El organismo internacional planteó una salida salomónica al debate sobre Leopoldo. Los masistas creen que eso es injerencia.
El Día
Veedores exigen debate y acatar fallos de la CNE
Los observadores electorales, llegados de Europa, reclaman debate entre los postulantes a la presidencia para que haya un voto democrático y transparente. Además, piden acatar fallos de la CNE. Los masistas creen que eso es injerencia.
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La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) abogó ayer el debate político a través de los medios de comunicación de los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que participan en las elecciones del 6 de diciembre próximo.
La jefa de la misión de observación de la UE, Renate Weber, calificó de importantes a los debates para que la población en general asista informada a las elecciones generales.
«Nosotros podemos decir que nos parece normal que se debatan temas, proyectos que son tan importantes para los bolivianos. A nosotros lo que nos importa muchísimo es que la gente reciba información durante la campaña sobre todos esos asuntos porque el voto debe ser informado», dijo.
El jefe de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS) Jorge Silva, dijo que ellos seguirán debatiendo con los movimientos sociales, que este pedido es considerado una intromisión y que no permitirán a ningún organismo internacional lo haga.
“Es una realidad que no depende de los observadores. Si bien existe la buena voluntad se puede aceptar su poco conocimiento de la ley como sus buenas intenciones. Si lo dicen o no me parece relevante que haya un gobierno que desconozca el debate”, señaló el vocero de Convergencia Nacional, Erick Fajardo.
El jefe adjunto de la Misión de Observación de la UE, José Antonio de Gabriel, afirmó ayer que las resoluciones de la Corte Nacional Electoral (CNE) sobre el candidato a la Vicepresidencia por Convergencia Nacional, Leopoldo Fernández, deben ser de «cumplimiento obligatorio» y debe ser un juez cautelar que defina si el ex prefecto puede o no hacer campaña desde la cárcel de San Pedro.
Añadió que quien está obligado a ejecutar esas resoluciones no es el Gobierno, porque no tiene jurisdicción sobre los presos preventivos y quien tiene jurisdicción es el Juez de Medidas Cautelares que supervisa la condición preventiva del candidato a la Vicepresidencia.
Sobre estas declaraciones, Silva dijo que la CNE lamentablemente no ha observado a tiempo de emitir su resolución el Código Penal y el mismo Código Electoral, “sino que ha emitido su resolución tratando de favorecer a uno de los candidatos”, dijo.
Silva volvió a repetir que esto es una intromisión de la Unión Europea y que al final es la justicia boliviana quien decidirá sobre el destino en la campaña de Fernández.
“Nos parece aceptable que observadores no tengan un juicio constituido y que desconozcan las leyes. Es aceptable que un extranjero desconozca la pirámide de la justicia. Obviamente un juez de esta categoría no puede cuestionar una resolución de la Corte, que en temas electorales es la última y máxima opción y por lo tanto son resoluciones que deben ser respetadas”, dijo Fajardo.
El candidato a primer senador por Alianza Consenso Unidad Nacional, Óscar Ortiz, dijo que si bien está en la Constitución, es cuestión de respetar la determinación de la CNE pero que lamentablemente el MAS no lo hace.
Quien está obligado a ejecutar estas resoluciones no es el Gobierno.
Proceso por obstaculización
La defensa del candidato a la vicepresidencia por Convergencia Nacional, Leopoldo Fernández, dijo que esta agrupación está con la predisposición de iniciar las acciones que correspondan por los delitos de obstaculización al proceso electoral.
La abogada Claudia Almanza dijo que si bien las resoluciones de la Corte Nacional Electoral (CNE) son de cumplimiento obligatorio no tendría ninguna autoridad del Poder Ejecutivo y Legislativo desobedecer las mismas.
“No tenemos los suficientes medios coercitivos para que los funcionarios públicos cumplan con las resoluciones de la CNE”, dijo Almanza al señalar que ellos no han tenido en ningún momento contacto con algún observador.
UE respalda fallo del OEP y pide que la justicia lo ejecute
EL ORGANISMO INTERNACIONAL PLANTEÓ UNA SALIDA SALOMÓNICA AL DEBATE SOBRE LEOPOLDO
Contacto: el equipo de observadores de la Unión Europea en conferencia de prensa ayer
La Prensa
La misión de la Unión Europea coincide con el Gobierno. Un Juez debe definir derechos de Leopoldo. PPB lamentó que la delegación europea haya realizado una lectura errónea de la legislación boliviana.
La Unión Europea (UE) planteó ayer una solución salomónica al conflicto generado por el fallo del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) sobre Leopoldo Fernández y dio la razón en un 50 por ciento al Gobierno y en otro 50 por ciento al OEP.
