Por confrontación política, el Gobierno y la oposición enviaron representaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la finalidad de unos de sentar denuncias sobre la violación de los derechos ciudadanos que comete la actual administración gubernamental y otros de rebatirlas y responsabilizar de las trabas que impiden al Ejecutivo realizar los cambios que propone el gobernante Movimiento Al Socialismo.
Editorial El Diario
Ante la intolerancia política, sobre todo de quienes se encuentran en el poder, los que se sienten afectados debido a la falta de un organismo nacional que atienda las representaciones correspondientes, recurren a entidades internacionales para hacer conocer lo que ocurre en Bolivia.
Esta situación muestra que en el país el canibalismo, el dogmatismo, la discriminación y el racismo de quienes nos gobiernan provocan reclamos ante instituciones internacionales, lo que daña la imagen de la Nación y sobre todo revela que la convivencia pacífica entre bolivianos no existe, porque prevalece el enfrentamiento, la violencia y el desconocimiento a las normas en vigencia, a la Constitución Política del Estado, cuyo proyecto original fue elaborado por los gobernantes, aunque son los primeros en violarla y desconocerla.
El dicho popular “los trapos sucios se los tiene que lavar en casa”, se tendría que aplicar a lo que pasa en el país, por lo que los gobernantes y los políticos tanto del oficialismo como de la oposición deberían haber extremado acciones para dilucidar los problemas que los enfrentan y no comprometer la imagen de Bolivia en el contexto mundial, por posiciones personales y partidarias. Está comprobado que los políticos no están preparados para sostener debates con sus contrincantes, limitándose a descender al insulto, la diatriba y las agresiones físicas, cuando deberían dialogar de forma civilizada, lo que no ocurre porque simplemente desconocen la realidad nacional.
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La pertinencia o no de la presentación de dos representaciones bolivianas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Washington, EEUU, mereció diversos comentarios, pero la mayoría aprobó la presencia de los senadores y un destacado jurista para hacer conocer las violaciones que el Gobierno viene cometiendo en contra de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que no comparten la ideología del masismo. Otros aseguran que se debió haber hecho los esfuerzos necesarios para llegar a una conciliación de criterios y allanar el camino a la solución de problemas. No faltan quienes critican la pobre actuación del delegado gubernamental, que lo único que hizo fue buscar la confrontación y responsabilizar de los errores del Gobierno a los opositores.
Sin duda los senadores denunciantes planificaron su participación en la OEA, porque presentaron una denuncia contenida en un informe de más de 40 paginas, donde se detalla las transgresiones a los Derechos Humanos por el gobierno de Morales Aima. La relación de los hechos contempla los cercos al Congreso nacional, las agresiones de los afines al Ejecutivo en contra de legisladoras, la masacre de la Calancha, el sometimiento del Legislativo al Ejecutivo, los ataques sistemáticos y constantes y la defenestración del Poder Judicial, del que buscan su destrucción, el uso discrecional de la justicia por parte del Gobierno y las agresiones a medios de comunicación y periodistas. Así se busca demostrar la declinación del respeto y consideración a los Derechos Humanos en Bolivia.
Llama la atención la irrelevante participación del representante del Gobierno ante la CIDH de la OEA, el otrora directivo de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia y actual Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, quien admitió que existen fallas y lentitud en el acceso a la justicia, como también en la inclusión social. Ante la deficiente representación, trató de responsabilizar de los errores gubernamentales a los partidos políticos de la oposición, acusándolos de frenar la institucionalización del Poder Judicial, dejando pendiente la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, del Concejo de la Judicatura y del Ministerio Público. Pero no pudo demostrar los avances del gobierno del MAS en materia de respeto a los Derechos Humanos.
Lo más importante es el haber invitado a una comisión de la OEA para que visite Bolivia y compruebe en el terreno las violaciones que se comete en contra de los Derechos Humanos, para lo cual el delegado gubernamental ofreció toda la cooperación posible. Sin embargo los miembros de la CIDH tienen que evitar contaminar la investigación y las observaciones que harán, para que no se repita lo que pasó con aquella comisión que investigó los sucesos de Porvenir en el departamento Pando, estudio que se parcializó y favoreció a los gobernantes. El trabajo de investigación debe ser transparente y sin influencia política.