En Irlanda y Hungría se han encaminado ya procesos de investigación para saber cómo murieron tres europeos el 16 de abril en Bolivia.
Editorial eldia.com.bo
Los brasileños llaman “viralatas” a los perros callejeros. Así se refieren también a los vagabundos, ladronzuelos y delincuentes de poca monta. De esa forma igualmente, la Policía Federal de Brasil se refirió a Muhammed Jaffer Dhía, el ciudadano irlandés que fue detenido en Brasilia, a pedido de las autoridades judiciales bolivianas. Guiados por su nacionalidad y por su nombre, tal vez, el Ministerio de Gobierno de Bolivia comenzó a divulgar alegremente que ese sujeto, que había estado preso en Santa Cruz por tráfico de cocaína, era un proveedor de armas del grupo comandando por Eduardo Rózsa, ejecutado el 16 de abril, junto con un húngaro y un irlandés.
Las reacciones surgidas en Bolivia acerca de ese “viralata”, a las que se plegaron nada menos que el jefe de la Policía Boliviana, un diputado y varios otros comedidos al servicio del ministro Alfredo Rada, provocaron risas entre los miembros de la Policía Federal brasileña, porque no sólo se trata de una simple especulación –de mala fe-, con fines políticos, sino del reflejo de una absoluta ignorancia del caso. Ocurre que ese irlandés fue detenido en Brasilia, porque su nombre “saltó” en la computadora cuando trataba de abandonar el país. Su captura había sido solicitada por la oficina de Interpol de Bolivia, debido a que Muhammed Jaffer Dhía escapó de Bolivia, donde había sido liberado provisionalmente. Nadie mejor que la Policía Boliviana sabía de quién se trataba y aún así, lanzaron toda clase de declaraciones con el fin de buscarle más aristas al “caso terrorismo”, que cada vez complica más al Gobierno de Evo Morales.
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Este es un ejemplo más, de los muchos que hay, de la forma cómo el Gobierno y sus operadores dentro del Poder Judicial, la Policía y el Congreso han manejado el caso terrorismo, con el único fin de destruir a los líderes opositores, pese a que el único hecho comprobable y que está camino al esclarecimiento, es la ejecución de tres ciudadanos europeos por órdenes de las más altas autoridades políticas de Bolivia.
Hace unos días llegaron desde Irlanda y Hungría dos parlamentarios que se trasladaron a aquellos países a recabar información sobre los antecedentes de los ciudadanos que fueron abatidos el 16 de abril y conocer las acciones que están llevando adelante los familiares de los fallecidos y las autoridades húngaras e irlandesas para exigirle al Gobierno de Bolivia una explicación coherente de lo sucedido. Las policías de ambas naciones europeas están convencidas que se trató de una ejecución extralegal y ambas instituciones cuentan con el aval oficial de entidades representativas de Europa, que le exigen a Bolivia tomar en cuenta esas conclusiones.
Las autoridades bolivianas se empeñan en arremeter con el atropello, la politización y la falsedad como métodos para investigar el caso Rózsa, tratando de ocultar la única verdad que toda la ciudadanía ya conoce y atenuar la pérdida de credibilidad en la que han caído en relación a este hecho. En Europa ya está encaminado el proceso para dar con los responsables de la ejecución del 16 de abril. Este asunto puede demorar, pero no prescribe y tampoco nadie en Bolivia tiene la posibilidad de torcer las investigaciones, como lamentablemente se ha hecho en el país.