Caso Rozsa: Fiscalía paceña reactiva acciones contra Branko

Proceso. El titular de Distrito Fernando Ganam dijo que pedirá a la Policía realizar el seguimiento sobre el paradero del empresario. Fiscal espera la remisión de los expedientes.

image Empresario. El Gobierno dice que el ex dirigente cívico Branko Marinkovic se encuentra fuera del país



El Deber

Marco Chuquimia. La Paz

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La búsqueda a través de los organismos de Inteligencia de la Policía, la anotación preventiva de los bienes y la incautación de los mismos son las acciones que pueden poner en marcha los fiscales de La Paz contra el empresario Branko Marinkovic luego de que el juez Primero de Instrucción en lo Penal, Roque Leaños, dispusiera el traslado de la causa a la sede de Gobierno.

El fiscal de Distrito, Fernando Ganam, informó de que pedirán a la Policía realizar el seguimiento sobre el paradero del empresario y convocarlo a La Paz para que preste su declaración por el caso de supuesto terrorismo.

“Estamos a la espera de los antecedentes, los fiscales (Marcelo) Soza y (Isabelino) Gómez pueden reanudar las investigaciones. Entendemos que, a través de la resolución del Poder Judicial, se ha resuelto el conflicto de competencias que existía con el distrito de Santa Cruz”, afirmó Ganam.  El fiscal dijo que de ahora en adelante, todos los recursos que hubieran presentado los encausados y acusados en este proceso deben hacerlo ante la autoridad en La Paz. El fallo del juez Leaños señala que el expediente debe pasar a manos de la jueza Betty Yañíquez.

Ayer, el fiscal Isabelino Gómez esperaba la remisión de la documentación, aunque aclaró que su trabajo se limitará a los trámites urgentes, porque espera el retorno de los fiscales Edward Mollinedo y César Romano, que están haciendo uso de sus vacaciones, mientras que Marcelo Soza sufrió una descompensación cardiaca. Explicó también que se reunirá con los investigadores para conocer qué convocatorias se habían emitido y si existen órdenes de aprehensión.

Gómez también informó de que el caso del dirigente Fidel Surco, fue sumado al proceso por decisión del fiscal Iván Córdova. Son dos las causas impulsadas por la Fiscalía, la primera es por sedición y la segunda por alzamiento armado y los acusados son Mario Tadic, Elód Tóásó, Ignacio Villa, Gelafio Santiesteban, Alcides Mendoza Bruno Gueder y otros.

Por su parte, el vicepresidente Álvaro García Linera, lamentó que Reyes Villa y Marinkovic “se hubieran escapado del país. Con su actitud de rehuir a la justicia lo único que demuestran es que son culpables”, señaló.

El ‘Vice’ aseguró que el ex prefecto estaba con Gonzalo Sánchez de Lozada en Miami, pero al momento de aclarar sobre el paradero de Marinkovic se limitó a indicar que informes extraoficiales sugieren que dejó Bolivia.

Causa contra ex diputados se paraliza

El juicio contra los ex diputados Pablo Banegas y Bernardo Montenegro se vio paralizado ayer luego de que el fiscal Prudencio Flores solicitara la suspensión de la audiencia prevista para dilucidar la competencia de la Fiscalía.

Flores argumentó que fue notificado cuando faltaba una hora para la audiencia que debía realizarse en el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal a cargo del juez Róger Valverde, que atendió la petición y suspendió la audiencia hasta el 25 de enero.

Los diputados intentaban anular la investigación que efectúa el fiscal Flores respecto de la denuncia que interpuso la policía Marylin Vargas  Villca en su contra.

Los ex parlamentarios argumentan que Flores no puede investigarlos porque en su calidad de diputados debieron pedir una autorización expresa de la Corte Suprema; el fiscal, por el contrario, afirma que la nueva Constitución Política del Estado no reconoce privilegios para los representantes nacionales y desconoce el argumento.

Fiscalía reactiva órdenes de apremio contra Marinkovic

Decisión • Soza convocó al ex cívico, y a otros nueve líderes cruceños a declarar, para explicar su vinculación con el abatido Eduardo Rózsa.

