El Órgano Electoral y su titular van camino de perder una credibilidad ganada en la aplicación en tiempo récord del padrón biométrico, lo cual nunca es bueno para el sistema democrático. No otra cosa significa que se esté pasando por alto la nueva Constitución Política del Estado y se dé preeminencia a la Ley Transitoria Electoral.
Existen razones de peso para suponer que algunas fricciones entre el Órgano Electoral Plurinacional y el Órgano Ejecutivo en realidad fueron creadas de manera artificial y con el solapado objetivo de asentar una imagen de credibilidad e independencia de la entidad rectora de los procesos electorales.
Recordemos que en un momento el Órgano Electoral emitió una resolución en la que se establecía que se debía respetar el derecho a la expresión del ex prefecto pandino Leopoldo Fernández y permitírsele hacer campaña dentro de las limitaciones impuestas por su encierro. Naturalmente la resolución cayó en saco roto y los medios de comunicación tuvieron que recurrir a una serie de artimañas para tener contacto con él.
Luego se conoció que fueron depuradas alrededor de 400 mil personas que no tenían certificado de nacimiento, lo que para efectos de ciudadanía significa simple y llanamente que no existen. El ejecutivo lanzó una campaña contra la medida y logró que sea revisada y los 400 mil votantes sean habilitados, lo cual es muy probable haya marcado la diferencia en los últimos comicios.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Sin embargo es con la última determinación con la cual el Órgano Electoral ha demostrado que en los hechos es absolutamente funcional al Ejecutivo. Se describe como “ley del embudo” cuando una determinación ha sido elaborada expresamente para favorecer a unos y perjudicar a otros.
El reglamento emitido por el Órgano Electoral a propósito de las elecciones para prefectos y alcaldes el próximo 4 de abril es claramente expresivo de esta situación ya que tiene la manifiesta intención de favorecer al ejecutivo y perjudicar a la oposición.
No otra cosa significa que se esté pasando por alto la nueva Constitución Política del Estado y se dé preeminencia a la Ley Transitoria Electoral en la que se indica que los prefectos y alcaldes deben renunciar a sus cargos para habilitarse como candidatos pero no establece la misma exigencia para el presidente y vicepresidente.
La reglamentación emitida por el Órgano Electoral resultó tan conveniente para el ejecutivo que el propio portavoz masista, Jorge Silva se apresuró a indicar que esta es de cumplimiento obligatorio, lo que no decía antes o cuando por lo menos aparentaba disentir con algunas resoluciones de esta entidad.
Nuevamente el “caballo del corregidor” está dispuesto a demostrar que contra el nadie puede y que el que lo intente deberá atenerse a las consecuencias.
Sin embargo lo pero resulta ser que el Órgano Electoral y su titular van camino de perder una credibilidad ganada en la aplicación en tiempo récord del padrón biométrico, lo cual nunca es bueno para el sistema democrático.