Los tramitadores hacen contactos con sus víctimas en las mismas oficinas de Derechos Reales. Dos de las máximas autoridades de esta institución fueron destituidas por la Judicatura, por supuestos hechos de corrupción.
La Razón
“Traiga todos los documentos en un archivador, y 350 bolivianos por ahora. Yo lo haré ingresar mañana mismo, y en 10 días sale su trámite. Así de rápido lo vamos a hacer; no se preocupe. Yo tengo amigos ahí adentro”, afirmó un tramitador a un periodista de La Razón que fue a Derechos Reales a verificar denuncias de corrupción en esa institución.
El periodista llegó hasta las oficinas de registro, ubicadas entre la avenida Sucre y calle Indaburo, la mañana del miércoles. Entró al lugar y estuvo deambulando de uno a otro lado esperando que alguien se acercara y le ofreciera ayuda. No pasaron ni 20 minutos cuando ocurrió lo que denunciaron algunas personas.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Un hombre se acercó y preguntó: ¿necesita agilizar su trámite? Una vez hecho el contacto y recibir una respuesta positiva, llevó a su “cliente” a una oficina ubicada a unos metros de distancia de Derechos Reales. Ahí, una persona que se identificó como Juan explicó que tiene los “contactos” para agilizar los trámites sobre derechos de propiedad.
“Tengo amigos ahí dentro y, si hacemos ingresar su trámite mañana (jueves), al día siguiente sabré quién lo tiene y empezaremos a agilizarlo. El costo del trámite estará en función a lo que cuesta su terreno; es decir, por cada 1.000 bolivianos cobramos 5 bolivianos”, explicó el tramitador.
La Razón se acercó a tres personas en la oficina de Derechos Reales. Cada una de ellas contó que tramitadores o funcionarios les pidieron dinero a cambio de agilizar trámites.
Juan aseguró que tiene “amigos” en Derechos Reales y que, “una vez adentro (el trámite) hay que darle alguito a él (al amigo) para que te lo saque rápido el registro”.
Como Juan, existen al menos una docena de tramitadores que permanecen cerca de las oficinas de Derechos Reales, sobre la calle Yanacocha, a la espera de algún cliente interesado en “agilizar” sus trámites de propiedad.
El Consejo de la Judicatura tiene bajo su tuición a Derechos Reales. El único consejero, Rodolfo Mérida, admitió que conocen de este tipo de irregularidades y que no pueden hacer nada, mientras no haya denuncias formales.
Dos de las máximas autoridades registradoras de La Paz, Iván Calderón y Asdrúbal Columba, fueron destituidas por supuestos hechos de corrupción. Hace un mes y medio destituyeron a Columba y se designó a Iván Vargas como subregistrador.
La oficina de Derechos Reales recibe un promedio de 500 trámites por día. Los procesos más comunes son de registro de inmueble, levantamiento de hipoteca y anotaciones preventivas. Esta institución en La Paz cuenta con cerca de 40 funcionarios, entre cajeros e inscriptores.
En la oficina central existen dos computadoras en las que los interesados pueden averiguar el curso de su trámite, pero muy pocos la usan. Se observa, en las diferentes ventanillas de atención, largas filas para iniciar trámites, reclamos y otros. El Consejo de la Judicatura intervino en enero de 1999 la oficina de Derechos Reales de La Paz debido a denuncias de supuesta corrupción. En el operativo fueron detenidos 22 funcionarios de los que 14 fueron remitidos a la justicia ordinaria.
“Al final esto (intervención) quedó en nada. Paulatinamente se evidenció que era difícil probar (las denuncias) contra los acusados”, recordó Mérida.
Sobre la demora de los procesos, Iván Vargas, subregistrador de DDRR de La Paz, explicó que el trámite “más largo, que es el registro de urbanizaciones, debe tardar máximo 20 días”. Sin embargo, los trámites de los tres entrevistados llevan más de dos años.
Los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura serán elegidos por voto universal, de acuerdo con la nueva Constitución Política del Estado.
