Auditoría: El ex senador oficialista y aspirante a la Gobernación de La Paz debe rendir cuentas por el manejo de 8,1 millones de bolivianos entre 2000 y 2004.
Denunciantes: Nemesio Aduviri (centro) y dirigentes de La Asunta denuncian ayer malos manejos de Lino Villca
La Prensa
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Un informe de auditoría establece que el ex senador masista y aspirante a la Gobernación de La Paz Lino Villca debe prestar descargos por 8,1 millones de bolivianos ante la Alcaldía de La Asunta, del departamento de La Paz.
Villca, quien fue alcalde de ese municipio entre 2003 y 2004, se negó a responder a la acusación presentada el miércoles por Nemesio Aduviri, secretario ejecutivo de la Central Sindical del cantón Villa Barrientos de La Asunta, y otros dirigentes de este organismo agrario.
Villca respondió que “no se prestará al juego de desprestigio político”, del que se declaró víctima.
Reynaldo Calcina, ex alcalde de La Asunta, contrató en 2008, por instrucciones de la Contraloría, a la empresa independiente de auditoría Juárez y Asociados, que revisó los estados contables de esa comuna entre 2000 y 2004, cuyo reporte final da cuenta de que nueve ex autoridades deben descargar el manejo de 17,8 millones de bolivianos.
En el reporte correspondiente, el auditor asegura que los días 31 de julio, 3 y 10 de agosto de 2008, en un medio escrito, se invitó a estas personas a rendir cuentas del manejo económico.
Calcina, quien renunció el lunes para habilitarse como candidato a la reelección por el Movimiento Al Socialismo (MAS), envió ese documento a la Contraloría, pero el organismo fiscalizador todavía no hizo conocer sus conclusiones sobre el examen al reporte.
El aludido dijo que no dirá nada en contra de las acusaciones.
Para destacar
En julio de 2008, el municipio de La Asunta pidió a Lino Villca que devuelva documentos contables.
En caso de no tenerlos, se le pidió que remita el acta bajo la que entregó el legajo correspondiente.
Esa nota, según los dirigentes campesinos de La Asunta, nunca fue respondida por el ex parlamentario.
Las entidades públicas deben remitir a la Contraloría copias de los contratos que firman sus autoridades.
El órgano fiscalizador no cuenta con estos legajos, según un reporte oficial de esa entidad.
El informe dice que se emitieron cheques sin respaldo por 17,8 millones de bolivianos entre 2000 y 2004.