olvidemos que es gente de la Unión Europea que ha muerto, ese es el detalle, pero en todo caso es competencia de los países llevar adelante la investigación”. Si las autoridades nacionales no esclarecen de forma transparente lo que realmente sucedió en el hotel cruceño de referencia, se puede presentar un problema de Estado. No se descarta que los familiares de las víctimas inicien juicios ante la Corte Internacional, ya que en el país donde sucedieron los hechos las autoridades no le dan importancia al caso, por el contrario, recurren a la polémica con la única intención de desorientar a la población.
Los familiares de uno de los europeos muertos en el operativo realizado por un comando de elite de la Policía Nacional, por medio de peritos y expertos en la materia investigaron la forma como murieron los tres huéspedes del hotel Las Américas, llegando a la conclusión de que fueron ajusticiados y no hubo reacción de alguna naturaleza, desechando la posibilidad de enfrentamiento armado que sostienen las autoridades bolivianas. Los investigadores extranjeros aseguran que no hubo tal, debido a que no hubo cruce de balas, todos los impactos se encuentran en las habitaciones donde dormían los europeos y el boliviano naturalizado croata y húngaro Eduardo Rózsa Flores.
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A medida que pasa el tiempo hay nuevas revelaciones, apareciendo fotografías y filmaciones, de las que el Gobierno reconoce su autenticidad en parte, ya que denuncia montaje en algunas. Sin embargo ese material involucra al capitán que comandó el operativo como comandante de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), al director de Inteligencia de la Policía Nacional y al Alto Mando Policial, siendo sindicados de ocultar información sobre el operativo y las labores de infiltración que hizo la institución del orden a la supuesta organización terrorista. Lo que complica la situación es por qué no se actuó oportunamente para evitar el atentado dinamitero a la casa del Cardenal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, si era de conocimiento de la policía.
El Gobierno restó importancia a las filmaciones y fotografías que aparecieron de forma anónima, arguyendo inicialmente que fueron objeto de montaje, aunque ante la aparición de nuevas evidencias, en algunos casos tuvo que cambiar de opinión y aceptarlas como válidas, lo que está rebatiendo los argumentos del enfrentamiento armado que se dijo se prolongó de 20 a 30 minutos, porque se ha comprobado que en ese operativo además de los policías participó algún civil, cuya identidad no se la conoce. No se descarta que surjan otras comprometedoras revelaciones.
También preocupa al Gobierno que la documentación que se está haciendo pública es proporcionada desde el interior de la institución del orden, posiblemente por policías molestos por el accionar de sus jefes, que no revelan la verdad de los hechos. Las propias autoridades del Ejecutivo confirman que son policías los que proporcionan las filmaciones y fotografías, sin dar a conocer las causas de esa infidencia. Cualquiera sea la razón para ello, se detecta malestar en el interior de la institución verde olivo, que no se lo puede continuar ocultando.
Sin una posición seria y coherente, los oficialistas se reducen a acusar a los “separatistas” por las revelaciones que surgen y que conducen a pensar que en el operativo del 16 de abril fueron ajusticiados los supuestos terroristas, porque los argumentos para rebatir dicha afirmación carecen de fundamento legal y técnico. Antes de que surjan más revelaciones la Policía tiene que esclarecer esos hechos y justificar su participación, si no quiere dar lugar a que los familiares de los europeos victimados demanden al Jefe de Estado ante tribunales internacionales, por atentados de lesa humanidad.