Uno de los miembros del grupo sería un sargento de la Policía que gana Bs 700 cada mes, pero que tiene cuentas bancarias con sumas inalcanzables…
Editorial La Prensa
La detención de la peluquera Ana Suárez ha provocado inquietud en La Paz. Con los datos obtenidos, investigadores de la Policía boliviana y la Fiscalía pintan el retrato de una avezada y fría delincuente, líder de una organización criminal que contaba con la participación de delincuentes extranjeros, la cobertura de policías y el apoyo de algunas trabajadoras del hogar.
“El clan Suárez tenía policías y empleadas a su servicio”, “La Fiscalía indaga si tras el clan Suárez hay jefes policiales”, son dos de los titulares publicados por La Prensa el jueves y viernes sobre este caso de extrema delincuencia.
Si las cosas en Bolivia avanzaran por el cauce del sentido común y la legalidad, la noticia de la captura de esta persona tendría que provocar tranquilidad en la ciudadanía, pero no es así. Diariamente nos recuerdan que los bolivianos somos víctimas de la corrupción, de la confabulación, la mezquindad y la deshonestidad; es decir, estamos cercados por la inseguridad ciudadana. Y diariamente debemos recordar que esos males son propios de muchos bolivianos.
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Una de cal y otra de arena. Se debe aplaudir el trabajo de la Policía boliviana, que, mediante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), dio un golpe contra una red delincuencial dirigida presuntamente por aquella mujer. Y de la misma manera, se debe repudiar a los efectivos que visten uniforme con la obligación de ofrecer seguridad a la ciudadanía pero transigen y se convierten en cómplices de atracadores, asaltantes, monreros o narcotraficantes. Los investigadores afirmaron que uno de los miembros del grupo sería un sargento de la Policía que gana 700 bolivianos cada mes pero que tiene cuentas bancarias con sumas inalcanzables para su ingreso salarial y una vivienda valuada en 200.000 dólares.
La Policía boliviana demuestra cada cierto tiempo que, cuando se lo propone, puede desbaratar bandas de atracadores, asaltantes o de narcotraficantes. La institución del orden tiene a jefes, oficiales y clases bien informados sobre cómo operan los delincuentes, ellos saben que se puede dar pasos sustanciales contra la delincuencia. Y por ello se debe encomiar a quienes descubrieron que Ana Suárez es la líder de una agrupación similar a una organización mafiosa. Ciertamente, el desbaratamiento de la cúpula operativa de esta red mejora la imagen policial, pero su Comandante General y el Ministro de Gobierno tienen ante sí el reto de descubrir a todos los miembros de ese grupo. No se debe olvidar que a principios de esta década, también cerca de las fiestas de fin de año, conmocionó el caso Prosegur, un atraco-asesinato que fue dirigido por un coronel de Policía.
Ciertamente, la banda de Ana Suárez no fue desbaratada por completo; por ello resta esperar que la Policía mejore la vigilancia por las fiestas de fin de año, que la Fiscalía dirija la investigación para capturar a los otros cabecillas y que la Justicia cumpla su obligación de aplicar las leyes sin contemplación alguna en el marco del debido proceso.