En los países europeos, el reparto de una porción de la torta fiscal (subsidios de desocupación, maternidad y otros), al estimular el consumo, opera efectos positivos en la economía…
Editorial La Prensa y El Deber
¿Qué hacer con las rentas del Estado? Éstas provienen de diversas fuentes. Aparte de aquéllas de tipo impositivo, quizás las más importantes sean las que provengan de un sostenido crecimiento económico, no sólo en proyección integral (producción básica e industrial), también de la expansión en el mercado internacional para exportaciones. Este rubro, finalmente, significa, para cualquier país, una vertiente esencial de ganancias sin las cuales no es posible la aplicación de políticas en el campo social, espacio en el cual figuran los ingresos, educación y salud de la gente.
Tan cruciales condiciones son difíciles de conseguir sin políticas estatales precisas en el campo de la inversión pública. Se impone mejorar la infraestructura vial, a fin de estimular la producción agropecuaria para el mercado nacional e internacional, en términos de competitividad. Otro de los retos son los incentivos para que la empresa privada produzca cada vez más y mejor. Tampoco se debe descuidar la educación y salud pública. Sin el apoyo de las respectivas bases materiales (suficientes escuelas y centros de salud), ambos rubros no satisfacen la demanda, inmovilizando ese desarrollo humano tan imprescindible para que una colectividad deje atrás la inequidad social.
Si en ciertos países de alto desarrollo, como los de la Unión Europea, por citar este caso, resulta aconsejable la distribución directa de las rentas del Estado, en forma de bonos y otras modalidades de asistencia social, es porque ellos ya tienen una base material (economía) fuerte como para incorporar tales programas al gasto público.
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Además, al denominado “Estado de bienestar social”, esquema muy arraigado en la tradición política de los países europeos, el reparto de una porción de la torta fiscal (subsidios de desocupación, maternidad y otros), al estimular el consumo, opera efectos positivos en la economía, sobre todo cuando ésta atraviesa una coyuntura de crisis. Es lo que hoy hacen también los EEUU, aunque a regañadientes, algunos de ellos.
En cambio, en países subdesarrollados, como el nuestro, con una economía basada en productos básicos, como el gas y el petróleo, constituyen la fuente principal de los ingresos nacionales; no es concebible que se desvíe un porcentaje de éstos a políticas rentistas de fines político-electorales y de escaso efecto positivo. Lo racional y prudente sería aplicarlos a programas de estímulo de la producción nacional, tanto estatal (hidrocarburos) como privada (agropecuaria, industrial, artesanal, etc.), así como a una ampliación de la infraestructura vial, particularmente de aquélla con puntos de acceso a las rutas del Pacífico y el Atlántico. Es decir, lo que gana el país debiera destinarse al fortalecimiento de la economía, a fin de que alcance el nivel que exigen estas prácticas propias de países ricos que disponen del suficiente excedente para gastar en cosas propias del Estado de “bienestar social”. Y ése, muy claro queda, no es el caso de Bolivia.