“Cambiaremos la justicia para meter a Manfred Reyes Villa a la cárcel”, fueron las palabras de Evo Morales al lanzar una amenaza que alcanza a todos los bolivianos y no solo al candidato por el Plan Progreso.
Esta frase implica toda una declaración de principios y fue lanzada ante corresponsales internacionales de prensa con esa arrogancia que nace de la certeza de la impunidad y que alguno de sus tirasacos ha calificado como “sinceridad” y hasta “transparencia”.
Foto: ‘Leo’, al momento de ser detenido hace más de un año. A Manfred podría pasarle lo mismo. El presidente Evo, con apoyo de militares, quiere a los opositores en la cárcel.
Marca además una lógica, un estilo que se inscribe en su concepción de que él “le mete nomás” a todo así sea ilegal y que después lo abogados deberán legalizar lo que hace porque para eso estudiaron.
Las implicaciones de la amenaza son mas graves de lo que la gente piensa y muestran a las claras cual será la forma de actuar si se cumple el deseo de Evo de quedarse en el gobierno por cinco o más años, aunque se debe reconocer que cada vez el gobierno está reduciendo sus propias expectativas.
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No es cosa de tomar a la ligera las palabras del presidente-candidato que evidentemente ha demostrado que, cuando de venganza política se trata cumple lo que dice (Leopoldo Fernández es la prueba). Por lo tanto habrá que estar preparados para que en cualquier momento las leyes sean cambiadas con el único propósito de encarcelar a un opositor.
En primer lugar habría que recordar e informar al presidente que la doctrina del Derecho indica que nadie puede ser procesado con leyes aprobadas después de haberse cometido el supuesto delito. Este es un aspecto universalmente reconocido y aplicado precisamente para evitar que se cometan abusos como el que pretende Evo Morales y su corte de intolerantes y violentos.
El anunciar que se cambiarán leyes expresamente para encarcelar a opositores es una nueva muestra de la discrecionalidad con la que actuara Evo Morales si gana el 6 de diciembre.
Sin embargo en este caso es preciso indicar que la amenaza no alcanza solo a los opositores sino, en buenas cuentas, a todos los bolivianos a los que se podría aplicar “leyes” aprobadas por una «Asamblea Plurinacional» a la medida del gobierno y con la finalidad de encarcelar a los «enemigos» del proceso de cambio devenido en dictadura populista.
Es así que cualquier ciudadano, como ya ocurrió en alguna oportunidad, podrá ser encerrado por mirar feo, silbar, abuchear, preguntar (si es periodista) o criticar a Evo.
El poco respeto que ha mostrado el presidente hacia todo lo que signifique una estructura jurídica se acrecienta en la medida que se considera ganador por gran margen en los próximos comicios del domingo.
Esta seguro que con los dos tercios (fraude mediante) en la tan decantada “asamblea plurinacional” podrá tener también a su disposición a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Constitucional, al Consejo de la Judicatura y, en suma, controlar desde el primero hasta el último de los jueces y fiscales del país.
Las perspectivas que nos ofrece la “justicia” del MAS no son precisamente alentadoras. No lo dice la oposición, lo dice el propio Evo y no existen razones para dudar de su palabra.