Deslinde jurisdiccional: La propuesta de ley pone en igualdad de jerarquía a las justicias comunitaria y ordinaria. La Asamblea Plurinacional deberá definir cómo coordinarán para no superponerse
Los indígenas recalcan que no existe relación entre los linchamientos y la administración de justicia tradicional en las comunidades
La Prensa
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Nelson Cox, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, afirmó que el proyecto de ley de justicia comunitaria modificará el Código de Procedimiento Penal. Advirtió además de que “serán sancionados los jueces que no se apeguen a las reformas o los que realicen una mala interpretación de la norma en cuanto a penas, plazos de investigación y grado de participación, por ejemplo”.
Cox condenó y reprochó el linchamiento de tres personas el lunes en el poblado de Ivirgarzama, Cochabamba, acusados de robar un domicilio a mano armada, y declaró que con el deslinde jurisdiccional mejorará el nuevo Código, porque el actual tiene falencias procesales.
Según el Viceministro, la premisa de la ley de deslinde jurisdiccional entre las justicias ordinaria e indígena es “juntas pero no revueltas”. Por ahora, el Gobierno cuenta con un proyecto de norma que puso a consideración de las organizaciones sociales. Pero hay muchas lagunas en el texto, que deberán cubrir los legisladores de la Asamblea Plurinacional cuando empiecen su trabajo en 2010. Si no, los funcionarios de la justicia ordinaria temen que la justicia indígena pase por encima al régimen judicial presente en Bolivia desde su fundación.
Las organizaciones indígenas aseguran que una justicia no se impondrá sobre la otra. Sostienen que funcionarán en coordinación y, así, ambas visiones se consolidarán.
El mojeño Pedro Nuni, diputado indígena electo por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en Beni, dijo a La Prensa: “Los delitos que pudieran ser motivo de una justicia o de otra van a depender de la comunidad. Según la magnitud del delito pueden derivarse a la justicia ordinaria, que para eso estará”.
Para Nuni, la justicia indígena “repara los daños causados a la comunidad. Es la oportunidad para que se restablezca la convivencia armónica. Se recurre al daño corporal o trabajo forzoso de acuerdo con el delito”. Según el proyecto de ley, el respeto a la vida es fundamental. En general, la pena máxima aplicada en la justicia indígena es el destierro.
El fiscal Milton Mendoza, constitucionalista, dijo que la nueva Constitución apoya los usos y costumbres de determinadas regiones. Por ello, la ley de deslinde deberá determinar mediante cuál procedimiento se resolverán controversias en las comunidades. Y, sobre todo, el nivel de participación que tendrá la justicia ordinaria.
“Va a ser una tarea muy difícil. En teoría se ve fácil hacer diseños de una justicia ideal, pero en la práctica se van a encontrar vacíos legales”. Para Mendoza, es posible que la justicia comunitaria sobrepase a la ordinaria. Por ello “se debe trabajar con responsabilidad y apoyados por juristas, sociólogos, antropólogos, técnicos y entendidos en la materia”. Empero, el coronel Alberto Aracena, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, afirma que el sistema tradicional será eje de la justicia comunitaria, la que a menudo es confundida con el linchamiento.
“Serán sancionados los jueces que no se apeguen a las reformas” .
“Un delito que se debe sancionar”
El vicepresidente Álvaro García Linera lamentó el linchamiento de tres presuntos ladrones, quemados vivos el lunes en Cochabamba. Dijo que “es un delito que se debe investigar y sancionar”. Para Linera, estos actos se deben “a la debilidad de las instituciones, especialmente a las del ámbito judicial y policial”. El Vicepresidente considera que es necesario reforzar el sistema judicial. “La gente tiende a tomar este tipo de decisiones a partir de una ausencia del sistema judicial y de protección eficaz, sistemático y presente en cada localidad y en cada barrio de nuestro país”.
Algunos grupos asocian los linchamientos con la justicia comunitaria, la aplican tradicionalmente las comunidades indígenas al margen de las instituciones del Estado. A partir del trabajo de la Asamblea se enmarcará en la Constitución.