La actual dirección de la Cooperativa de Teléfonos La Paz, delegada por el Ministerio de Trabajo, elaboró un nuevo estatuto con el objetivo de adecuar el funcionamiento de la telefónica a la nueva CPE, que menciona un “sometimiento al control gubernamental”.
Servicio: socios de la cooperativa hacen fila para pagar sus facturas acumuladas por el uso de telefonía, internet y Tv cable
La Prensa. El proyecto de Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Teléfonos La Paz (Cotel) elaborado por la intervención plantea un control del Gobierno para adecuar su funcionamiento a la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
El capítulo II (Fundamento, objetivos y duración) de uno de los documentos que se revisaron para su presentación al Órgano Ejecutivo y al que accedió La Prensa señala que “Cotel se dedica a la prestación de servicios públicos y, por tanto, es una organización de interés colectivo que estará sometida al control gubernamental, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 335 de la Constitución”.
La oficina de prensa de la telefónica informó que el proyecto fue presentado al Gobierno y tiene el visto bueno para su socialización y posterior aprobación y contiene el tenor señalado.
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La Prensa intentó comunicarse con el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Rodolfo Illanes, pero su celular estaba apagado.
Cotel se encuentra intervenida desde junio luego de que el Gobierno evidenciara malos manejos y prórroga de los consejos de Administración y Vigilancia. El artículo 335 de la CPE establece que las cooperativas de servicios públicos estarán sometidas al control gubernamental y serán administradas democráticamente. La elección de sus autoridades de administración y vigilancia se efectuará de acuerdo con sus propias normas estatutarias y supervisada por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
Su organización y funcionamiento serán regulados por la Ley General de Sociedades Cooperativas, Ley de Telecomunicaciones y Ley de Fiscalización y Control Social.
El experto en telecomunicaciones Gustavo Jáuregui señaló que, mientras no haya ajustes a estas leyes, mal puede un estatuto adelantarse a una forma de control cuando no existe norma específica que lo respalde.
Además, “el control gubernamental está referido a la fiscalización y supervisión de los recursos utilizados por entidades públicas estatales, de acuerdo con la Ley 1178 (del Sistema de Administración y Control Gubernamentales, Safco), sin embargo, Cotel no es una entidad estatal y no está dentro del ámbito de aplicación de esa norma jurídica”.
Según Jáuregui, deberá ser la nueva instancia legislativa la que promueva la forma de control que ejercerá el Gobierno a través de las reparticiones pertinentes; el estatuto de Cotel no puede dar esa pauta.
El documento de estatuto al que accedió La Prensa a su vez fija un valor por la acción telefónica: “Se establece como valor nominal de un certificado de aportación 2.000 bolivianos”, equivalentes a 282 dólares.
La oficina de prensa de la cooperativa aclaró que el documento final no estipula ningún precio porque es sólo un estatuto y serán los estados financieros consolidados de 2009 los que determinen el valor.
La acción de Cotel fue adquirida en principio por los socios en 1.500 dólares y de acuerdo con los estados financieros de la cooperativa 2007-2008 su valor en ese periodo había disminuido de 921 a 815 dólares debido a pérdidas de ingresos acumuladas de 35 millones de bolivianos.
Su precio para 2008 estuvo determinado por la división del patrimonio neto obtenido por la cooperativa entre sus 180.000 socios. Esta riqueza disminuyó de 1.173,2 millones a 1.037,3 millones de bolivianos entre 2007 y 2008.
Sin embargo, el informe de auditoría redactado por la intervención a los balances mostró una situación más crítica: al 31 de diciembre de 2008 las pérdidas llegaron a 711,6 millones de bolivianos, y al 30 de junio de 2009, a 747,4 millones.
De esta manera, el 58 por ciento del patrimonio de Cotel (que asciende a 1.280.393 bolivianos) ingresó en riesgo de pérdida.
El interventor de Cotel, Cesar Böhrt, señaló que gracias a las acciones de la intervención esa posibilidad disminuyó a menos del 50 por ciento del patrimonio.
Sin embargo, admitió que este año no habrá utilidades por los servicios que presta en telefonía, internet y televisión por cable. “El año pasado estaban las pérdidas casi en 80 millones de bolivianos, creo que este año con la reducción de pasivos y con la modificación de los estados financieros con la activación de proyectos, seguramente eso (las pérdidas) va a disminuir, esperamos considerablemente; si no, se va a contener este estado de pérdidas consecutivas que tiene la cooperativa”.
Entre estos proyectos están la ampliación de la red de cobertura, la instalación de 5.000 puertos de internet y la mejoría de la Tv cable, por la que recibió quejas de cortes.
Se establece como valor nominal de un certificado 2.000 bolivianos.
Datos
Cotel fue intervenida por el Ministerio de trabajo en junio por 90 días, pero esa acción fue ampliada 90 días más.
El Gobierno tomó la decisión luego de cuestionar la extensión del mandato de los consejos de administración y vigilancia.
También se observaron malos manejos y sobreprecio en la compra de ITS y Supercanal para el servicio de Tv cable.
La intervención inició una querella contra los ex consejeros, y la Fiscalía investiga los hechos irregulares.
El ex presidente del Consejo de Administración Fernando Dips fue apresado hace dos meses y liberado.
El nuevo estatuto de la cooperativa debe ser sometido a la aprobación de los socios en una asamblea.