El jefe adjunto de la Misión de Observación de la UE, José Antonio de Gabriel, afirmó que las resoluciones del OEP que indican que el candidato a la Vicepresidencia por el PPB-Convergencia Nacional puede hacer campaña deben ser de “cumplimiento obligatorio” y debe ser un juez cautelar quien defina si el ex Prefecto puede o no hacer campaña desde la cárcel de San Pedro de esta ciudad.
El vocero de PPB-CN, Érick Fajardo, consideró que la “opinión” expresada por los veedores europeos obedece a que no tienen conocimiento del sistema legal boliviano, por lo que rechazó la propuesta planteada y anunció que hoy se realizará una nueva “peregrinación” al penal de San Pedro en solidaridad con “Leo”.
En conferencia de prensa, el funcionario dijo: “Consideramos las resoluciones (del Órgano Electoral) de obligado cumplimiento. Ahora, en términos internacionales y también a la luz de la legislación boliviana, el Gobierno no tiene jurisdicción sobre los presos preventivos, quien la tiene es el juez de medidas cautelares. Consideramos que la resolución del ente electoral, sin género de dudas, deberá ser el juez cautelar el encargado de ejecutar”.
Aclaró que la misión extranjera no puede opinar sobre “el fondo del asunto” y dijo que la justicia boliviana deberá ser la responsable de develar las responsabilidades de Fernández en los hechos de Porvenir en septiembre de 2008.
La misma posición fue expresada por la jefa de la Misión de la Unión Europea, Renate Weber, al presidente Evo Morales en la reunión que sostuvieron ayer en la mañana.
La UE hizo alusión a la resolución del 15 de octubre en la que el OEP determinó que el candidato vicepresidencial de Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), detenido preventivamente en el penal de San Pedro hace 14 meses, “puede ejercer sus derechos a la libertad de expresión con fines electorales y realizar propaganda política”.
La entidad electoral pidió al Jefe de Estado que haga cumplir este fallo porque tiene tuición sobre la Dirección de Régimen Penitenciario; sin embargo, el Órgano Ejecutivo rechazó el dictamen y acusó a su presidente, Antonio Costas, de favorecer al candidato presidencial del PPB-CN, Manfred Reyes Villa.
El Gobierno sostiene que el juez de medidas cautelares que lleva adelante el proceso contra Leopoldo Fernández es quien tiene la potestad para permitir al candidato a la Vicepresidencia por PPB a hablar con los medios de comunicación. El lunes, el vicepresidente Álvaro García Linera reiteró esta posición.
No obstante, el MAS presentó un recurso de revisión pidiendo que el OEP deje sin efecto la resolución emitida el 15 de octubre; sin embargo, el organismo electoral ratificó su fallo el 4 de noviembre.
Fernández no siguió el “consejo” del Gobierno porque no reconoce la competencia de la justicia ordinaria y pide que se abra un juicio de responsabilidad porque los delitos de los que se le acusa fueron cometidos cuando era Prefecto de Pando.
La Unión Europea entiende que la resolución del OEP debe ser cumplida por un juez de medidas cautelares, pues el organismo electoral tiene toda la autoridad para instruirlo.
El Jefe Adjunto de la misión insistió en que a lo largo de los siguientes días mantendrán contactos con varios interlocutores para “afinar nuestra opinión sobre el asunto” y su veredicto final estará registrado en un informe preliminar.
Antes de dar a conocer esta posición, la delegación de la UE realizó dos talleres, uno en Europa y otro en Bolivia, en los que, asesorados por constitucionalistas nacionales, revisaron la legislación boliviana.
Antes, el candidato de PPB acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para denunciar que, según él, se está vulnerando uno de sus derechos constitucionales.
Hasta ahora ambos organismos no se han pronunciado sobre el impedimento para que Fernández hable; sin embargo, el ex Prefecto de Pando conversó con el programa Usted elige-Día V, de la red Uno y el Grupo Líder, el domingo. Fue la primera entrevista que concedió desde que fue recluido en septiembre de 2008, cuando aún desempeñaba el cargo de prefecto del departamento de Pando.
Llegan 110 observadores de la Unión Europea
110 observadores de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) se desplegarán por todo el país en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre. 34 de ellos ya iniciaron sus labores en los nueve departamentos del país.
Ayer, la jefa de la Misión, Renate Weber (diputada de Rumania), presentó oficialmente la delegación ante el Presidente Evo Morales y ante los medios de comunicación. “Es un honor estar de nuevo en Bolivia y le agradecemos a la Corte Nacional Electoral y al Gobierno su invitación. Con las próximas elecciones generales y los referendos autonómicos se completa un intenso periodo electoral que ha sido acompañado por la Unión Europea desde que comenzara en 2006. Nos causa gran satisfacción comprobar que algunas de nuestras recomendaciones han podido ser de utilidad para la organización de esta cita electoral”.
