La cabecilla de la banda delictiva violó el arresto domiciliario. Acusó ayer a un sargento de Policía de haberla denunciado porque no le dio un soborno.
Cabecilla: Ana Suárez ingresa a los tribunales para acudir a una audiencia
La Prensa. La juez Betty Yañíquez sentenció a tres años de reclusión a Ana Verónica Súarez por el delito de robo agravado, que cumplirá en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
La cabecilla de la banda de delincuentes, desarticulada el 20 de diciembre de 2009, participó en un robo a mano armada efectuado en un domicilio de Miraflores, junto con su esposo, Eduardo Osinaga, alias “El Fumanchú”.
Suárez fue capturada el 25 de abril del año pasado mientras asaltaba un domicilio ubicado entre las calles Haití y Lanza. Fue atrapada junto con sus cómplices, Sergio Galarza Flores y Álvaro Eduardo Osinaga, quienes llevaban dos armas de fuego, artículos policiales y objetos robados.
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Pese a las pruebas incriminatorias, la imputada fue dejada en libertad condicional después de 90 días y determinaron su arresto domiciliario.
Al cabo de seis meses, la delincuente fue descubierta en flagrancia mientras trasladaba objetos robados de Tembladerani a un galpón ubicado en la zona de Las Lomas.
Se comprobó que, pese a su arresto domiciliario, la imputada mantenía reuniones para planificar acciones delincuenciales en un salón de belleza de su propiedad, ubicado en inmediaciones de la plaza El Cóndor.
La juez Betty Yañíquez revocó las medidas sustitutivas y aplicó la mencionada sentencia, que si bien no es mayor a tres años, deberá cumplir, pues, por sus antecedentes, no podrá acogerse a la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial.
Alberto Aracena, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, dijo que la condenada mantuvo nexos con delincuentes de Brasil y Perú.
“Estaba recluida por otro caso en el Centro de Orientación Femenina. La Policía cumplió su labor, pero los jueces, pese a las pruebas incriminatorias que se presentaron, la dejaron libre. Sin embargo, ahora ha cambiado la figura”.
La cabecilla de la banda reaccionó con tranquilidad al conocer la sentencia, aunque al abandonar el Juzgado, declaró a la red Unitel que es inocente de los delitos y que fue denunciada por el sargento Alberto P., porque no le pagó 10.000 bolivianos de soborno.
La Policía anunció que investigará la denuncia, aunque cree que se trata de un ardid de la delincuente para evitar las consecuencias directas de sus actos ilícitos.
La sentenciada se benefició el año pasado con arresto domiciliario.