Los fabriles y maestros urbanos tienen cuestionamientos a la última versión de la Ley de Pensiones porque no reduce la edad de jubilación de 60 a 55 años y tampoco restituye el aporte tripartito que planteó la Central Obrera Boliviana (COB). El ex gerente de la BBV Armando Álvarez observa que el Estado administre y regule el sistema.
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La Prensa. Empresarios y analistas advierten que la última versión de la Ley de Pensiones propuesta por el Órgano Ejecutivo arriesga los aportes individuales para la vejez al pasar su administración a una entidad estatal que no tendrá una regulación independiente. Critican además que se introduzcan ajustes sin consultar a los trabajadores. Los fabriles y maestros tampoco están conformes porque exigen que el Estado vuelva a aportar y se reduzca la edad de jubilación de 60 a 55 años, demanda no incluida en el proyecto.
La propuesta de ley a la que accedió La Prensa confirma la constitución de una Gestora estatal de la Seguridad Social de Largo plazo (GSS) para administrar los aportes laborales en sustitución de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Además incrementa el aporte patronal público y privado de 1,71 a 4,2 por ciento para financiar la pensión solidaria, lo cual representará para el Tesoro General de la Nación una erogación de 232,9 millones de bolivianos anuales, que se sumarán a los 6.619 millones que gasta cada año para atender a los jubilados del antiguo sistema de reparto, la compensación de cotizaciones de la “generación sándwich” y Renta Dignidad.
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De aprobarse este proyecto en la Asamblea Plurinacional, la Gestora se hará cargo de un patrimonio de 4.626,3 millones de dólares, valor del Fondo de Capitalización Individual (FCI).
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Enrique García, señaló que el sector privado observa con preocupación que el Gobierno pretenda modificar la reforma inicial que dejaba el manejo de las pensiones en una entidad privada y otra estatal, sin consultar a nadie, ni a los contribuyentes.
Recordó que se tiene una mala experiencia de la administración estatal del antiguo sistema de reparto. “No es que las AFP hayan sido una maravilla, pero el sistema se manejó mejor que antes, por lo tanto eliminarlas sin hacer un análisis previo no es serio y preocupa porque mucha gente en el ocaso de su vida necesita una renta y si la administración no está bien estructurada se puede caer”.
Otros dos puntos que preocupan al sector privado es que el Estado pasará a controlar la obligación de 1.905 millones de dólares que tiene con las AFP, con lo cual se convertirá en administrador y deudor, y el aumento del aporte patronal, de 1,71 a 4,2 por ciento, para financiar la pensión solidaria, debido a que no todas las empresas están en condiciones de contribuir. “Los cambios ameritan un análisis profundo. El tema es delicado y requiere la participación de todos los sectores involucrados, no puede haber imposiciones de orden político”.
El ex gerente general de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) Armando Álvarez explicó que las contribuciones de los trabajadores que están en cuentas individuales son propiedad privada y no del Estado, por lo tanto antes de cambiar de administrador se les debe preguntar si quieren pasar a una entidad pública o continuar en una privada.
Aseguró que existe el riesgo de que los fondos no sean manejados de manera transparente porque, al desaparecer las superintendencias, la regulación depende del Estado, que ahora también quiere pasar a controlar las pensiones.
El presidente de la Federación de Profesionales de La Paz, Wilfred Gutiérrez, dijo que la entidad está sorprendida con la nueva propuesta porque cuando se hizo el debate en el Congreso el año pasado se concertó un sistema privado y público.
La secretaria general de la Confederación de Trabajadores en Salud, María del Carmen Alfred, informó que la organización tiene posiciones encontradas sobre el nuevo documento y por eso se ha convocado para el 27 y 28 de este mes a un ampliado de emergencia.
Personalmente, dijo, está en desacuerdo con la administración estatal de los aportes porque las AFP otorgan mayor seguridad. Además, la pensión solidaria que se ofrece con 30 años de aportes y que equivale a 2.244 bolivianos no es la más adecuada y tampoco es justo que el resto de los trabajadores aporte a favor de quienes tienen menos años de vida laboral.
La Federación de Trabajadores Fabriles de La Paz también cuestionó la iniciativa porque no recoge la sugerencia de los obreros para que se retome el aporte tripartito: laboral, patronal y estatal.
El secretario general de la organización, Wilson Mamani, señaló que el nuevo planteamiento enviado por el Ejecutivo a las organizaciones sociales mantiene la edad de jubilación en 60 años y no la reduce a 55 años como se sugirió.
El secretario general de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, Jorge Baldivieso, señaló que la oferta gubernamental es insuficiente porque la demanda del sector consiste en que se vuelva a poner en vigencia el aporte estatal.
Sin embargo, manifestó que la organización está de acuerdo con la desaparición de las AFP porque la supuesta buena administración no se reflejaba en las rentas, que para el gremio se mantenían bajas. “Con todos los requisitos cumplidos, un maestro sólo podía recibir 800 bolivianos de renta, cuando su sueldo era de 4.000 bolivianos”.
Un analista dice que los ahorros en las AFP son de orden privado.
Una trabajadora en Salud dice que las AFP daban mayor seguridad.
Se podrán jubilar 21.515 personas
La pensión solidaria que propone la versión final del proyecto de Ley de Pensiones del Órgano Ejecutivo permitirá que en el primer año de vigencia se puedan jubilar 21.515 trabajadores que en este momento tienen dificultades por no contar con suficientes aportes a pesar de haber cumplido 60 años.
El documento al que accedió La Prensa señala que sin este nuevo beneficio sólo 18.832 personas estarían en condiciones de acceder a una renta, pero si se aprueba la propuesta el número se incrementará en 7.683 personas.
Uno de los sectores más beneficiados será el magisterio porque podrán retirarse de la vida laboral 5.522 maestros con pensiones de la menos 1.800 bolivianos. El presidente Evo Morales, en diciembre del año pasado, garantizó a los trabajadores de la educación este monto de pensión básica.
En el resto de los gremios, fabriles, salud, minería, etcétera, podrán jubilarse en lo inmediato 15.993 personas de acuerdo con la proyección de la nueva ley.
La pensión solidaria demanda un financiamiento de 773,6 millones de bolivianos y este monto se cubrirá con 89,9 millones de bolivianos de los aportes de personas dependientes con ingresos altos; 133,6 millones de personas naturales con ingresos altos no dependientes y 141,4 millones provenientes del 20 por ciento de la recaudación de los recursos para riesgo profesional y el aporte patronal del 4,2 por ciento de los sectores público y privado.
La pensión solidaria tiene el objetivo de que los trabajadores se jubilen al menos con una renta equivalente a un salario mínimo nacional. La iniciativa revalida la intención gubernamental de impulsar un sistema mixto de pensiones con cuotas individuales, pero también un régimen no contributivo (Renta Dignidad) y semicontributivo (aportes individuales, del Estado y del sistema en favor de los trabajadores con bajos ingresos).
Datos
La actual Ley de Pensiones fue aprobada en el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 1996.
Esta norma dejó atrás el sistema de reparto e implementó una administración privada y aportes individuales.
Se licitó la contratación de Administradoras de Fondos de Pensiones con rigurosos requisitos.
El Estado continúa solventado las rentas de los jubilados del viejo sistema con un costo de $us 400 millones.
Las AFP están en manos del grupo Zurich de Seguros y Previsión Banco Bilbao Vizcaya, de España.
La primera versión de la nueva Ley de Pensiones fue aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados.