Ante esta perspectiva la ciudadanía ha comenzado a expresar su legítima preocupación por el destino de sus aportes.
Editorial El Día
El Gobierno ha anunciado una nueva ley de pensiones que se pondrá en vigencia luego de ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. De acuerdo a esta nueva norma, se pretende incorporar en el régimen de jubilación a sectores que por diversas razones nunca aportaron al fondo de pensiones, como los gremiales, transportistas, campesinos y otros. Las intenciones aparecen como solidarias y revestidas de sensibilidad social. Sin embargo, significa el virtual desplazamiento de las administradoras privadas para dar protagonismo a la denominada Tesorería Pública, ente estatal que se haría cargo de manejar el dinero de los trabajadores.
Ante esto, la ciudadanía ha comenzado a expresar su legítima preocupación por el destino de sus aportes. Una empresa estatal en el control de las pensiones no despierta precisamente confianza, por los nefastos antecedentes de los que viene precedida la administración pública. Aún así, el presidente en ejercicio García Linera ha tratado de despejar las sombras de una confiscación de los aportes para la jubilación, pero lo único que ha conseguido es generar mayor incertidumbre. Presionado por la opinión pública, el Ejecutivo ha tenido que prometer que no tocará los aportes individuales de los trabajadores. Y eso está por verse.
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No extraña, por otra parte, que los empresarios nacionales se hayan pronunciado favorablemente por la nueva ley de pensiones, justamente porque entre sus articulados menciona la administración mixta de estos fondos. Esto es, una administración privada y otra estatal, ante las cuales la ciudadanía podrá elegir con entera libertad. A esta opción se aferra el empresariado para exigir del Gobierno su cumplimiento, aunque éste ha dejado la aprobación de la ley a los representantes ante la Asamblea Plurinacional. ¿Qué garantías tienen los trabajadores de que se respetarán sus aportes? ¿Será la Asamblea Plurinacional lo suficientemente amplia como para permitir una administración mixta?
Dentro de las preocupaciones inmediatas está la enorme deuda del Estado con las actuales administradoras del fondo de pensiones, cuyas cifras son simplemente desmoralizadoras, así se hayan contraído durante los gobiernos anteriores. ¿Qué hará el Gobierno actual para honrar esa deuda sin afectar a la jubilación universal? ¿Habrá una nueva “generación sandwich” de jubilados sufriendo trámites con idas y venidas como de Herodes a Pilatos? La inquietud de la ciudadanía es legítima y razonable. Por lo que las respuestas a estas preguntas deben ser lo más claras posible, porque se cuestiona la viabilidad de la medida.
Quizás una administración mixta de los fondos de pensiones sea la mejor opción. Y aún así la clase trabajadora exigirá del Estado las garantías de seguridad y sostenibilidad en el tiempo dentro de los nuevos escenarios propuestos. ¿La Tesorería Pública será mejor administradora que las AFPs? Sin duda que esta es una incógnita que sólo el tiempo podrá despejar. Resulta evidente que al proponer una nueva ley de pensiones el Gobierno está asumiendo una responsabilidad de gran magnitud, cuyos efectos son de difícil pronóstico. En todo caso el costo social, económico y hasta político sólo podrá valorarse más tarde.