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• LA DENUNCIA • El 4 de mayo, el fiscal Soza mostró la organización y vínculos del grupo de supuestos terroristas.

La Razón

Una vez que un juez de Santa Cruz determinara que los obrados del caso Rózsa pasen a la jurisdicción de La Paz, el fiscal de Distrito, Fernando Ganam, informó ayer que se reactivarán los mandamientos de apremio ordenados contra al menos 10 personas, entre ellas el ex líder cívico Branko Marinkovic.

“Una vez resuelto el conflicto de competencias, se da luz verde para que los fiscales asignados (Marcelo Soza e Isabelino Gómez) continúen con las estrategias y la ejecución de sus citaciones, mandamientos y órdenes de comparendo”, informó.

El 3 de septiembre del 2009, la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito determinó que la investigación del caso terrorismo radique en Santa Cruz, mientras que otro juzgado en La Paz se pronunció a favor de la jurisdicción paceña. Esto provocó un conflicto jurisdiccional.

Los líderes cruceños citados a declarar en La Paz, entre ellos Marinkovic y el prefecto Rubén Costas, desconocieron la jurisdicción de La Paz y se negaron a declarar por la existencia, precisamente, de un conflicto de competencias.

La juez Séptimo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Betty Yañíquez, y su similar de Santa Cruz, Luis Tapia Pachi, protagonizaron el conflicto, que incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia. Esta instancia derivó la resolución a Santa Cruz y el Gobierno rechazó la decisión y anunció juicios a los ministros.

El 9 de enero, se emitió un auto de vista firmado por el juez Primero de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Roque Leaños, que ordenó el traslado de obrados a la sede de Gobierno.

Además de Marinkovic, tienen ordenes de apremio Alejandro Melgar; Hugo Achá, ex presidente de la fundación Human Rights Bolivia; Sergio Antelo, dirigente de la Nación Camba; Lorgio Balcázar; Enrique Vaca; Orlando Justiniano; Carlos Guillen; Luis Hurtado, y Leytón Cuéllar.

Ganam adelantó que los investigadores pedirán, si es necesario, la colaboración de algún órgano de inteligencia para ubicar y aprehender a los citados.

Víctor Peralta, abogado de Marinkovic, aseguró que su cliente no acatará la última decisión judicial del juzgado cruceño.

“Branko no se va a presentar en La Paz porque las autoridades no tienen competencias para ver este asunto”, anunció.

Un informe difundido por ANF daba cuenta de que Marinkovic habría huido a Sao Paulo. El otro abogado del acusado en el caso terrorismo, Juan Manuel Arias, aseguró que su defendido estaba en Santa Cruz.

El ex jefe de la brigada parlamentaria cruceña, Óscar Urenda, calificó como “aberración jurídica” la decisión del juez Leaños y recomendó acudir a organismos internacionales.

El constitucionalista Carlos Alarcón explicó que el caso no está cerrado y que se podría apelar al Tribunal Constitucional.

Defensor recurre a las máximas autoridades

La Defensoría del Pueblo solicitará al Comando de la Policía sanciones al o los torturadores de Mario Tádic, miembro del supuesto grupo liderado por el abatido Eduardo Rózsa. Pedirá a la Fiscalía General un proceso al fiscal Marcelo Soza por no haber participado del operativo del 16 de abril del 2009.

La defensora interina, Rielma Mencías, explicó que se recurrirá a estas autoridades máximas porque la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional de la Policía y el fiscal Marcelo Soza no respondieron en el plazo de 10 días a la solicitud de informe sobre las denuncias de Tádic.

“Lo que corresponde es acudir ante la autoridad superior, en estos casos al Fiscal General (Mario Uribe) y al comandante general de la Policía (Víctor Escóbar)”, explicó Mencías.

El informe el Defensor del Pueblo recomienda a la Policía realizar acciones administrativas contra los policías que hicieron el operativo en el hotel Las Américas. También se exige al Ministerio Público un proceso contra el fiscal Soza por no haber participado en ese operativo.

Mencías señaló que en el caso del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, lo que hace el Defensor del Pueblo es recordar su deber de preservar los derechos y garantías constitucionales. “No tiene algo que deba hacer, en cambio la Policía y la Fiscalía sí”, señaló.