En el último año se han registrado “marchas” y “contramarchas”. La investigación establece que los bolivianos sin distinción de edad ni clase social participan de manifestaciones callejeras. Contrariamente al sentido común, la mayoría de las protestas en el país son a favor del Ejecutivo.
Estudio: la protesta callejera se "institucionalizó" en Bolivia – Foto | Los Tiempos Los Tiempos
Los Tiempos. (Cartagena T. Jenny). La protesta o marcha callejera se ha convertido en el país no sólo en el mecanismo de presión social más efectivo para conseguir respuestas a alguna demanda, sino que por la alta participación y la frecuencia con que se realizaron en los últimos años, prácticamente se ha “institucionalizado”, es vista como algo normal e incluso la mayoría han estado alentadas desde el mismo Gobierno y en el último año se han registrado “marchas y contramarchas”.
Contrariamente a lo que dice el sentido común, 4 de cada 10 bolivianos que participó de una movilización lo ha hecho para respaldar al Gobierno, según el estudio “La marcha nuestra de cada día: normalización de la protesta en Bolivia”, realizado por Daniel Moreno Morales, con el financiamiento del Observatorio de la Cultura Política en Bolivia.
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La investigación, que se buscó establecer a través de entrevistas ¿por qué los bolivianos participan tanto de las protestas y marchas callejeras?, según Moreno le permitió llegar a dos importantes conclusiones. Una, que los bolivianos participan indistintamente de su edad, sexo, nivel socioeconómico, pertenencia étnica y otros indicadores, de las movilizaciones y que éstas no son exclusivas de los sectores populares o que responden a una determinada tendencia ideológica como se piensa.
Contrariamente, es un mecanismo común que se ha convertido “en un elemento normal de la cultura política” en el país. Es una forma general de participación en la política y no el mecanismo extremo de presión o último recurso, como habitualmente se lo concebía.
“Encontramos que no hay diferencias que tengan que ver con clases sociales, área de residencia, educación ni otros criterios socioeconómicos ni de identidad étnica en la participación de las movilizaciones en el país. Indistintamente participan todos casi por igual en las protestas”, explicó Moreno.
Un segundo hallazgo importante del estudio tiene que ver con el móvil o la dirección del conflicto a favor o en contra del Gobierno. “Resulta interesante que alrededor de 40 por ciento de quienes participaron en una protesta fue a favor del Gobierno, lo que desafía el sentido común, porque demuestra que hay un gran número de protestas y manifestaciones en el país que tienen una orientación favorable o de apoyo al Gobierno y que no necesariamente son para demandar algo del Gobierno”.
A favor y en contra
Respecto a este punto, explicó Moreno que se estableció una importante diferencia entre regiones del país y sectores sociales, étnicos y el nivel socioeconómico de los entrevistados. “Se ha visto que las personas que se identifican como indígenas y con menor nivel socioeconómico son quienes participaron más en las protestas a favor del Gobierno, a diferencia de las personas que se identifican como mestizas o tienen mejores condiciones socioeconómicas que se movilizaron en contra del Gobierno”, explicó.
“Todos participamos por igual en marchas y manifestaciones, pero no todos participan en las mismas protestas y manifestaciones. Sino el sentido de la protesta varía, éstas están marcadas por las características de las personas y su nivel socioeconómico”, puntualizó Moreno, al precisar que la consulta se refirió a la participación en las marchas el 2008, razón por la cual, por el momento político que vivió el país en ese entonces y el Gobierno fue el principal alentador de las manifestaciones colectivas y callejeras de protesta, tal vez arrojó esos resultados.
Moreno aclaró que tal vez si se hiciese esta misma pregunta sobre el 2009, existirían variaciones porque durante el pasado año el escenario electoral se apoderó completamente del mundo político y todos los actores sociales y políticos se concentraron en las elecciones del 6 de diciembre pasado y las diferencias políticas no se los resolvió en las calles, sino en las urnas.
Ahora es posible, haciendo una proyección sobre la base de datos de los conflictos y la tendencia de éstos, registrados en el país de los últimos años (elaborados por diferentes entidades), que el nivel de conflictividad y cantidad de protestas y manifestaciones callejeras este año vuelva a subir, tras esta tregua electoral que se ha registrado y una vez que se defina el control político de los gobiernos departamentales y de los municipios en las elecciones del 4 de abril del presente año.
La marcha es útil para todo
La protesta callejera en Bolivia sirve “un poco para todo”, desde conseguir atención de una empresa de servicio básico para un barrio o comunidad, hasta cosas inminente políticas, es otra conclusión importante a la que llega el estudio realizado por Daniel Moreno sobre la protesta en Bolivia, como parte del proyecto conjunto entre Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública y LAPOP (Proyecto de opinión pública de América Latina de la Universidad de Vanderbilt).
Según Moreno, esta multiplicidad de usos es consecuencia de la normalización de la protesta y la presencia permanente de la protesta en distintos sectores sociales. “Es muy difícil decir cuál el fin más importante que se busca con la protesta, depende de las necesidades ciudadanas, incluso cuando los fines no son legales, pero por la participación pasan a ser legítimos. Hay grupos que reivindican el ejercicio de una práctica ilegal, ejemplo de los vendedores de ropa usada que presionan a través de marchas un objetivo que no tiene que ver con algo que no es legal”, sostiene.
Agrega que la idea romántica de la protesta como la lucha de los oprimidos, excluidos, deja de tener sustento con los datos obtenidos, pues responden a determinados intereses de personas o sectores en la mayoría de los casos.
Se recurre a la protesta no por la “capacidad efectiva del Estado a resolver las demandas o problemas, sino por la capacidad reactiva que logra la medida. El Estado reacciona a la protestas resolviendo los problemas y atendiendo las demandas del sector movilizado. Si el Estado no pudiera resolver los problemas, si no tuviera esa capacidad, la gente no se molestaría en movilizarse”, sostiene Moreno.