Barajan 3 opciones para llenar acefalías: que la Asamblea Legislativa deje en manos del presidente Evo Morales las designaciones. También se prevé convocatoria a “personalidades del Derecho”. En el plazo de 1 año se pretende Asamblea Legislativa Plurinacional, el oficialismo pretende dar institucionalidad constitucional a la justicia.
EL LEGISLATIVO • Los asambleístas empezarán su trabajo el 22 de enero. Una de sus prioridades será el Judicial.
La Razón. La Asamblea Legislativa podría dejar en manos del gobierno de Evo Morales la designación de autoridades transitorias del órgano judicial, informó el vocero y ex diputado del MAS, Jorge Silva. Añadió que ésta como otras opciones que se barajan pasarán, necesariamente, por la aprobación de los asambleístas.
La Asamblea podría derivar esta responsabilidad al Gobierno en el caso de que se apruebe la alternativa de convocatoria a “personalidades del Derecho” para ocupar cargos acéfalos en el sistema judicial. No obstante, tampoco está descartado que esta responsabilidad la asuman los asambleístas, explicó Silva.
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“Puede ser la Asamblea la que convoque a los ciudadanos meritorios en el ámbito del derecho o le deje la tarea al Ejecutivo”, reveló el ex parlamentario, quien añadió que existen otras tres alternativas que se estudian y que dejarían a los asambleístas la tarea de resolver transitoriamente las acefalías judiciales.
Entre las alternativas de designación están tomar en cuenta la lista de postulantes que elaboró el 2009 el Congreso o un nombramiento legislativo directo. Independientemente de la decisión que se asuma, se prorrogaría en el cargo a algunas autoridades que fenezcan en su mandato en las siguientes semanas o meses.
El Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura se encuentran paralizados, mientras que la Corte Suprema de Justicia no cuenta con el quórum de sala plena. Este mes cumplirán con su mandato el Fiscal General, Mario Uribe, y los nueve fiscales de Distrito de Bolivia.
La Razón publicó el domingo una entrevista en la que el presidente, Evo Morales, habló de una ley corta para resolver la crisis en el órgano judicial. “Que una nueva ley se apruebe para que se designe o designemos de manera conjunta (Legislativo y Ejecutivo), mientras vamos a la elección de los magistrados correspondientes”, planteó.
El vicepresidente, Álvaro García, defendió la iniciativa presidencial. “En tanto (la Asamblea) cumpla su labor constitucional de las elecciones de las autoridades judiciales, se requiere tomar medidas (en este proceso de transición)”, sostuvo.
La Constitución Política del Estado prevé que la Asamblea, una vez constituida, tiene un plazo de 180 días para aprobar la ley del órgano judicial y dar pie a la elección por voto de las máximas autoridades judiciales. Este proceso tardaría al menos ocho meses o un año.
“En consecuencia, esas autoridades necesariamente deben ser temporales”, explicó Silva e informó que éste será uno de los primeros temas que tratará la Asamblea, que empezará sus labores el 22 de enero.
Las autoridades, en contra
Autoridades de la justicia boliviana, reunidas en el acto inaugural del año judicial de los distritos de Chuquisaca y La Paz, manifestaron su rechazo a la propuesta del presidente, Evo Morales, de aprobar una ley corta para resolver las diversas acefalías en el órgano judicial.
“Sería un error llegar a hacer ese tipo de designaciones”, cuestionó el presidente de la Corte de Chuquisaca, Oswaldo Fong, quien consideró que, de concretarse el anuncio, se vulneraría el principio de independencia de poderes.
El presidente de la Corte de La Paz, Gerardo Tórrez, por su parte aseguró que esas designaciones carecerían de todo sustento constitucional y legal.
La ex magistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, calificó de “inconstitucionales” las posibles leyes cortas. “Lamento decir que lo que hizo el oficialismo el 2009 fue parte de una estrategia para descabezar el poder judicial y tomar el control de los tres poderes”, denunció.
El electo diputado opositor, Alejandro Zapata, consideró que la administración de Morales busca el control de los tres poderes del Estado. Redacción Sucre
Un proyecto, varios cambios
El Gobierno de Evo Morales diseñó un anteproyecto de ley del Órgano Judicial, que entre otros aspectos plantea la gratuidad y oralidad del conjunto de materias judiciales, entre ellas laboral, civil, familiar y comercial.
También establece la revocatoria de mandato de los 30 miembros del Tribunal Supremo de Justicia, que deben ser elegidos a través del voto popular previa selección en la Asamblea Legislativa.
Entre otras iniciativas, el anteproyecto propone eliminar las vacaciones colectivas en todo el sistema judicial, de tal manera que no se paralice la justicia en junio y a fines de año.
La gratuidad de la justicia se garantizaría con la decisión del Estado de cubrir el 100% del presupuesto del Órgano Judicial, que financia parte de su presupuesto con ingresos propios por la venta, por ejemplo de timbres.
Otra de las iniciativas es que los delitos en contra del Estado se tramiten en La Paz. No hace referencia a los procesos en materia de narcotráfico y contrabando porque serían parte del nuevo Código Penal.
Unas 135 vacancias judiciales serán cubiertas por interinos
La Prensa. Entre seis meses y un año después de la instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el oficialismo pretende dar institucionalidad constitucional a la justicia. Mientras tanto, habrá una “ley corta”.
