Al Gobierno no le interesa la producción cuando encara su descabellada política de reversión de tierras. Lo que busca es destruir una región.
Editorial El Día
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha ordenado la reversión de una hacienda en la zona de Guarayos que no les sirve a los campesinos a quienes el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, llevó hasta el lugar para decirles que a partir de hoy esos predios les pertenecen. Los lugareños abandonaron la estancia horas después del show montado por el Gobierno porque saben que todo ese paraje estará inundado por lo menos hasta el mes de mayo. No podrán sembrar ni cosechar, tampoco criar animales porque no tienen medios para sacarlos a los mercados; no hay caminos ni infraestructura básica y las autoridades tampoco les van a dar las condiciones para producir. Lo que parece no tener sentido cobró significado el pasado domingo cuando la misma autoridad que machaca que la reversión se la realiza por cuestiones productivas, admitió que detrás de todo está el poder. La clave está en quitar tierras, no para producir más o para cumplir con una determinada política agraria, sino para debilitar a los “enemigos” del régimen.
En el Chaco, un ganadero que se las ve negras con la sequía y el aislamiento también está amenazado por el fantasma de la reversión. Con sus cinco mil hectáreas llenas de cerros, montes espinosos y sus 500 reses, muchas de ellas en riesgo de morir por falta de agua, es considerado un terrateniente oligarca por un Gobierno ignorante de la realidad de los productores. Debido a las pésimas condiciones de la zona, ese estanciero apenas malvende 50 ó 60 cabezas por año, lo que representa algo más de 10 mil dólares. Hoy, además de luchar contra la falta de forrajes y agua, tiene que lidiar todos los días con funcionarios del INRA y gente como Almaraz, que ponen como pretexto el derecho de los indígenas guaraníes que seguramente no van a tener ni la asistencia ni los medios para enfrentar el desierto chaqueño y producir como lo está haciendo heroicamente ese ganadero y muchos otros que a estas alturas están hastiados de pelear contra la ceguera gubernamental. Ya lo dijo el viceministro que viste como guerrillero estalinista: no es un tema de ganadería, producción ni nada de eso. Es un asunto de poder, aunque el costo sea dejar miles de hectáreas de la frontera deshabitadas.
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Los agronegocios constituyen el puntal de la economía del oriente boliviano, sobre todo en el departamento de Santa Cruz y obviamente, las actividades del campo dependen directamente del factor tierra. Al arrebatarles este capital, como pretende el Gobierno, no sólo estarían aplicando un arma de destrucción política, sino atacando la base de la estructura económica de la región, lo que en definitiva contribuirá decididamente al empobrecimiento de la gente que vive y trabaja en esta parte del país. El MAS vende la idea en el país que sólo está atacando a los ricos, pero sólo hay que ver lo que ocurrió con Cochabamba, que era considerado el granero de Bolivia en los años 50 y un verdadero fenómeno productivo en América del Sur, para darse cuenta lo que puede pasar en Santa Cruz con esta descabellada forma de administrar un elemento tan importante para un país como es la tierra. Para el Gobierno, no importa lo desquiciado que pueda ser el método, con tal de seguir acumulando poder.