El tramitador explicó a su ocasional cliente que no era necesaria su presencia en el trámite, porque tenía los suficientes contactos en DDRR. El periodista le dijo que volvería el jueves.
Puntos de vista
“El cajero falseó un testimonio”
testimonio Propietario.
Quería levantar la hipoteca de mi casa. Me contacté con un tramitador y él me presentó a un cajero de DDRR. Éste me pidió primero $us 300 para tramitar un testimonio y presentarlo en Derechos Reales para levantar la hipoteca. Luego me pidió $us 200 para iniciar el trámite. Pasó un buen tiempo y no había resultados. Entonces fui al juzgado, donde supuestamente radicaba mi caso, y resultó que el cajero había falsificado el testimonio que me dijo tramitó. Presenté la denuncia y hoy está estancada en la Fiscalía.
“Les di más de 9.000 bolivianos”
hipoteca Propietario.
El momento de registrar mi departamento en Derechos Reales me enteré que estaba hipotecado. Hace cuatro meses un tramitador me prometió que iba a hacer los trámites para registrar mi inmueble y me pidió Bs 4.000, pero nunca hizo nada y no me devolvió el dinero. A otro tramitador le di Bs 2.000, él me dijo que uno de los funcionarios era su amigo y que mi trámite iba a salir rápido, pero nada. Tras dos años de estar peleando nunca salía. Al final le di a una señorita 3.000 bolivianos para que agilice y nunca me regresó el dinero.
“Mi trámite dura más de 3 años”
denuncia Propietario.
Al hacer mi trámite para registrar mi casa, uno de los funcionarios me pidió 400 bolivianos para que mis documentos ingresen con prioridad al sistema. Después de un mes lo vi y le di el dinero. Me dijo que esperara una semana. Después de ese tiempo fui a Derechos Reales y ese señor me dijo que ya estaba casi listo y que sólo faltaba una firma, pero que era necesario le diera otros 100 bolivianos para timbres y otras cosas. Hasta el día de hoy, pasaron tres años, y ese señor me da largas al asunto y jamás me entrega el trámite. Ya lo denuncié, pero nada.
La Judicatura no encontró corrupción en DDRR
AUDITORÍA • Según una evaluación, no se hallaron irregularidades en las actuaciones de los funcionarios. Las denuncias no se formalizan.
El consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida, informó que se instruyó una auditoría a la oficina de Derechos Reales de La Paz que no detectó ningún acto de corrupción, pues las denuncias no se formalizan. La autoridad, no obstante, reconoció que existe un régimen disciplinario débil para enfrentar la corrupción.
Las auditorías no encontraron irregularidades. “Pese a que la población hace saber hechos de corrupción, no formaliza su queja y con un régimen disciplinario débil muy poco es lo que podemos hacer”, lamentó la autoridad de la instancia disciplinaria del Poder Judicial.
La Razón constató que tramitadores instalados en inmediaciones de Derechos Reales ofrecen agilizar trámites a cambio de dinero. Aseguran que tienen “contactos” en esta institución.
Como parte de sus labores de fiscalización, la Judicatura sólo puede realizar evaluaciones diarias y extraordinarias. Hace tres meses ejecutó una evaluación extraordinaria a los funcionarios de Derechos Reales. 14 de ellos no aprobaron la prueba, pero volvieron a ser sometidos a una evaluación. Seis de ellos, finalmente fueron ratificados en sus cargos y el resto fue destituido.
Las funcionarios incurrieron en faltas que van desde desconocimiento del trabajo judicial hasta actos de indisciplina, según informó el subregistrador de DDRR, Iván Vargas.
“Quisimos encontrar actos de corrupción, pero ésta no deja factura y quienes son víctimas de esto no formalizan la denuncia concreta para no comprometerse”, reconoció Mérida.
El consejero, no obstante expresó su preocupación por lo que sucede en la oficina de registros de propiedad y anunció que alienta la creación de mecanismos de mayor control y fiscalización a los funcionarios.
“Sabemos que se estuvieron cometiendo esos actos (corrupción), pero no tenemos pruebas”, lamentó y convocó a los litigantes a denunciar las irregularidades.