Autoridades transitorias cubrirán al menos 135 acefalías en el Órgano Judicial, mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional analice y apruebe las cinco leyes que regirán el funcionamiento del sistema judicial del Estado, informó ayer el diputado electo Héctor Arce.
El dirigente político, quien se perfila como Presidente de la Cámara de Diputados, explicó que con la inauguración de sesiones de la Asamblea, no quedarán automáticamente cesantes los jerarcas designados bajo las disposiciones de la anterior Constitución.
“Debemos encontrar soluciones transitorias entre el viejo sistema y el nuevo orden que se abre”, que en este caso será la aprobación de una ley transitoria que permitirá la continuidad del sistema de justicia en el país.
En cuanto se elija por voto popular a los magistrados de los tribunales Supremo, Constitucional y Agroambiental, seis supremos y un consejero dejarán sus cargos.
El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) solicitará a la Asamblea constituirse en un mecanismo de control social, para evitar la politización de tales nombramientos.
En criterio del presidente de este organismo colegiado, Edwin Rojas Tordoya, “si llegara a producirse ese extremo, sería desastroso para el sistema democrático boliviano”.
Actualmente, no existe un control de constitucionalidad y la Suprema funciona con la mitad de sus integrantes, pues dos supremos, el ex presidente Eddy Fernández y la ministra Rosario Canedo, fueron suspendidos de sus funciones por decisión de la Cámara de Diputados.
El Consejo de la Judicatura no puede proponer a la Suprema, porque no reúne el quórum mínimo, a postulantes a vocalías de las cortes de Distrito, y las causas se acumulan sin resolverse.
El vicepresidente Álvaro García Linera calculó ayer que el proceso de constitucionalización de la justicia “puede tardar, no sé, seis meses o un año, ojalá no mucho más. Pero en tanto se haga ese trabajo, el sistema judicial no puede quedar paralizado”.
Sostuvo de que “hay cerca de 5.000 causas paralizadas, que requieren una salida inmediata. Tenemos información de que las labores de los fiscales de varios departamentos fenecen en enero y no puede haber un sistema judicial y la Fiscalía paralizados”.
Por el momento, la Corte Suprema funciona sólamente con seis de 12 ministros, por lo que no puede reunir dos tercios para designar a los vocales de las cortes superiores de Distrito, en tanto que el Tribunal Constitucional no cuenta con magistrados, y el Consejo de la Judicatura, que pasará a denominarse Consejo de la Magistratura, sólo tiene un miembro.
Los interinatos cubrirán seis vacancias en la Suprema, cinco en el Tribunal Constitucional y cuatro en el Consejo de la Judicatura, además de que hay 120 juzgados de Instrucción y de Partido en acefalía, según explicó Rodolfo Mérida, presidente en funciones del Consejo, por lo que, como mínimo, los cargos no ocupados suman 135.
Como quiera que una ley regirá la forma de designación a los jerarcas transitorios, Mérida exteriorizó su seguridad en sentido de que no habrá nombramientos “a dedo o por decreto”, sino que se buscará “a los profesionales más capaces, con base en criterios de imparcialidad”
Sin embargo, dijo que pondrá su cargo a disposición “para contribuir al proceso de cambio y transformación por el que ha votado el pueblo boliviano”, aunque aclaró que se mantendrá en funciones hasta que el pueblo, mediante su voto, elija a los nuevos miembros del organismo.
La ley corta prevé el mecanismo para designar a los transitorios.
Gobierno prepara leyes en reserva
El Gobierno elabora cinco proyectos de ley para regir el funcionamiento del sistema judicial en su conjunto, aunque lo hace bajo absoluta reserva.
Se trata de las leyes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Deslinde Jurisdiccional, Consejo de la Magistratura y Ministerio Público.
Funcionarios del Ministerio de Justicia informaron que la autoridad responsable de proporcionar informaciones sobre el avance de estas labores es el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, y que todas las consultas debían dirigirse a esa dependencia en el Palacio.
Cuando La Prensa intentó entrevistar a Chávez para que haga conocer algunos detalles de los proyectos, a través de sus auxiliares, comunicó que no se referiría públicamente al caso.
Los cinco proyectos serán puestos a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que los analizará, si cabe introducirá modificaciones y los aprobará.
El diputado electo Héctor Arce dijo que no tiene conocimiento sobre si el Órgano Ejecutivo lleva adelante esta tarea, y que una de las prioridades de la Asamblea Legislativa consistirá en debatir los mencionados temas y sancionar las leyes correspondientes.
La Constitución vigente establece que los magistrados serán elegidos por voto popular. Durarán seis años en sus funciones y no podrán ser reelegidos. Los postulantes a estos cargos deberán ser abogados mayores de 30 años de edad, que no registren antecedentes negativos, no militar en partido político alguno y no podrán hacer campaña proselitista.
El Órgano Electoral Plurinacional tendrá la responsabilidad de informar a la población acerca de las cualidades de los candidatos.
Para destacar
La justicia será institucionalizada, de acuerdo con la nueva Constitución, en 2011 en el mejor de los casos.
Ese año, los ciudadanos bolivianos acudirán a las urnas para elegir a los magistrados de los órganos judiciales.