Cuarenta y ocho horas después de que la Contraloría General de la República publicara una nueva lista con 153 ciudadanos inhabilitados para postularse a cualquier cargo de elección popular y para trabajar en la administración pública, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre una demanda presentada el 14 de diciembre, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado venezolano por imponer estas sanciones administrativas.
En su comunicado número 85, la instancia hemisférica informó que la querella se sustenta en la denuncia que interpuso el ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, quien no pudo presentarse como candidato a las elecciones regionales y municipales de 2008 precisamente porque el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos le impuso este castigo.
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