Ya se sabe a qué huele la suspensión de las preferencias arancelarias andinas (Atpdea por sus siglas en inglés) que por segundo año consecutivo determinó la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras considerar que Bolivia nuevamente sacó nota de aplazo en la lucha contra el tráfico de drogas. En cambio, el beneficio fue extendido a otros ‘alumnos’ más aventajados en la materia como Colombia, Ecuador y Perú, donde la ilícita actividad también encuentra terreno fértil para su crecimiento y expansión. Volver a quedar al margen de aquellas preferencias supone un duro revés, en particular, para los fabricantes y exportadores de textiles bolivianos, que en la mayor potencia mundial encuentran el principal mercado para sus productos. No es poca cosa.
El de EEUU es, según los expertos e involucrados en el tema, un ‘mercado irreemplazable’ para Bolivia, nada comparable con otros como los de la raquítica ALBA que sargentea el venezolano Hugo Chávez y donde el debate ideológico y otras cuestiones accesorias se anteponen a los potenciales buenos negocios, o el del distante Irán que coloca muy a trasmano la posibilidad, pequeña de yapa, de venderle algo.
Hay unos datos para tomar muy en cuenta que reflejan la importancia del mercado estadounidense para el país. Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Estados Unidos registra una importación de textiles de $us 80.000 millones anuales de más de 100 países del mundo. En el marco de la Ley Atpdea, los países componentes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) lograron exportar textiles en un promedio anual de $us 1.000 millones hasta 2008. Con el mismo beneficio arancelario, Bolivia exportó un total de $us 36 millones en 2005, considerado el mejor año en ventas, mientras que en lo que va de 2009, según registros del IBCE, la cifra de exportación de textiles bolivianos al mercado estadounidense –sin el arancel cero de la Ley Atpdea- alcanzó solamente a los $us 6 millones. Cabe agregar que ese monto de 2005 pudo ser mucho más alto de haber aumentado y mejorado la producción boliviana, porque la Atpdea no tiene techo, es decir, no fija una suma tope, sino que cada país envía lo que le permite su capacidad industrial. ¡Cuánto ganaría Bolivia de haberse optimizado la producción textil de El Alto, por ejemplo, y si se hubiese cumplido con las condiciones de dicha ley, como lo hicieron Perú, Colombia y Ecuador!
Pero en vez de examinar en profundidad qué está pasando en la lucha contra las drogas y la reducción de los excedentes de la hoja de coca en Bolivia, causal de la pérdida de la Atpdea, el Gobierno opta -como lo viene haciendo en detrimento mayor de la ya maltrecha relación bilateral con EEUU- por poner el mayor acento a la cuestión política.
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Y como quien le busca pelos a la leche, se acude al fácil expediente de atribuir una medida que afecta seriamente a los sectores textil y exportador nacionales, a actitudes ‘agresivas e inamistosas’ proyectadas desde la Casa Blanca y que, según lo elucubrado en Palacio Quemado y trasladado al sensibilizado imaginario popular, viene a ser la causante de todos los males y desventuras que a los bolivianos nos atormentan y no nos dan respiro.
Editorial El Deber