El presidente Evo Morales vulneraría la Constitución Política del Estado de designar mediante una “ley corta”, a las autoridades del Órgano Judicial.
LA POSESIÓN CONGRESAL • El 22 de enero instalarán sesiones los nuevos asambleístas, que tendrán un plazo de 180 días para redactar y aprobar la ley del Órgano Judicial.
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Juristas advierten que el presidente Evo Morales vulneraría la Constitución Política del Estado de concretar su anuncio de designar, mediante una “ley corta”, a las autoridades del Órgano Judicial. El Gobierno defendió la propuesta presidencial bajo el argumento de que lo que no está prohibido está permitido.
El constitucionalista Carlos Alarcón recordó que la propia Constitución establece, en sus disposiciones transitorias, los plazos y mecanismos que pondrán en marcha el sistema judicial que, entre otros aspectos, se caracterizará por la elección por voto de las autoridades de lo que se llamará Órgano Judicial.
“Con el principio de que lo que no está prohibido, está permitido, se llega a un autoritarismo absurdo; entonces, para qué se ha escrito un texto constitucional si, con ese concepto puede hacer lo que le da la gana la autoridad pública”, cuestionó el constitucionalista.
Morales, en una entrevista con La Razón, habló de la posibilidad de una ley corta para resolver la crisis judicial. “Estoy pensando, puedo estar equivocado, que una ley, una ley corta como decimos, se apruebe para que se designe o designemos de manera conjunta (Ejecutivo y Legislativo) mientras vamos a la elección de los magistrados correspondientes”.
La Constitución otorga a la Asamblea, a partir de su constitución (el 22 de enero) 180 días para la aprobación de la Ley del Órgano Judicial. Una vez que se cuente con la ley, la Asamblea deberá convocar y calificar a los candidatos y aprobar la lista de los que irán a la elección. Se habló de un plazo de al menos ocho meses.
El Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura actuales están paralizados, mientras que la Corte Suprema de Justicia está sin el quórum reglamentario, por lo que se advierte que no podrá trabajar en aspectos como juicios de responsabilidades.
El viceministro de Justicia, Nelson Cox, informó que trabajan en la propuesta anunciada por el Mandatario y que no es inconstitucional.
“Hay cosas que la Constitución no prevé (leyes cortas o de transición), pero tampoco las limita. Lo que la Constitución no prohíbe, está permitido, es una regla de derecho”, justificó.
Para el ex miembro del control constitucional, José Antonio Rivera, el Ejecutivo tiene el suficiente poder para evitar violar la Constitución que impulsó y conseguir se elija a las autoridades judiciales a través del voto.
“Según la Constitución, las autoridades de las altas cortes del Órgano Judicial deben ser elegidas por voto popular. Una ley corta de designación temporal quebrantaría la Constitución Política”, cuestionó el jurista.
El electo diputado por el MAS Héctor Arce por su parte también defendió la iniciativa presidencial. “Son mecanismos legales que permiten figuras legales de transición”, manifestó el también jurista.
Alarcón, en cambio insistió en que esto representa un riesgo para la democracia. “Sería un antecedente nefasto y peligrosísimo, porque se lo podría aplicar no sólo para las designaciones, sino para cualquier otra política pública que imprescindiblemente requiera de leyes”.
El Gobierno tiene diseñado un anteproyecto de Ley del Órgano Judicial que está en debate.
Datos
Oposición • El senador de PPB-CN Roger Pinto se sumó a las críticas de los constitucionalistas y aseguró que dar paso a la iniciativa de Morales representa violar la Carta Magna.
Trabajo • El Gobierno tiene diseñado un anteproyecto de ley del Órgano Judicial, que entre otros aspectos prevé la revocatoria de mandato de la máxima instancia judicial del país.
Posesión • El 22 de enero asumen funciones los asambleístas electos el 6 de diciembre.
Puntos de vista
“No hay quién haga oposición”
CARLOS CORDERO. Analista político.
“Todo esto justifica el porqué el Gobierno sostiene que estamos viviendo un tiempo de transición y, en ese tiempo es necesario también tomar medidas de carácter transitorio; esa es la gran justificación del Gobierno. Pero, desde un punto de vista doctrinario, conservador tradicional, se puede argumentar que se debería esperar a que se instale la Asamblea Legislativa, pero la voluntad política ahora está en manos del Gobierno y no hay quién realmente haga una oposición, por lo tanto, las cosas van a ir en sentido de lo que el Gobierno propone y sugiere, porque su fuerza e intencionalidad política es muy vigorosa. Es lo mismo que hizo con el régimen electoral (definición); esto significa que hay una necesidad, en este momento, de transición”.
“Es una total aberración jurídica”
ROGER PINTO. Abogado y senador electo de Pando por el PPB-CN.
“La verdad no sé qué es lo que quieren hacer, porque si fuera un decreto entendería de lo que se trata, pero está bien claro que las leyes no son transitorias y la designación de las autoridades judiciales, por ejemplo, de los magistrados, está establecida dentro de la Constitución Política del Estado. En ese marco, lo que el Gobierno debería hacer es acelerar el proceso de la instalación de la Asamblea Legislativa. Ahora, si se designa de manera interina a estas autoridades, lo que este Gobierno estaría haciendo es violar la propia Constitución, y esto sería una total aberración jurídica, a la que cualquier persona podría impugnar; así que de ninguna manera puede hacerse”.