La rumana adelantó que la Misión permanecerá en el país hasta el 10 de enero. Se entregarán dos informes, un preliminar al finalizar la visita y luego otro con las conclusiones y las sugerencias al Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
Weber destacó que, en la última visita a Bolivia, la UE sugirió cambiar de Padrón Electoral e implementar el voto en el exterior. “Dos realidades que ahora vemos con mucha satisfacción”.
El jefe adjunto de la delegación, José Antonio de Gabriel, indicó que no habrá observación de la UE del voto en el exterior por falta de presupuesto.
Por su parte, el presidente del OEP, Antonio Costas, anunció que la misión de la UE es la tercera en confirmar su participación en Bolivia. A los 110 observadores de la UE se sumarán 140 de la Organización de Estados Americanos (OEA) y una veintena de el Centro Carter.
Párroco desmiente a Albarracín
El párroco de Cobija Jaime Suzly desmintió la versión del ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín respecto de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2008 en Porvenir. De acuerdo con la versión del religioso, Albarracín efectivamente pidió hablar con el entonces prefecto Leopoldo Fernández para solicitar el despeje de la pista de aterrizaje para la llegada de un avión con ayuda humanitaria.
El sacerdote reveló que en septiembre de 2008, durante los luctuosos hechos de Porvenir, actuó de intermediario entre la comisión de instituciones humanitarias y defensores de los derechos humanos que lo habrían contactado telefónicamente la mañana del 12 de septiembre para conocer la situación tras el enfrentamiento entre campesinos pandinos con funcionarios de la Prefectura pandina y cívicos. El enfrentamiento dejó un saldo de 11 muertos.
La versión reaviva la polémica entre el ahora candidato a la Vicepresidencia de Plan Progreso para Bolivia y el ex Defensor del Pueblo respecto de la petición que pudo haber formulado Albarracín a Fernández para despejar la pista del aeropuerto Aníbal Abad de Cobija, lo que pudo haber permitido el arribo del contingente que militarizó Pando y responsable de dos bajas civiles.
Torrico culpa al Gobernador
El diputado oficialista Gustavo Torrico acusó al director del Penal de San Pedro, Osvaldo Cabrera, de ser cómplice para que el candidato a la Vicepresidencia de Plan Progreso para Bolivia (PPB), Leopoldo Fernández, haya concedido una entrevista el domingo al programa Usted elige – Día V, de la red Uno y el Grupo Líder.
El parlamentario aseguró que es “muy sospechoso” que un detenido pueda conversar con un medio de comunicación sin que las autoridades en el panóptico se hubiesen enterado.
“Se ha magnificado la conferencia de Leopoldo Fernández y el victimador aparece como la víctima. Fernández está prohibido de hablar porque luego de lo que cometió está divorciado de la sociedad. La conferencia se logró no por falta de seguridad sino por complicidad. Se lo digo así al Gobernador de la cárcel, esto ha sido en complicidad con él o en soborno con él”. El parlamentario indicó que se deberá investigar lo sucedido el fin de semana.
Posiciones encontradas
El Gobierno insiste que Leopoldo deberá tramitar permisos para dar entrevistas ante un Juez.
Fernández no reconoce un proceso ordinario e insiste en que el suyo es un caso de Corte.
La Unión Europea reconoció la autoridad del OEP pero opino al igual que el Ejecutivo.
Repercusiones
“La posición del Gobierno ha sido siempre clara, no se quiere impedir al candidato a hablar con medios, se ha insistido en que debe hacerlo a través de las vías que dispone la ley. La misión de observadores de la Unión Europea tuvo un acierto en señalar que debe ser un juez de medidas cautelares el que determine si el detenido Leopoldo Fernández puede dar entrevistas”
Jorge Silva / Vocero de campaña del MAS
“Existe desconocimiento sobre la jerarquía legislativa y la justicia boliviana. Se entiende que los observadores no tengan conocimiento y cometan el absurdo de querer someter la decisión de una instancia de justicia superior como la del Órgano Electoral Plurinacional a otro poder del Estado. Se está desconociendo la independencia de poderes que existe en Bolivia. Ésta no es una opinión válida”
Érick Fajardo / Vocero de campaña de PPB
“Existen dos resoluciones de la Corte Electoral, consideramos a esas resoluciones de obligado cumplimiento. En términos internacionales y también a la luz de la legislación boliviana, el Gobierno no tiene jurisdicción sobre los presos preventivos. Quien la tiene es el juez de medidas cautelares. Deberá ser el juez cautelar el encargado de ejecutar las resoluciones”
José Antonio de Gabriel / Jefe Misión Unión Europea