Los delitos contra la “seguridad del Estado” siempre han sido definidos de manera muy difusa y siempre a conveniencia de quien detenta eventualmente el poder. De esta forma puede ocurrir (de hecho ya ocurrió) que “delito contra la seguridad del Estado” sea emitir alguna crítica contra el gobierno o que algún medio de comunicación publique una información que no sea conveniente para el régimen. Por tanto cualquier parecido entre las dictaduras y el “Estado Plurinacional” no debe ser visto como una simple casualidad.
Instalaciones del actual Congreso, que pasará a denominarse Asamblea, donde se pretende aprobar al menos 100 leyes “a mano alzada” que el Órgano Ejecutivo ya instruyó a sus parlamentarios.
La Ley del Órgano Judicial que será aprobada apenas se inicien las sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre otras lindezas, establece que los delitos contra la seguridad del Estado serán juzgados en la ciudad de La Paz. Si bien debe quedar claro que en los hechos esta arbitraria medida ya estaba vigente de facto, no está demás incidir en los peligros que entraña el que se legalice.
Es casi una norma que todos los gobiernos autoritarios en Bolivia, y también de otras partes, buscaron dotarse de subterfugios supuestamente legales para que a título de preservar la seguridad del Estado, en los hechos pudieran actuar en forma arbitraria y discrecional con los resultados que son conocidos.
A título de garantizar la “seguridad del Estado” se torturó, se hizo desaparecer a miles de personas o, si se tenía suerte, lo mejor que podía ocurrir a algún opositor era que pasara varios años encarcelado sujeto a la voluntad del tiranuelo de turno. De esto saben bastante los militantes de izquierda en los años 60 y 70. Saben que bajo una llamada “ley de seguridad del Estado”, cualquier persona podía ser sacada de su domicilio en horas de la noche o la madrugada y previo “ablandamiento” ser trasladada sin más trámite a La Paz, donde el “tratamiento” se intensificaba en las celdas del Ministerio del Interior, hoy Ministerio de Gobierno.
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La Ley que hará aprobar el MAS porque no habrá nada que se lo impida, indica que cualquier supuesto delito que afecte la seguridad del Estado deberá ser juzgado en La Paz. De entrada esto significa la violación de un precepto jurídico elemental que indica que todo delito debe ser juzgado en el lugar que se cometió.
Este precepto en modo alguno resulta una concesión graciosa. Se trata de una disposición que asegura el derecho de un individuo, así haya cometido éste un delito.
En el caso que nos ocupa el eliminar del ordenamiento legal dicha salvaguarda significará que cualquier individuo podrá ser arrancado de su lugar de residencia y trasladado a La Paz donde se encontrará inerme ante la acción del “Estado Plurinacional”.
No se trata solo de eso. Resulta que los delitos contra la “seguridad del Estado” siempre han sido definidos de manera muy difusa y siempre a conveniencia de quien detenta eventualmente el poder. De esta forma puede ocurrir (de hecho ya ocurrió) que “delito contra la seguridad del Estado” sea emitir alguna crítica contra el gobierno o que algún medio de comunicación publique una información que no sea conveniente para el régimen. Por tanto cualquier parecido entre las dictaduras y el “Estado Plurinacional” no debe ser visto como una simple casualidad.
Como ya lo dijimos en alguna oportunidad. De aquí en adelante las formas interesarán muy poco. Las mayores arbitrariedades serán cometidas bajo una cobertura legal por obra y gracia de los dos tercios obtenidos por el MAS en la Asamblea Plurinacional con la gentil colaboración de una oposición miope, sino ciega, y que el partido gobernante ha interpretado como una carta blanca para cometer los abusos que se le ocurra.
Ahora si se puede decir con absoluta certeza que Evo Morales “le meterá nomás” y ahí estarán sus congresistas para legalizar sus abusos. En los hechos el Órgano Judicial no será más que un apéndice del Ejecutivo que será quien decida a quién se juzga, dónde se juzga y cuál será su sentencia.
En su caso podrá también decidir si una persona es juzgada o simplemente encerrada en el penal de San Pedro por el tiempo que Evo considere necesario.
Los poderosos siempre tienen la tendencia a considerar también que son eternos, pero este es el primer error que los conduce al descalabro.